Se quiso dar un sacudón de arranque al proceso electoral 2027, pero tal parece que el tiro salió por la culata. El “descubrimiento” de la relación entre crimen organizado y política, no es para nada nuevo. Desde la apertura generada en el gobierno FRG (especialmente por la corriente portillista), el repunte durante el gobierno UNE (recordemos el asesinato en 2010 del exdirector de FONAPAZ, Obdulio Solórzano) y las alianzas establecidas por los gobiernos de Morales y Giammattei con varias expresiones del crimen organizado; ambos apoyadas por representantes del capital económico tradicional. Así que ahora se quiere descubrir el agua azucarada. 

Las recientes publicaciones, son, en realidad, un intento de enfrentamiento entre dos expresiones del capital político y económico, interesados en aprovechar el clima electoral, uno para no debilitarse más y otro para aumentar su peso. En el caso del capital tradicional, parten del supuesto que no quieren perder el control del timón, considerando el narcotráfico como su principal amenaza. Quizás no se han dado cuenta que ese riesgo fue sobrepasado hace rato. El control de la estafeta del poder político hace tiempo que les fue arrebatado. Quienes partían el pastel, ahora solo disponen de migajas. Su capital político sucumbió, aunque aún no se hayan dado cuenta. Mientras tanto, los actores emergentes se han apoderado de porciones mayores de poder político, económico, así como de las narrativas electorales. 

La acusación simplona de meter a estos actores en el mismo bolsón, “están involucrados en el narcotráfico y por tanto son inelegibles” puede caerse con facilidad por realismo político. Estos actores se han posicionado; no están focalizados en uno, dos o tres partidos, como antes lo fue la UCN; es un fenómeno ampliado que abarca todo el sistema de partidos políticos. 

El intento de defenestrar a algunos posibles candidatos es una táctica para situar (sin mencionarlos específicamente) a ciertos “personajes” como portadores de la bandera de “buenos y decentes”. Es un artilugio que podría tener efecto contrario y subir los bonos de quienes hoy se señala. Se agrega el intento de victimización (supuestas amenazas por lo publicado) que recuerda lo sucedido con R. Rosenberg en 2009.  

Un propósito no menos importante es el posicionamiento que se pretende ante el gobierno estadounidense. Quedar bien, granjearse su respaldo, posicionar a futuros candidatos “no manchados”, reducir la competencia electoral a los de la foto, descalificar y sacar de la jugada a impresentables, son los propósitos de este capítulo que inaugura las tensiones electorales. Tal parece que el lobby de los últimos meses, que logró la imposición de un magistrado en la CC, ahora va por más. La audiencia lograda hasta la fecha puede cambiar en los próximos meses. La política es una de las arenas más inestables. 

La narcopolítica es una realidad. Es un fenómeno complejo, denso, proclive a la ampliación por la vía de la validación electoral. Quitarlo de encima no es asunto menor, pero tampoco ámbito donde uno o varios seudoreportajes sean suficientes para doblar la máquina. Cuatro actores son claves para lograr resultados reales y sostenibles, el Ministerio Público, Organismo Judicial, Ministerio de Gobernación y el Tribunal Supremo Electoral. Si estos están desalineados y dependientes de agendas diferentes, el fenómeno criminal continuará su evolución. Dos de los actores parecen ir en la línea necesaria, pero los otros dos están en el lado contrario. 

Este escenario no se modificará en el corto plazo. La presión de los actores interesados en transformar esta agenda debe centrarse en transformar la actuación de los dos actores hoy disonantes.