Vivimos atrapados en una paradoja profundamente preocupante: mientras los grandes problemas nacionales se siguen acumulando frente a nuestros ojos, amplios sectores de esta sociedad continúan enfrascados en discusiones ideológicas estériles que poco o nada aportan a la construcción de un país más productivo, justo y, sobre todo, cohesionado.

Hoy, uno de los mayores desafíos es esa falta de cohesión social. Es frustrante verse inmerso en una sociedad fragmentada, desconectada y en muchas ocasiones, incapaz de comprender lo que realmente está sucediendo frente a sus narices.

Narrativas simplistas van y vienen, los prejuicios y los miedos alimentados desde distintos espacios, han terminado por crear una atmósfera de desconfianza permanente entre ciudadanos que, en realidad, comparten similares problemas y hasta un mismo destino nacional.

Resulta paradójico y hasta irónico pues dicha fractura no siempre se produce entre quienes tradicionalmente han concentrado el poder económico o político. A veces basta con rozar superficialmente ciertos círculos  para escuchar discursos y narrativas que hasta les hace olvidar quiénes son y de dónde vienen

Es terrible que expresar una preocupación social o cuestionar determinadas dinámicas de poder implique una etiqueta simplista como la de “chairo”. Una palabra que hasta de moda se ha puesto en ciertos espacios y que, más que describir una posición ideológica, revela en ocasiones una preocupante falta de instrucción, de sensatez y sensibilidad para con las necesidades de una sociedad, terminando por revelar un desconocimiento de la complejidad del país.

El problema de fondo no es una discusión legítima de ideas, la cual siempre será necesaria en una democracia, sino la forma en que ese debate público se ha reducido a tachas ideológicas que impiden ver lo esencial. Nos han hecho creer que todo debe leerse bajo el prisma de una lucha entre izquierdas y derechas, cuando en realidad esa dicotomía simplificada ha servido muchas veces para algo mucho más peligroso y léase con cuidado y seriedad: dividir a la ciudadanía y encubrir la corrupción.

Mientras el país discute sobre etiquetas ideológicas, hechos graves ocurren frente a nuestros ojos y lo peor de todo, sin provocar la indignación colectiva que debiesen generar.

Un ejemplo reciente es la absolución de los responsables del caso Libramiento de Chimaltenango, un proyecto en donde se evidenció, no sólo en documentos, sino en esa realidad, visible ante todas sus enormes fallas, simbolizando durante años uno de los episodios más claros de mala gestión, irregularidades y malversación de recursos públicos.

¿Realmente no le importa a la ciudadanía consciente que otro caso quede en total impunidad?

¿De verdad seguiremos discutiendo etiquetas ideológicas, mientras los hechos concretos de corrupción pasan inadvertidos frente a nuestras narices?

Ese es el verdadero problema de una sociedad distraída y fragmentada por debates artificiales. Lamentablemente están ocurriendo ilegalidades, capturas de poder, impedimentos para que personas electas a cargos públicos puedan tomar posesión, atentando así contra la democracia y la voluntad del electorado.

Todo sucediendo a la vez, frente a los ojos de una ciudadanía que no lo entiende, lo ignora, se distrae en discusiones bizantinas y escasamente se inmuta.

En medio de narrativas confusas que terminan desinformando a la población, lo que en el fondo parece estar en juego no es una discusión jurídica genuina, sino la preservación de espacios de impunidad. ¡Así de simple!

Por ello es tan importante regresar a lo esencial: nuestra Carta Magna. En ella no hay ideologías partidarias, ni banderas políticas. Lo que allí se consagra son los principios fundamentales que sostienen nuestro Estado y garantizan la convivencia democrática. Derechos que no pertenecen a la izquierda ni a la derecha, sino a todos los ciudadanos, como el derecho a la vida desde su concepción, la libertad de expresión, la propiedad privada, el derecho a la salud, al trabajo, el acceso a la educación, entre muchos otros.

Estos derechos no son negociables ni dependen de la coyuntura política del momento. Son el fundamento mismo de nuestra convivencia como nación.

Sin embargo, pareciera que cada vez menos ciudadanos se detienen a conocerlos. Bastaría abrir con mucha más frecuencia ese “libro” llamado: Constitución Política de la República de Guatemala para comprender con claridad los principios que deben guiar el funcionamiento del Estado y la defensa de nuestras libertades.

Hago un especial llamado a la juventud guatemalteca a no practicar ni reproducir los mismos errores y esos esquemas de polarización que han debilitado el debate público durante décadas.

Las generaciones venideras tienen la oportunidad de aprender a debatir, a dialogar, a entender posturas opuestas y a no permitir la distracción para evitar la impunidad.

Guatemala necesita ciudadanos capaces de pensar con independencia, de dialogar sin prejuicios, de trabajar juntos más allá de etiquetas ideológicas y de construir una visión compartida de desarrollo.

Porque al final, la corrupción no tiene ideología. Esta no pertenece a la izquierda ni a la derecha.

Pertenece única y exclusivamente a quienes han renunciado a los principios más básicos de la ética y responsabilidad pública y mientras sigamos peleando y distrayéndonos entre los unos y los otros por etiquetas que poco explican la realidad, serán precisamente esos actores, los verdaderos responsables del deterioro institucional, quienes continúen beneficiándose del ruido, la división y la falta de enfoque colectivo.

Le invito a ser más crítico, más objetivo y a dejar de discutir por ideologías y posturas infructuosas para comenzar a defender con claridad, aquello que realmente importa: la verdad, la ley y el futuro de Guatemala.