La campaña electoral en Guatemala ya comenzó, pero no en el terreno de las ideas. Comenzó en la arena donde históricamente ha operado la captura del Estado: el de los vetos, las sospechas selectivas y la construcción de relatos para excluir. Durante los últimos años, ese control se ejerció desde el sistema de justicia, utilizando al Ministerio Público y manipulando al TSE, para judicializar la política y decidir quién podía participar. Hoy, con la salida de Consuelo Porras y el debilitamiento de esa herramienta, lo que estamos viendo es un intento de trasladar ese control al terreno electoral y mediático.

El caso del partido en formación Raíces es el más visible. Su crecimiento ha sido presentado como irregular por actores políticos —especialmente desde la UNE— que piden revisiones extraordinarias e incluso sugieren impedir su inscripción. Sin embargo, cuando se observan los datos completos, la narrativa se desarma. Raíces ha crecido de forma importante —superando las 20 mil adhesiones en pocos meses, partiendo prácticamente de cero—, pero no es el caso más acelerado. Los datos disponibles muestran que varios comités han tenido incrementos incluso más pronunciados, según un reportaje de ConCriterio. Mientras Raíces ha mostrado un crecimiento significativo en pocos meses, otros casos son aún más llamativos: Nuevas Ideas pasó de alrededor de 2,000 a más de 27,000 afiliaciones, lo que representa un crecimiento superior al 1,200%, y Comunidad Elefante pasó de menos de 600 a más de 14,000, con un crecimiento cercano al 2,400%. Incluso partidos como Somos Dignidad o Nuestra Libertad han duplicado o triplicado sus cifras en el mismo periodo. En ese contexto, la pregunta es inevitable: ¿por qué el cuestionamiento se concentra en Raíces y no en los demás?

La respuesta no es técnica. Es política. Raíces no es visto como un partido más, sino como un posible vehículo de reorganización de un espacio político que fue deliberadamente excluido del proceso anterior. Y aquí aparece un elemento clave que no puede ignorarse: si Bernardo Arévalo ganó la elección pasada, fue precisamente por el rechazo ciudadano a los partidos tradicionales asociados al llamado “pacto de corruptos”. No fue una victoria convencional; fue un voto de castigo contra un sistema político que había perdido legitimidad.

Ese resultado tuvo consecuencias. Durante años, ese sistema operó no solo con control institucional, sino también con acceso a recursos: presupuestos manejados sin mayor fiscalización, contratos cuestionables y dinámicas dentro del Congreso que permitían la reproducción de poder y beneficios, creando una base clientelar en los distritos electorales. Hoy, ese margen se ha reducido. La corrupción no emana desde el gobierno, sino desde las prácticas clientelares y dinero mal habido de algunos diputados y alcaldes. La pérdida de control sobre el Ministerio Público implica también la pérdida de una herramienta clave para proteger esas redes y para disciplinar a quienes quedaban fuera de ellas. Por ello el sistema mafioso se reconfigura: si ya no se puede judicializar la política con la misma eficacia, se intentará vetarla desde el origen. No quieren competir, sino impedir que el competidor exista. No quieren otro triunfo de algún partido que no sea miembro activo del pacto de corruptos.

Ese mismo patrón se reproduce en el ataque reciente al medio eP Investiga y al embajador de Guatemala en México. Los señalamientos difundidos por el medio República no presentan hechos nuevos ni evidencias sólidas de irregularidad. Lo que hacen es algo más conocido: construir una narrativa a partir de hechos aislados, sacados de contexto y conectados de forma sugerente para instalar sospecha. Es exactamente el mismo método que utilizó el Ministerio Público en múltiples casos durante los últimos años: no probar, sino insinuar; no demostrar, sino asociar.

En el caso del embajador, la crítica gira en torno a reuniones con fundaciones y actores internacionales. Pero esto no solo es normal en el ejercicio diplomático, es parte esencial de sus funciones. Un embajador no solo puede reunirse con fundaciones, donantes y actores de cooperación; debe hacerlo. Convertir esas reuniones en sospecha no es un acto de fiscalización, es un intento de criminalización por relato.

Lo preocupante es que este tipo de ataques no son aislados. Forman parte de una estrategia más amplia para debilitar a actores que no están alineados con el sistema tradicional de poder. Y quienes impulsan estos discursos no son ajenos a las prácticas que hoy dicen cuestionar. El caso de Rodrigo Arenas, vinculado al financiamiento electoral de Jimmy Morales, es un recordatorio claro de cómo operaban esas redes: financiamiento opaco, intermediación empresarial y ausencia de controles reales.

Ese antecedente es clave para entender el momento actual. No estamos frente a una defensa de la legalidad, sino frente a un intento de recuperar el control perdido a partir de la próxima semana. Incluso se ha planteado la posibilidad de reformar la ley para permitir que un futuro presidente remueva al fiscal general, una señal clara de que la gobernanza criminal están desplegando todas las amenazas y medidas de ataque, en un intento de retomar el control del Ministerio Público por la vía política y por el amedrentamiento al nuevo Fiscal General.

En este contexto, la discusión sobre Raíces, sobre eP Investiga o sobre un embajador deja de ser una discusión puntual. Se convierte en parte de un proceso más amplio: la reconfiguración de un sistema de captura que, ante la pérdida de una de sus principales herramientas, busca adaptarse y operar por otros medios.

El problema no es que Raíces crezca, ni que un medio investigue, ni que un embajador cumpla su función. El problema es que hay actores que no están dispuestos a competir en un escenario donde ya no controlan las reglas.

Y eso es lo que está en juego. No una inscripción, no una publicación, no una reunión diplomática. Lo que está en juego es si el sistema político guatemalteco puede funcionar como una competencia abierta o si seguirá siendo un espacio donde unos pocos deciden quién puede participar. Este es el reto que enfrentan el TSE y el nuevo MP: dotar de legitimidad y confianza a la ciudadanía que su voto y preferencia será respetado.