El decreto 7-2025, recientemente aprobado en el Congreso de “urgencia nacional” tiene varios propósitos, unos evidentes y otros escondidos. Es la expresión concreta del manifiesto y enraizado propósito de hacer añicos los recursos públicos alojados en los Consejos Departamentales de Desarrollo. Se reitera, así, la pretensión de considerar esos espacios como bolsones de opacidad (en el mejor de los casos), donde la falsa “flexibilidad” es la nueva forma de disfrazar la ausencia de controles (traslado automático de los recursos no ejecutados de un año al siguiente). Se juega así con dos herramientas utilizadas por la actual administración: fondear los Codedes y promover la agilización de la ejecución presupuestaria; aunque con objetivos distintos a los planteados originalmente por el gobierno.

Adicionalmente, el decreto es un desafío a la administración de turno. Lograr 107 votos no es cosa fácil; lo cual indica que los diputados, cuando se les toca fibras de especial interés y sensibilidad, sí logran acuerdos. Que más incentivos que contar con recursos frescos para los siguientes dos años y sin controles. La oposición, al adelantarse al propósito del gobierno central (presupuesto 2026) y jugando con las mismas cartas impulsadas por éste, pretende tomar la sartén por el mango, inviabilizar la aprobación de presupuesto, colocarlo contra las cuerdas y marcar la cancha para los próximos capítulos (lo que está en juego en los siguientes meses).

Las expresiones de oposición a lo aprobado no se han hecho esperar; provienen de diversas líneas de pensamiento. El llamado al veto es unánime. Ahora corresponde al presidente Arévalo que asuma dicha responsabilidad, sabido de los apoyos a la decisión esperada. Pero ese paso no cierra el capítulo. Aunque se dé el veto, el Congreso lo puede rechazar; lo cual daría paso a que el Ejecutivo sancione y promulgue la ley, muy a su pesar y como indicador que ha perdido el pulso. Pero para ello, la oposición debería lograr, nuevamente, el mismo caudal de votos obtenidos para la aprobación de la iniciativa, asunto que podría tornarse complejo; ahora que ha quedado al desnudo quiénes fueron los impulsores de semejante acción y quiénes se sumaron con facilidad.

El Ejecutivo debe asumir un mayor juego político. Sus operadores en el Congreso tienen menuda tarea: desarmar, al menos, una parte de la alianza táctica establecida, para evitar que en la segunda votación (en caso del veto), se alcance la misma cantidad de votos. Pero también corresponde a las expresiones de mayor posicionamiento público hacer su tarea, lo cual implica más que comunicados públicos. Sus capacidades de incidencia real están en juego.

Un actor clave son los electores. Es evidente que uno de los sectores “más beneficiados” con lo aprobado en el decreto, son los diputados distritales; quienes conformaron el grueso de los votantes. Entonces, queda en los representados cobrar la factura por la acción de desprecio colectiva; esto es, darles la espalda, rechazar la acción ilegal e inmoral cometida, colocar a sus supuestos representantes en la picota (exponerlos públicamente y pedirles cuentas).

No olvidemos que el pulso iniciado con el decreto es un indicador de lo que está por verse, no solo en el marco de la discusión del proyecto de presupuesto 2026 o para la conformación de la junta directiva del Congreso; sino también para las correlaciones que determinarán los procesos de elección del próximo año.