Imaginemos una nueva serie de televisión sobre un proceso electoral en un país lejano. El reparto es el siguiente: la hija del general condenado por genocidio, habilitada para competir gracias a una reinterpretación constitucional impulsada por un magistrado que terminaría convertido en su compañero de fórmula; un expresidente que cumplió condena en Estados Unidos reapareciendo como aliado codiciado y constructor de consensos; un outsider que denuncia al sistema mientras rechaza una cárcel de máxima seguridad en uno de los corredores históricos del narcotráfico; un heredero político que promete combatir la corrupción mientras incorpora a sus filas a figuras cuestionadas; magistrados que parecen transitar con extraordinaria comodidad entre el activismo político y la toga; y un alcalde convertido en influencer nacional gracias a una maquinaria de promoción construida desde los recursos municipales.

Si alguien presentara este libreto, y sobre todo este reparto, probablemente lo rechazarían porque la historia resultaría poco creíble. Sin embargo, el problema es que no estamos hablando de ficción. Estamos hablando de la oferta que algunos partidos políticos, entrelazados por su militancia en la gobernanza mafiosa, empiezan a mostrarnos sin ningún reparo para las elecciones guatemaltecas de 2027.

La gobernanza mafiosa sigue demostrando una extraordinaria capacidad de adaptación. Ya no tiene una sola figura fuerte, ni un caudillo capaz de concentrar el poder. Pero con la colorida colección de rostros funcionales al mismo sistema, pretende dividir los votos de tal forma que con un porcentaje bajo se pueda entrar a la segunda vuelta. El resultado es una especie de mercado político donde la ética pública parece haberse convertido en algo inalcanzable y donde la pregunta ya no es quién tiene mejores ideas, sino quién resulta más útil para preservar los equilibrios y privilegios del sistema. Y ese mercado solo funciona porque, del otro lado, alguien sigue dispuesto a comprar.

Ahí está Sandra Torres, convertida en la representación más acabada de una política incapaz de renovarse. Después de investigaciones por financiamiento electoral ilícito, derrotas sucesivas y años de desgaste público, vuelve a aparecer como si el país estuviera condenado a escoger eternamente entre las mismas opciones. Está Zury Ríos con su sexto lugar, cuya candidatura chocaba frontalmente con la prohibición establecida en el artículo 186 de la Constitución para familiares de quienes encabezaron golpes de Estado. Sin embargo, terminó habilitada por un amparo provisional otorgado por la CSJ. Y lo “extraordinario” —oh sorpresa— es el orden de los factores: Molina Barreto fue primero su compañero de fórmula, en 2019, y después, ya de vuelta en la CC, integró el tribunal que en 2023 dejó en firme su candidatura. De magistrado a político partidista y nuevamente a magistrado. Ahora es magistrado y político.

Pero quizá lo más llamativo es que algunos de estos actores parecen haber descubierto una nueva estrategia electoral: convertir los señalamientos internacionales en credenciales patrióticas. Lo que antes era un costo reputacional hoy se exhibe como una medalla de honor. Algunos incluso parecen aspirar a ser señalados por actores internacionales asociados al trumpismo para presentarse como víctimas de una conspiración ideológica y defensores de la soberanía nacional. La degradación ética ha llegado tan lejos que algunos políticos ya no buscan limpiar su nombre. Buscan convertir sus sombras y deudas en estrategia de mercadeo electoral.

Sobre la narrativa del outsider perseguido por el sistema construyó Carlos Pineda buena parte de su popularidad. Sin embargo, tampoco ha escapado a las preguntas incómodas. A la controversia pública sobre la revocación de su visa estadounidense se suma ahora su oposición a la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Izabal, uno de los territorios más golpeados por las economías ilícitas y las rutas del narcotráfico.

Discurso antisistema y alianzas profundamente convencionales: esa extraña combinación es la que sigue encarnando Roberto Arzú. El heredero de una de las familias más rancias del país acaba de sumar a su proyecto a figuras cuestionadas como el alcalde de Quetzaltenango, recordándonos que la indignación suele durar exactamente hasta que aparecen operadores territoriales útiles para una campaña.

Y cuando parecía que el reparto ya no podía sorprender más, aparece Neto Bran anunciando sus aspiraciones presidenciales. Ya no es necesario construir partidos ideológicos ni elaborar propuestas complejas. Basta con construir una audiencia. Entre transmisiones en vivo y una permanente confusión entre comunicación institucional y promoción personal, ha convertido la alcaldía en una plataforma de posicionamiento político nacional. El problema no es el espectáculo. El problema es la normalización del uso de recursos municipales para construir un emporio mediático personal mientras desaparecen las fronteras entre servicio público y campaña permanente.

Tampoco faltan los reciclajes más clásicos. Nery Ramos, quien pudo representar renovación institucional, se acerca hoy a Alfonso Portillo, expresidente que cumplió condena en Estados Unidos por lavado de dinero. En Guatemala ni siquiera hace falta reinventarse: basta esperar a que la memoria colectiva se desgaste.

Quizá lo más desolador no sea la calidad de algunos de los nombres que empiezan a sonar, sino la naturalidad con la que son recibidos. Pareciera que el país estuviera condenado a escoger entre expedientes cuestionados, alianzas imposibles, herencias autoritarias, influencers con presupuesto municipal y reciclajes sucesivos de los mismos operadores. Después de todo, siempre han estado allí. Han cambiado de partido, de discurso y de aliados, pero nunca han desaparecido. Como si la política guatemalteca fuera una especie de club privado donde siempre terminan encontrándose los mismos apellidos, las mismas redes y los mismos mecanismos de protección mutua.

El verdadero problema sería que nosotros termináramos aceptando que esta es la única oferta posible; que después de décadas de corrupción, captura institucional y pactos de impunidad, el país ya no pueda aspirar a nada mejor que escoger entre distintas versiones del mismo sistema.

Porque si este casting termina siendo aceptado como la expresión natural de la democracia guatemalteca, el pacto de corruptos ni siquiera tendrá que ganar las elecciones. Habrá ganado algo mucho más importante: habrá logrado convencernos de que la decencia, la legalidad y la honorabilidad son valores incompatibles con el poder, y que los currículums patéticos y mafiosos son lo mejor que Guatemala puede ofrecerse a sí misma. Y ese día habremos renunciado a imaginar un país distinto, incluso antes de depositar el primer voto.