La Universidad de San Carlos de Guatemala atraviesa momentos intensos y se coloca nuevamente en el centro de una crisis más, que también azota al país.

Sabemos que esta situación no es nueva, pero cada vez es más grave. Existen personas inescrupulosas aliadas del actual Rector, que han pervertido y mal interpretado la autonomía universitaria para utilizarla como un instrumento que les permita perpetuarse en el poder y así operar desde ésta, otras instituciones del Estado.

El verdadero problema no radica en las fuertes tensiones políticas que existen dentro de la USAC. Eso finalmente podría ser algo natural en cualquier espacio democrático. Aquí el problema es la forma en que dichas tensiones se están gestionando y con qué finalidad.

Cuando la competencia electoral se sustituye por la manipulación de las reglas, recurriendo a las trampas, ya no se está frente a una elección, sino ante una imposición cuidadosamente diseñada.

El conflicto que actualmente se presenta, gira alrededor de los cuerpos electorales de la universidad, mismos que son pieza fundamental para la elección de Rector.

La evidencia apunta a una práctica sumamente preocupante y es la exclusión de varios cuerpos electorales que ya fueron legítimamente designados. La idea, sin duda alguna, es retrasar y evitar esas acreditaciones y permitir únicamente la participación de los cuerpos afines.

En sí, lo que esta mafia pretende, es lograr nuevamente un cuerpo electoral ilegítimo, distorsionado, incompleto y por supuesto, funcional para estas fuerzas corruptas que persiguen un resultado previamente determinado.

Lamentablemente esto ya no es política universitaria y se ha convertido en una absoluta desviación del poder. Se percibe y enfrenta una preocupante realidad, en donde se desvanece la autonomía universitaria, consagrada constitucionalmente para prostituirse y perderse la libertad académica y el autogobierno institucional.

Esa autonomía deja atrás su esencia, cuando se convierte en un escudo para encubrir prácticas sucias y arbitrarias. Aquella no es un cheque en blanco y mucho menos un espacio ausente de legalidad y exenta de los principios democráticos.

La autonomía universitaria es todo lo contrario y exige una mayor responsabilidad, así como el involucramiento de todos los estudiantes, catedráticos, autoridades y por supuesto de la ciudadanía en general.

Es de suma importancia entender que lo que ocurre en la Universidad San Carlos afecta tremendamente el ámbito político y jurídico guatemalteco, pues esta tiene grandes y muy profundas implicaciones dentro de su sistema democrático.

Es innegable la influencia que históricamente ha tenido la USAC en la formación de profesionales, representando por ello, un pilar del pensamiento crítico en Guatemala. Aún así, ésta no es sólo una casa de estudios, sino una institución de gran envergadura e importancia, que participa en los procesos de elección de diversos funcionarios del país. Por lo tanto, capturarla no es un acto menor; es una estrategia de control institucional

A la cooptación y fraude electoral que se pretende nuevamente capturar, se suma un elemento aún más delicado y es, la instrumentalización del entorno.

El cierre del campus central, así como las restricciones físicas y la aparente coordinación indirecta con decisiones externas, crean un escenario que lleva por intención, limitar la protesta, reducir la fiscalización y facilitar la consumación de un proceso totalmente cuestionado.

Todo esto no es casualidad. ¡Es un método! Uno, meticulosamente estudiado que permite su repetición y perfeccionamiento.

Lo anterior ya se vivió en 2022 y a pesar de las denuncias, el fraude se efectuó. Hoy, pareciera ser que la historia se repite y logra incrustarse en el sistema como una práctica imposible de romper.

Ante un escenario tan sombrío la pregunta es: ¿hasta dónde llega la autonomía universitaria? Si realmente se desea rescatarla, la respuesta debiese ser categórica: “Hasta donde comienza la legalidad” Más allá de eso, deja de ser autonomía y se convierte en impunidad.

No es posible permitir que esta Universidad se pierda y se convierta en un espacio en donde se simulan procesos democráticos para legitimar decisiones previamente tomadas. Si esto llegase a ocurrir, no sólo se pierde su credibilidad institucional, sino su esencia histórica y por consiguiente se pone en riesgo la democracia y justicia del país.

Debe recordarse que una universidad capturada no forma ciudadanos libres. Forma silencios y estos, en un país como Guatemala, nunca representarán el progreso y la libertad.