Conciudadanos, desde ahora tenemos una enorme responsabilidad que asumir, y por ello resulta imperioso comenzar a tomar conciencia de lo que puede llegar a ser esa observancia y veeduría de todos aquellos guatemaltecos que estamos cansados y hasta hartos de esa corrupción, debiendo tomar acciones claras y muy concretas para que en los próximos procesos eleccionarios del venidero año, no nos suceda lo mismo, evitando quedar encerrados en la premisa siguiente: Magistrados y Fiscal General- dignidad o cooptación

Es decir, Guatemala vivirá períodos de elecciones muy importantes, que podrán no sólo definir, sino también transformar el rumbo de ésta y su estabilidad en todos sus ámbitos, especialmente en la impartición de la justicia y la democracia.

Por tal razón, considero muy importante, tocar con mucha insistencia este tema y a través de la pluma y cuanta herramienta de comunicación que esté a nuestro alcance, se pueda dialogar y poner sobre la mesa este tema trascendental.

La ciudadanía debe hoy entender su posición como tal y evitar quedar afuera en tan importantes decisiones, enterándose y aprendiendo cómo se eligen y nombran a estos funcionarios de las más altas Cortes, así como del Ministerio Público y también entender sobre qué es y cómo funciona el derecho a la fiscalización y la cuentadancia, procurando la transparencia absoluta en el desarrollo de dichos procesos de elecciones.

El año que entra se decidirá quiénes ejercerán esos cargos tan importantes en esas instituciones del país.

Se elegirán y se podrán renovar magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de la Corte de Constitucionalidad (CC), así como de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). También se designará nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).

En esta ocasión me enfocaré en estos cuatro procesos eleccionarios, mismos que son muy relevantes y de gran envergadura, los cuales gozan de criterios distintos y diversas formalidades, pero todos comparten un mismo trasfondo: ser una oportunidad histórica para rescatar instituciones clave que han sido debilitados por la cooptación, la corrupción y los intereses particulares.

La experiencia reciente nos recuerda que no basta con cumplir formalidades. En elecciones pasadas, se ha evidenciado cómo se manipulan comisiones de postulación, ejerciéndose presiones indebidas, judicializándose dichos nombramientos y con todo ello privilegiando candidatos afines a grupos que representan un poder nefasto y que sólo procuran por la impunidad, para la realización de contratos oscuros, lesivos al Estado y que sólo benefician sus intereses.

Ese camino ya lo conocemos, y sus consecuencias están a la vista: instituciones sin independencia, justicia parcializada, inversiones y compras por montos exorbitantes, que sólo han servido para enriquecer los bolsillos de un grupo determinado, provocando finalmente malas y anómalas inversiones, quedando como resultado, un Estado capturado.

El artículo 113 de la Constitución Política de la República es claro, ya que hace referencia a los cargos públicos, mismos que deben ser ejercidos por quienes reúnan capacidad, idoneidad y honradez. No hay espacio para interpretaciones torcidas ni para negociaciones oscuras.

Sin embargo, esos principios sólo cobrarán fuerza si la ciudadanía los exige con firmeza y se mantiene vigilante de cada etapa del proceso.

El riesgo es real: no podemos dejar que los mismos actores de siempre impongan a personas no idóneas, comprometiendo una vez más el sistema democrático.

Por ello, las comisiones de postulación deben actuar con total transparencia, bajo lineamientos de probidad y con deliberaciones públicas y abiertas al escrutinio. Su labor debe estar a la altura de la responsabilidad que tienen ante el país.

Pero ojo, la sociedad no puede permanecer indiferente y, por lo tanto, en esta ocasión se necesita de una participación muchísimo más activa en donde queden representadas organizaciones ciudadanas, academia, juventud, medios de comunicación y comunidad internacional. Esta vez, no podemos fallar, ni fallarle a Guatemala.

Las fuerzas oscuras están perdiendo fuerza y por lo tanto, su deseo de seguir la captura y cooptación del Estado será algo que no fácilmente dejarán atrás.

Es por esta razón, que la observación y la veeduría son herramientas indispensables que asegurarán que la elección de magistrados y fiscal general no quede atrapada en arreglos políticos de espaldas al pueblo.

Por todas estas y muchas más razones, le insto a usted lector, a sumarse a esta fiscalización ciudadana, en sus múltiples formas que existen y que sí se encuentran a su disposición, para que tanto la información que se envíe o se reciba, sea confiable y de fuentes sanas y certeras, apoyando a personas que puedan ser candidatos probos para ocupar estos puestos y cumplan así, con ser funcionarios que respondan al país, no a intereses particulares.

Necesitamos magistrados y fiscales comprometidos con la justicia y la democracia, con la verdad y con el respeto al Estado de Derecho.

El 2026 debe marcar un punto de inflexión: ya no se trata sólo de elegir, sino de garantizar que quienes asuman estos cargos lo hagan con la capacidad, la idoneidad y la honradez que demanda la Constitución.

Es el momento de la vigilancia ciudadana, pues de lo contrario, corremos el riesgo de repetir la misma historia de corrupción e impunidad que tanto daño ha hecho a Guatemala.

Recuérdelo, estimado lector, usted cuenta, usted suma, usted sí puede evitar que tengamos más funcionarios a la medida de la corrupción.