Good economics always trumps bad economics: la buena economía siempre se impone a la mala. La decisión de la Corte Suprema de EE. UU. sobre los aranceles “recíprocos” parecía, en teoría, un regreso al orden basado en reglas y una dosis de certeza en tiempos de incertidumbre. Pero esa certeza es, por naturaleza, parcial: en el mundo real la certidumbre jurídica no garantiza previsibilidad económica. El Ejecutivo sustituyó con rapidez el mecanismo invalidado por otra medida, de modo que el mensaje para el mercado no fue “la incertidumbre se reduce”, sino “la incertidumbre cambia de forma”. La Corte puede delimitar el “cómo” institucional, pero no puede fijar el “qué” si el sistema político decide operar con cambios frecuentes, anuncios inesperados y sustituciones rápidas de instrumentos.

En tal sentido, todo cambio para que todo siguiera igual: cambia el fundamento legal, pero no cambia la forma de intervención. Tan pronto se conoció la decisión, el Ejecutivo anunció un recargo temporal global (10% por 150 días) bajo la Sección 122 de la Trade Act de 1974, y dejó claro que seguirá explorando otras rutas (232, 301, investigaciones, etc.). Para Guatemala, esta película tiene una lectura incómoda pero útil. Incómoda, porque nuestra economía es pequeña, abierta, concentrada y extremadamente sensible al acceso al mercado estadounidense. Útil, porque, justamente por esa dependencia, no se puede pretender afrontar los problemas de corto plazo y superar los retos de largo plazo sobre la ilusión de que “esta vez sí” habrá estabilidad en la política comercial de EE. UU. El episodio lo demuestra: hoy se cae una arquitectura arancelaria por una razón constitucional; mañana se monta otra por una razón de balanza de pagos; pasado mañana se reabre el expediente por seguridad nacional; o al día siguiente por “prácticas injustas”. Los hechos recientes apuntan en la dirección de que la volatilidad no es un accidente, sino parte del diseño.

En ese contexto, el Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos (30 de enero de 2026) debe leerse como un paquete con dos capas distintas. La capa visible es la arancelaria: reducciones puntuales, listas y anexos. Esa capa queda hoy atrapada en el vaivén legal y político de EE. UU., precisamente porque nació para lidiar con un episodio de aranceles que ahora está reconfigurándose. La capa estructural —la que debería importarnos incluso si no existiera un solo arancel— es la de facilitación del comercio y reducción de barreras no arancelarias: compromisos sobre licencias de importación, reconocimiento de normas y procedimientos de conformidad, disciplina regulatoria; y, sobre todo, una agenda práctica para reducir los costos en la frontera.

Ese es el punto central, aunque a algunos les incomode admitirlo: las reformas de facilitación comercial “impuestas” por EE. UU. mediante el referido acuerdo son, en realidad, reformas que Guatemala debió haber completado hace veinte años, cuando el CAFTA se ratificó. Menos discrecionalidad, más automatización, mejor trazabilidad, menos tiempo y costo por contenedor. Esto le devuelve oxígeno a exportadores e importadores que viven asfixiados por obstáculos regulatorios, portuarios y aduaneros. Es más: este tipo de reformas constituyen un seguro contra el futuro que se viene. Todo apunta a que los gobiernos de las principales economías seguirán usando aranceles como herramienta estratégica, y los cambios frecuentes en esta materia elevan la incertidumbre y golpean más a economías pequeñas y poco diversificadas. Guatemala está en esa categoría.

La moraleja es casi cruel por lo obvia: la certeza que promete un fallo judicial es valiosa, pero insuficiente cuando la política económica depende de otros factores. En un entorno global donde la certidumbre legal puede mejorar sin que la certidumbre económica quede garantizada, la respuesta racional para Guatemala no es apostar a la calma ajena, sino a la solvencia propia. En materia comercial, eso significa terminar, sin excusas, las reformas de facilitación del comercio —aduanas y puertos que funcionen, trámites digitales, gestión de riesgo basada en datos y menos discrecionalidad—; ejecutar infraestructura logística que baje el costo país de manera permanente; y no encarecer artificialmente la creación de nuevos puestos de trabajo. En otras palabras, dejar de administrar la política pública —en especial la económica— con la lógica del “aquí y ahora” y del “el que venga atrás, que arreé”: esa mentalidad que celebra el parche inmediato aunque se hipoteque el mañana. Como advertía Henry Hazlitt, la economía seria no se detiene en el efecto inmediato; proyecta el impacto de largo plazo sobre toda la sociedad. El contraste, entonces, no es político, sino económico: buena economía es la que baja costos y amplía oportunidades de manera sostenida; la mala es la que hipoteca el bienestar a cambio de un impacto instantáneo. La política podrá ser impredecible; los costos no. Por eso, tarde o temprano, “good economics always trumps bad economics.”