En el Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE 2026), los representantes del sector empresarial exigieron al gobierno de Bernardo Arévalo mejores resultados en materia de seguridad. Hablaron de las extorsiones, del narcotráfico, de la necesidad de fortalecer las instituciones y del riesgo de que el crimen organizado financie las campañas electorales de 2027.

Nadie puede cuestionar la gravedad de la inseguridad ni el derecho de los empresarios a exigir respuestas. Lo que resulta difícil de comprender es que algunas de esas exigencias provengan de sectores que no mostraron la misma determinación cuando existieron esfuerzos importantes para investigar las estructuras de corrupción y criminalidad que habían penetrado las instituciones del Estado.

Durante años, la CICIG y el Ministerio Público investigaron redes que involucraban a funcionarios, políticos, empresarios y personas vinculadas con distintos grupos de poder. Muchas de esas investigaciones permitieron conocer cómo operaban estructuras que habían utilizado las instituciones públicas para obtener beneficios particulares. Por primera vez, personas con considerable influencia política y económica tuvieron que responder ante la justicia.

El respaldo a esos esfuerzos comenzó a cambiar cuando las investigaciones alcanzaron a determinados sectores empresariales. Quienes inicialmente habían apoyado la lucha contra la corrupción, comenzaron a cuestionar las investigaciones y respaldaron decisiones que contribuyeron al debilitamiento de la CICIG. El CACIF tampoco puede quedar fuera de esa discusión. Las posiciones asumidas entonces tuvieron consecuencias que todavía afectan al país.

Por eso llama la atención escuchar ahora tantas exigencias sobre el combate al crimen organizado, como si la discusión comenzara con los problemas que enfrenta el actual gobierno. Es difícil reclamar instituciones eficaces sin recordar lo ocurrido cuando algunas de ellas comenzaron a investigar a personas que antes parecían intocables.

Buena parte de los reclamos expresados en ENADE se dirigieron al Ejecutivo. Sin embargo, la seguridad no depende exclusivamente del gobierno. La Policía puede realizar capturas y desarrollar operativos, pero corresponde al Ministerio Público investigar los delitos y a los tribunales juzgar a sus responsables. ¿Por qué no se exige con la misma insistencia que esas instituciones cumplan sus funciones? ¿Por qué no se cuestiona con igual firmeza la falta de independencia judicial y la utilización política de la persecución penal?

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de que el narcotráfico financie las campañas electorales de 2027. Es una preocupación válida, especialmente en un país que conoce las consecuencias de la relación entre corrupción, financiamiento político y estructuras criminales. Pero habrá que observar cómo se utiliza ese argumento durante los próximos meses.

Guatemala también ha vivido procesos en los que las investigaciones penales se han utilizado para desacreditar adversarios o limitar la participación política. Sería preocupante que las advertencias sobre infiltración del narcotráfico terminaran convirtiéndose en señalamientos contra determinadas candidaturas sin pruebas suficientes, especialmente cuando se trate de movimientos emergentes o liderazgos indígenas.

Tampoco puede ignorarse que colocar la inseguridad en el centro del debate electoral puede favorecer a quienes ofrecen soluciones de mano dura, endurecimiento de penas o mayor participación militar. No hay elementos para afirmar que exista una estrategia empresarial dirigida a favorecer a determinada candidatura, pero sí razones para observar cómo evoluciona ese discurso y a quiénes beneficia.

En diciembre se cumplirán 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz. Entre sus compromisos estaban el fortalecimiento del poder civil, la transformación de las instituciones de seguridad y la construcción de un sistema de justicia independiente. Tres décadas después, muchos de esos compromisos siguen pendientes.

Los empresarios tienen derecho a exigir seguridad. Lo deseable sería que esa preocupación también se tradujera en una defensa firme de la independencia judicial y en el respaldo a investigaciones que alcancen a cualquier estructura criminal, sin importar quiénes la integren.

La inseguridad no comenzó con este gobierno, ni la debilidad de las instituciones surgió de la nada. Hay una historia de decisiones, resistencias y oportunidades perdidas que no debería olvidarse, especialmente cuando algunas de las voces que hoy reclaman resultados tuvieron influencia en aquellos acontecimientos.

De eso también habría que hablar cuando se exige seguridad.