¡No pudimos pasar la semana, sin tregua al escándalo y la desestabilización!

¡Raro sería si así hubiera sido!

Lo que nuevamente está ocurriendo en Guatemala con las últimas resoluciones del juez Fredy Orellana no es una simple acción de exceso judicial, sino un nuevo y claro intento, aunque burdo, de dar un golpe al orden constitucional, disfrazado de legalidad.

Sus resoluciones notificadas al Congreso de la República y al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en donde emite la “declaración de nulidad” contra el partido Movimiento Semilla, son actos que reeditan, con el mismo guión, los ataques dados en 2023, los cuales intentaban impedir la voluntad de las mayorías, claramente expresada en las urnas.

¡El mismo libreto, los mismos actores!

Para explicar un poco y dar contexto, el juez Orellana vuelve a irrumpir en el escenario jurídico-político, dictando resoluciones totalmente carentes de competencia legal y fundamento constitucional.

En esta ocasión, informa haber declarado la “nulidad absoluta” del Comité Pro-Formación y del Partido Movimiento Semilla, pidiendo al Congreso “le diera los efectos jurídicos correspondientes”.

Con esto, lo que dicho juez y sus secuaces pretenden, es revocar la adjudicación de cargos y juramentaciones de diputados electos por Semilla, pretendiendo afectar los resultados electorales y la misma composición del Congreso. Asimismo, dirigió un oficio al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral -TSE- solicitando que se ejecute la nulidad de ese partido, como si tuviera efectos en materia electoral, lo cual es una clara acción que pretende subordinar a dicho Tribunal al poder judicial, violando la independencia de aquél.

En esencia todo lo anterior es total y absolutamente absurdo, dada la inexistencia de la figura de “nulidad” en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), siendo ésta la ley rectora en la materia. Dicha ley sólo reconoce amonestaciones, multas, suspensiones temporales y cancelaciones, pudiendo las mismas ser impuestas únicamente por el Registro de Ciudadanos.

Resulta ridículo y hasta risible anular un partido político, que ya fue cancelado y es inexistente, lo cual evidencia las subyacentes y verdaderas intenciones de dichas acciones: desestabilizar, convirtiéndose todo esto en algo infundado e insensato, pero funcional para polarizar y seguir obstaculizando avances y el desarrollo del país.

Pareciera no quedarle claro a este juez penal, su incompetencia en materia electoral, siendo ésta exclusiva del TSE (arts. 121, 125 y 155 LEPP), por lo que no puede declarar nulidades no reguladas en la ley de la materia, ni emitir resoluciones con efectos electorales. Claro está, que la finalidad de su actuar no es cumplir con su judicatura apegado a derecho, entendiéndose claramente las intenciones de sus acciones.

Pretender que otras instituciones del Estado consumen actos ilegales, es también una abierta violación a la Constitución, reabriendo un proceso electoral concluido y ejecutado, cuyo cierre fue garantizado por la Corte de Constitucionalidad en sentencia firme de fecha 14 de diciembre de 2023 (expediente 6175-2023).

¡Es cosa juzgada!

Se constata pues, que lo jurídico se ha convertido en un arma política y que las resoluciones de un juez pueden convertirse en aberraciones y afrentas a la democracia. Todo violenta el principio de legalidad, la independencia del TSE y la soberanía popular.

A la ciudadanía debe quedarle claro que un juez penal, no tiene atribuciones electorales, por lo que actuar en esa materia es ultra vires, o sea, fuera de toda competencia.

Sus actuaciones constituyen desobediencia directa a una sentencia constitucional firme y atentar contra ella podría configurar los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución e incluso asociación ilícita, si se comprobare la existencia de una estructura organizada que coordina estas maniobras para desestabilizar al Estado.

Queda claro que estamos frente a un patrón de acción. Los mismos personajes, las mismas estrategias, los mismos intentos por cooptar nuevamente el poder político desde los resquicios del sistema judicial. No actúan solos: tras bambalinas se mueven los alfiles de siempre, aquellos que durante años han tejido redes de corrupción e impunidad y ahora ven amenazados sus privilegios, porque finalmente el tiempo se les agota.

Lo que se está viviendo no es una simple disputa jurídica. Es la continuación de un golpe que en 2023 no lograron consumar, y que hoy intentan revivir a través de resoluciones judiciales espurias, filtraciones mediáticas y campañas de desinformación.

Todo está conectado: las acusaciones, los casos infundados contra contratos con organismos internacionales, los ataques coordinados en redes sociales, los intentos por sembrar caos e incertidumbre. Es un todo que responde a un mismo libreto: debilitar la institucionalidad, desgastar al Gobierno y preparar el terreno para un nuevo intento de ruptura democrática.

¡Lo tenemos claro! La cuestión es: ¿cómo se defenderá en esta ocasión?

Debe quedar claro, que, ante estos golpes blandos, se requieren efectos duros y la ciudadanía ha mostrado su fuerza y valentía para darlos.

Pero ahora no puede actuar sólo el pueblo, sino también su Gobierno electo, ejerciendo acciones propias en su defensa, como conjuntas, en alianza con todos los sectores que componen esta sociedad.

¡Hay que recordar que esta ofensiva no busca justicia, busca poder! ¡No busca legalidad, busca control! ¡No busca verdad, busca desestabilización!

Detrás de cada titular judicial y de cada resolución fuera de contexto hay una estrategia más grande: la de quienes no soportan haber perdido el control absoluto del país.

Por lo tanto, la situación requiere también de una defensa estratégica, coordinada y con liderazgo claro, fuerte y sólido. Guatemala necesita inteligencia colectiva y acciones conjuntas que vayan más allá de los discursos y los comunicados.

Debe movernos el hartazgo en todas sus direcciones, de arriba para abajo y hacia los costados, con fuerza, energía y un contundente liderazgo que concluya en acciones, sólidos equipos de trabajo y denuncias, cerrando filas consolidadas y construidas a través de la confianza y las alianzas estratégicas.

Hay que leer entre líneas y entender el mensaje para no caer en la trampa de quienes usan el derecho para dinamitar el Estado de Derecho.  Estas maniobras buscan dividir, confundir y paralizar. Por eso, en esta ocasión el liderazgo no comienza desde el pueblo, sino desde la gobernanza electa, para juntos defender y sostener la democracia, desde la legalidad y la estrategia.

La unidad nacional es fundamental, pero no funcionará si no hay claridad en las acciones y líneas estratégicas que definan el camino. En el 2023 se defendió la democracia y se aseguró la toma de posesión del candidato electo a la presidencia. Ahora toca ver a ese presidente sostenerse del respaldo de su gabinete, de la comunidad internacional, de la ciudadanía, pero también de sí mismo y de su liderazgo, sabiendo que se le respalda cuando se percibe su apertura y su firmeza, dentro del marco constitucional.

En momentos como este, el silencio institucional, la falta de denuncia o la tibieza política son aliados del abuso.

Hoy es cuando el Ejecutivo y todo su aparato gubernamental, así como la máxima Corte defensora de la Constitución, -CC- deberán sostener con claridad, la defensa del orden constitucional, la independencia del Tribunal Supremo Electoral y la soberanía del Estado democrático, sin caer en provocaciones, pero sin permitir un atropello más.

¡Es momento de actuar!