La palabra «constitucional» debería pesar. Nos debería de pesar. Debería ser una especie de ancla —o, al menos, una promesa— en medio de este oleaje institucional que ya no sorprende a nadie. Pero en Guatemala, la Corte de Constitucionalidad —la «Sesé», para quienes todavía nos permitimos jugar con el lenguaje cuando la realidad se vuelve demasiado seria— parece haber encontrado otra vocación: la de intervenir justo cuando el tablero parecía, por fin, acomodarse.

Lo ocurrido esta semana no es menor. La CC decidió anular —en la práctica— la nómina de candidatos a Fiscal General y obligar a rehacer el proceso. No es una interpretación, es un hecho delictivo: se ordenó revisar las calificaciones y devolver el listado, congelando así una decisión que ya estaba en manos del Ejecutivo. Todo esto bajo un argumento técnico —la forma en que se contabiliza la experiencia profesional de jueces— que, siendo jurídicamente defendible, resulta políticamente conveniente. Demasiado conveniente, creería yo.

Veníamos de un proceso en el que Consuelo Porras había quedado fuera de la lista final tras varias rondas de votación adversas. Un hecho que muchos leyeron —quizá con optimismo prematuro— como un pequeño respiro institucional. Yo celebré, no mentiré. Un gesto, si se quiere, de que algo podía empezar a moverse en dirección contraria a la inercia de los últimos años.

Y entonces interviene la «Sesé».

No es la primera vez, claro. Esta Corte —y la que la antecedió— ha operado durante años como algo más que un árbitro constitucional. Ha sido actor. Y no cualquier actor: uno que entra tarde, cuando el guion ya está avanzado, y reescribe escenas enteras con una naturalidad que asusta. La reciente integración de la magistratura, con nombres como Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa —cuestionados por distintos sectores— ya anticipaba una dinámica donde lo jurídico y lo político volverían a confundirse

Barreto, Ochoa y compañía —y sí, también la magistrada designada por la USAC cuyo nombre no me aprendo, ni me molesta hacerlo— decidieron desconocer, en los hechos, una decisión colegiada de la comisión de postulación. No son legítimos, dicen quienes legitiman ilegalidades. La frase suena dura, pero describe con precisión esa paradoja guatemalteca donde la legalidad se invoca selectivamente: como escudo, como arma, como excusa.

El problema no es —o no es solo— jurídico. Es sistémico. Cuando un tribunal constitucional interviene de esta forma en un proceso político clave, el mensaje es claro: ninguna decisión es definitiva hasta que la Corte diga lo contrario. Y eso, lejos de fortalecer el Estado de derecho, lo convierte en un campo de incertidumbre permanente. Una especie de limbo institucional donde todo puede ser revisado, corregido o simplemente revertido.

Algunos dirán que la Corte «solo cumple la ley». Y quizá, en el plano estrictamente normativo, tengan razón. Pero la política no funciona en abstracto. Funciona en contextos, en tiempos, en correlaciones de fuerza. Y en ese terreno, la resolución de la CC no es neutra: reabre un proceso que ya había cerrado —mal o bien— y devuelve al tablero actores que parecían fuera de juego.

La Sesé se sale con las suyas. Otra vez.

Y uno se queda con la sensación incómoda de que en Guatemala no elegimos fiscales, ni magistrados, ni siquiera reglas. Elegimos —si acaso— episodios dentro de un proceso mucho más largo donde las decisiones importantes siempre pueden ser deshechas en el último momento.