Decisiones como nombrar a embajadores que no tienen el perfil para ni siquiera optar al cargo, pero cuyas designaciones se hacen como premios de consolación, como se anunció recientemente en el caso del exsuperintendente de la SAT o como se especula (al momento de elaborar esta columna) con el exresponsable de la Secretaría de Inteligencia Estratégica, son dos ejemplos de crasos errores. De esa forma se repiten las pautas de otras administraciones, al realizar cuestionables designaciones, que dañan la reputación del gobierno y de su principal responsable, el presidente de la República, así como la reputación del Estado de Guatemala al colocar como diplomáticos a personas que poco o nada saben al respecto.

Si se tratara del perfil de los últimos tres gobiernos, ese tipo de decisiones responderían a la lógica dominante. Claro que no se justifican, pero responderían a las prácticas esperadas de gobiernos donde la impunidad, el tráfico de influencias, el uso de las instituciones y la totalidad de los recursos públicos para fines pervertidos, así como la designación de personas para ocupar cargos públicos de importancia sin llenar el perfil necesario era el común denominador.

En un gobierno con el perfil planteado durante la campaña electoral de 2023, y que generó aún mayores aspiraciones en los ciudadanos durante la transición compleja antes de la toma de posesión, decisiones como las indicadas son totalmente contradictorias. Distan sobremanera entre lo prometido y lo concreto.

Sabemos que mantener la coherencia entre las propuestas electorales (el deber ser) y la realidad, son proclives a cierto distanciamiento. Nuestra historia política reciente precisa la innumerable cantidad de ejemplos en donde la distancia ha sido abismal. Por tanto, se espera que esas muestras de pasado queden precisamente en ese nivel y no vuelvan a practicarse. No solo basta decir que se es bueno o que se quieren hacer las cosas de maneras diferentes; la clave está en demostrarlo. En política lo esencial son los hechos, no las intenciones.

Este mismo patrón de profundas contradicciones se mantiene, por ejemplo, en la permanencia en diversas esferas de la administración pública de personas que siguen siendo leales, cercanas e incluso cómplices a actores resonantes de las últimas tres administraciones. ¿Por qué no se les saca de esos puestos y se les sustituye por personas capaces? Aunque puede haber varias razones, una de peso en la actualidad es miedo o temor a represalias revestidas de jurídicas o que afecten la integridad de los responsables de la decisión. En ambos casos el uso del poder de está haciendo mal. En el primero, para respaldar decisiones equivocadas y en el segundo, por su ausencia.

Mantener la línea de la coherencia y de la consistencia son materias complejas, precisamente porque esa demarcación es sumamente delgada, constantemente puesta en riesgo, susceptible de presiones 24/7. Todo eso ya se sabe de antemano, incluso es la lección de todo aquel que se lanza a la carrera política o pretenda hacerlo. Así que no representa sorpresa alguna la cantidad de factores erosivos a lo                 que la actual administración ha estado expuesta. En tal sentido, nada justifica las “metidas de pata”, menos cuando los aciertos son pocos y dispersos.