Iniciando el penúltimo mes del año y recordando en el primer día de este, a nuestros seres queridos que han pasado de la vida terrenal a la del más allá, duele su muerte, más no la de esa polémica situación que sigue poniendo a prueba los cimientos del Estado de Derecho guatemalteco.

Sufriendo los embates de la desestabilización que sigue su curso: un Congreso de la República vulnerado, más procesos de antejuicios para el presidente de la República, jueces desobedientes, un Ministerio Público que no investiga casos de corrupción, sino que se los inventa, una sociedad polarizada y una clara sensación de zozobra y poca claridad en el acontecer nacional, entre otros.

Así pues, damos inicio al mes de noviembre, percatándonos de la poca estabilidad judicial que sigue haciendo tambalear la débil democracia en Guatemala.

El nombre del juez Orellana no se encuentra ajeno a este panorama, ubicándose dentro de aquellos que definitivamente no dejan huella positiva dentro del sistema de justicia.

Todo lo contrario, su nombre se asocia a un actor material de las acciones más ruines y obstaculizadoras de la justicia y el bienestar social, a través de sus espurias resoluciones judiciales, que responden a esos autores intelectuales que desean mantener el establishment de impunidad y de terror.

Es claro y evidente, cómo su actuar genera una afrenta a la estabilidad democrática del país, constituyéndose sus acciones y resoluciones en faltas graves y gravísimas – consideradas así – dentro del sistema administrativo de justicia y la carrera judicial.

Este asunto no se circunscribe a un debate entre quienes desean hacer valer la ley y defender la democracia y entre aquellos que desean desobedecerla y minar a esta última. Esto va más allá de las personas, del aparato judicial, de nuestras leyes, las elecciones del 2023 y los partidos políticos involucrados. Esto representa un punto crítico de inflexión entre la estocada final a la democracia o el avance y consolidación definitiva del Estado de Derecho guatemalteco.

Si a este país aún le quedan ciudadanos, funcionarios del aparato judicial y magistrados de las altas Cortes, honorables, decentes, comprometidos con la justicia, dotados del entendimiento verdadero del ejercicio de la judicatura, la clara libertad judicial, la sana crítica y las limitaciones a su competencia, hoy están llamados a actuar, a poner orden y a sentar un precedente.

¡Es en estos momentos cuando la ley debe aplicarse y defenderse!

El pasado 25 de octubre, los abogados colegas Edgar Ortiz y Gregorio Saavedra presentaron ante la Corte de Constitucionalidad -CC- una acción de asistencia para la debida ejecutoria de la sentencia emitida por esta misma Corte en diciembre de 2023 (sentencia 6175-2023) en la cual se garantizaba la toma de posesión de las autoridades electas.

La CC resolvió que debe respetarse lo resuelto y que en ningún momento puede sobrepasarse la competencia de este juez, señalando su clara extralimitación a la misma, al haber dictado una resolución que pretendía anular al partido político Semilla, mismo que encima de todo ya se encuentra cancelado, actuando aquél con clara desobediencia a esa máxima Corte, lo que agrava aún más el cuadro.

En esta resolución la CC llama la atención al Juez Orellana y le advierte de no seguir emitiendo resoluciones en tal sentido.

Sin embargo, dicha Corte pudo llegar a más y haber resuelto la destitución inmediata de éste.

Lastimosamente no lo hizo, pero esa ciudadanía que entiende lo que está sucediendo y que ya no desea más corrupción, pide existan y se apliquen las sanciones que en ley corresponden a las conductas de este juez, mismas que son constitutivas de delitos y no simples llamadas de atención. 

Si esto no lo hizo la Corte de Constitucionalidad, ojalá la Junta Disciplinaria Judicial conozca más a fondo estos hechos y sancione las fallas y faltas cometidas por Orellana, al cual aparentemente la toga le queda muy grande y a quien hay que ponerle un alto, para evitar más infracciones a la ley y delitos desde la judicatura, a través de resoluciones que sólo sirven de instrumento para el abuso y la desestabilización.

Como se ha dicho hasta el cansancio, emitir dichas resoluciones es extralimitarse en sus funciones y cometer el delito de prevaricato.

Por lo tanto, esto no es materia de discusión ni de absurdas interpretaciones leguleyas.

¡Esto ley y punto!

Por lo tanto las actuaciones de Orellana deben ser investigadas bajo los procedimientos establecidos en ley y si bien la CC, no lo destituyó y sólo se limitó a darle advertencias de no seguir emitiendo resoluciones contrarias a derecho y a hacerle respetar y cumplir con su sentencia dictada en el 2023; a pesar de haber tenido las pruebas contundentes; ojalá las demás acciones interpuestas en su contra procedan a sancionarlo y finalmente destituirlo, para así sentar un necesario y contundente precedente.

En palabras simples, si un juez utiliza su autoridad para violentar derechos o vulnerar el orden constitucional, no sólo deshonra su investidura, sino que compromete la confianza pública en la justicia, una de las columnas vertebrales de nuestra democracia.

La indignación ciudadana es fuerte y comprensible, por lo que toda la ciudadanía consciente de lo que en cámara lenta está sucediendo en Guatemala, solicita se lleve a cabo el respectivo proceso disciplinario, para sentar ese precedente en la historia de nuestro débil sistema de justicia, fortalecerlo y no permitir más atrocidades en el mismo, dejando claro que éste no está para plegarse a venganzas ni mucho menos para operar en pro de la impunidad.

Se estará atento a las acciones y decisiones de la Junta de Disciplina Judicial, quien ojalá actúe con rectitud y conforme a los procesos establecidos, para conocer y sancionar las faltas judiciales de este juez, imponiendo las medidas disciplinarias que van desde la amonestación pública hasta la destitución.

El abuso de poder está claro y se cuenta con los elementos necesarios para probar el mismo, así como la manipulación del sistema judicial para politizarlo.

Es importante recordar, que, por la naturaleza, la envergadura y lo sensible de este caso, es posible que todo se mueva en una zona peligrosa: la frontera entre la independencia judicial y la impunidad disfrazada de autonomía.

¡No lo debemos permitir!

El reto estará en no convertir la rendición de cuentas de un juez en un campo de batalla político, pero tampoco permitir que la independencia judicial, sea un escudo para la arbitrariedad.

Politizar el proceso disciplinario sería un error tan grave como dejarlo impune.

En ambos escenarios, la justicia pierde y la ciudadanía vuelve a quedar indefensa ante el abuso del poder.

Guatemala necesita con urgencia un mensaje claro: ¡El poder judicial también puede y debe rendir cuentas!

Por años, el sistema ha sido ciego ante sus propios excesos, mientras exige transparencia al resto de los poderes del Estado.

Por ello, debe quedar muy en claro, que no puede haber independencia sin responsabilidad, para poder alcanzar la justicia creíble y con integridad.

Para que este proceso disciplinario se logre, este deberá desarrollarse con transparencia, objetividad y sin interferencias, para marcar un antes y un después en la historia judicial del país.

Ojalá éste, no se diluye entre maniobras, excusas o presiones políticas, pues entonces habremos ratificado que la impunidad sigue siendo el verdadero poder que gobierna Guatemala.

El caso del juez Orellana no es sólo un expediente disciplinario más: es un espejo del sistema judicial y un termómetro del momento político que vivimos.

De cómo se maneje este proceso dependerá si los guatemaltecos podremos creer, de nuevo, en que la justicia no tiene dueños.

Urge sentar un precedente, el cual definirá el tipo de país que queremos ser: uno donde la ley se respete o uno donde los jueces puedan burlarla sin consecuencias.