No hay atajo que valga: la inversión pública no mejora por decreto ni por trucos contables. El 7-2025, aprobado para “fortalecer” a los Consejos de Desarrollo, promete agilidad pero confunde velocidad con desorden. Autoriza arrastrar saldos no ejecutados al año siguiente; ampliar con esos saldos el presupuesto; forzar desembolsos en quince días y validar autorizaciones por “silencio positivo” en cinco. Suena práctico; en realidad, erosiona reglas que protegen el dinero de los guatemaltecos.

Un presupuesto es anual y unitario por razones de control democrático. Cerrar el año, reintegrar economías al Tesoro y decidir su destino en el presupuesto siguiente no es una exquisitez de los constitucionalistas que dejaron esa norma en la Carta Magna: es la bisagra que separa la política pública de la discrecionalidad. Gastar en 2026 lo que no se ejecutó en 2025 sin nueva autorización del Congreso desdibuja esa bisagra y debilita la rendición de cuentas. Tampoco es inocuo en lo macro: convertir subejecución presente en gasto futuro maquilla el déficit del año en curso y presiona el del siguiente. La solución seria no es “patear el problema” para el futuro, sino programar mejor y ejecutar a tiempo.

El “silencio positivo” en cinco días equivale a aprobar por defecto. Guatemala no está para ese lujo. Las evaluaciones internacionales de PEFA (Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas, respaldado por el FMI y el Banco Mundial) para Guatemala ya documentaron debilidades en control interno, auditoría y modificaciones durante la ejecución; cuando el termómetro marca fiebre, no se rompe el termómetro sino se toman acciones para atacar los orígenes de la enfermedad.  Si un dictamen técnico no llega a tiempo, lo que falta es capacidad y plazos realistas, no fingir que la revisión ocurrió.

El referido decreto tampoco corrige la razón de fondo de la baja ejecución local. La causa raíz no es falta de dinero, es falta de preparación. Proyectos sin expedientes completos, estudios incompletos, cronogramas irreales y compras mal planificadas condenan la inversión a caminar en terreno fangoso. El diagnóstico de compras públicas del MAPS (Metodología para la Evaluación de los Sistemas de Contratación Pública) fue claro sobre la práctica de licitar sin análisis de mercado ni especificaciones sólidas. Si no se resuelven esos cuellos de botella, arrastrar saldos solo perpetúa carteras rezagadas y posterga proyectos mejores, justamente los que podrían transformar territorios si se planificaran a tiempo y fueran bien diseñados.

Estos señalamiento no son contra las municipalidades; son a favor de que ejecuten mejor y a tiempo. La continuidad de proyectos debe descansar en preparación real y controles claros, no en arrastres automáticos ni en aprobaciones exprés. Eso protege a los buenos alcaldes y a sus equipos de obras. En esto, el país tiene una tarea clave: fortalecer a las municipalidades para que cumplan la planificación anual y las reglas de ejecución y control. Implica firmar el convenio CODEDE–Municipio solo cuando el proyecto ya está maduro y comprobado en lo técnico, legal, ambiental y financiero: diseños, permisos, servidumbres, presupuesto y cronograma; Plan Anual de Compras realista; bases de licitación  bien hechas; y publicación oportuna en los sistemas oficiales. Cuando eso ocurre, la agilidad llega sola; cuando no, los atajos solo multiplican riesgos.

Existe, por supuesto, una ruta responsable de continuidad. Para obras multianuales, pueden usarse compromisos plurianuales dentro de un marco de gasto de mediano plazo, con techos y hitos verificables: diseños listos, permisos resueltos, presupuesto detallado, cronograma ejecutable y una cadena de compras con análisis de mercado y especificaciones claras. La continuidad debe ser la excepción basada en preparación, no un derecho automático del que no ejecutó. Lo demás se discute, a la vista de todos, en la ley de presupuesto del año siguiente: así se prioriza, así se rinde cuentas.

Agilidad sí, pero con control: dictámenes trazables en plazos razonables, tableros públicos de avance físico y financiero, asistencia técnica a unidades ejecutoras, auditoría concurrente que prevenga —no solo sancione— y un régimen de gestión por resultados con metas trimestrales y reversión dentro del mismo ejercicio cuando los hitos no se cumplan. Cada quetzal debe convertirse en obra útil, no en saldos que se mueven de año en año. La lógica es sencilla: gastar lo necesario, a tiempo y con calidad; eficiente, transparente y honesto. Eso exige reglas que ordenen, no excepciones que abran atajos. Guatemala no necesita excepciones que diluyen la disciplina fiscal; necesita instituciones que planifiquen, compren y ejecuten bien.