En los próximos meses, Guatemala enfrentará momentos muy decisivos en su ámbito político, económico y social. Se avecinan elecciones y nombramientos que no sólo configuran el equilibrio de poderes, sino que definirán el rumbo de la nación en los años venideros.

Así pues, en próximas semanas y meses se estará eligiendo titular y suplente ante el Registro de Información Catastral (RIC), Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Junta Directiva del Congreso de la República, Magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Constitucionalidad (CC), Fiscal General, Rector de la Universidad de San Carlos, Contralor General de la Nación, y autoridades de la Superintendencia de Bancos y Banco de Guatemala.

Estos procesos, alejados del radar cotidiano de la ciudadanía, representan en realidad una bisagra fundamental entre el fortalecimiento institucional o su captura definitiva.

De ellos depende que tengamos un sistema de justicia realmente independiente, una fiscalización efectiva del gasto público, procesos electorales creíbles y una academia que recupere su papel transformador y autónomo.

Cada uno de estos cargos próximos a ser elegidos y nombrados, puede convertirse en un vehículo que fomente la transparencia o en una barrera que perpetúe la impunidad.

Ante este panorama, es crucial que la ciudadanía no permanezca indiferente. Ésta tiene el deber y el derecho de ejercer una veeduría y observación muy cercana que podría ser muy influyente para que todos estos procesos de elección se lleven con alta transparencia, rectitud y mucha responsabilidad, respetando los lineamientos del Estado Derecho y la democracia.

Lo anterior es más que un derecho consagrado en nuestra Constitución, es también una obligación moral.

 Exigir procesos transparentes, integridad en los perfiles que se postulen y una alta rendición de cuentas, no debe ser tarea exclusiva de unas cuantas organizaciones o medios de comunicación, es una absoluta responsabilidad colectiva.

La historia reciente nos ha mostrado que cuando los ciudadanos vigilan, se organizan, manifiestan y exigen, las decisiones públicas pueden cambiar. Se detienen imposiciones, se visibilizan pactos oscuros y se pueden abrir espacios a debates y evitar que se den a puerta cerrada.

Ahora, más que nunca, es necesario que esa participación e involucramiento ciudadano no quede en un simple espíritu cívico, manteniéndose muy despierta y activa, una actitud fiscalizadora y de veeduría social.

No podemos permitir que estos procesos se den en la opacidad, haciendo todo lo que esté en las manos de esa población honesta, trabajadora y deseosa de un país desarrollado y con bajos niveles de corrupción, para impedir que las cuotas de poder y los intereses partidarios sean el criterio para elegir a quienes deben representar la justicia, la ética pública o el conocimiento.

No puede asumirse ni aceptarse que los errores del pasado son inevitables. Guatemala aún tiene oportunidad de corregir el rumbo y esa posibilidad puede darse si se incrementa y fortalece el involucramiento consciente, informado y constante de su gente.

Las redes sociales, los medios de comunicación, las plataformas ciudadanas, los espacios académicos, los medios alternativos y las calles, con sus normas y limitaciones, siguen siendo herramientas poderosas para ejercer presión y alzar la voz. No es posible, seguir permitiendo más injusticias y aceptar un sistema altamente cooptado.

Desde el interior del país hasta la capital, desde los jóvenes hasta las personas mayores, desde el arte, la academia y las diversas profesiones y sectores, estamos llamados a ser guardianes de la democracia.

Ojalá y estas palabras queden impregnadas en la memoria de los ciudadanos y que las mismas no pasen inadvertidas.

Lo que está por decidirse no es menor: es la calidad del Estado guatemalteco, el cual será heredado por todos nosotros y nuestros descendientes. Se trata del país que construiremos o destruiremos juntos.

Callar ahora, mirar para otro lado o normalizar el abuso del poder, sólo abrirá las puertas al retroceso y a la absoluta ruina y debacle.

Por todo lo anterior y en honor a la búsqueda de un país verdaderamente democrático, se insta a vigilar, a cuestionar, a exigir y participar.

La democracia no se defiende sola y es importante recordar que un país sin ciudadanía activa es un país condenado a repetir sus peores errores.