Llegó la hora de la verdad. El primero de los procesos de elección largamente esperado ha dado inicio. El Congreso ha convocado a la conformación de la comisión de postulación responsable de elaborar la nómina de candidatos para integrar el Tribunal Supremo Electoral por los siguientes seis años.

Aparece en escena el primer escollo, de los múltiples que surgirán a lo largo del complejo y movido 2026, cuyos efectos determinarán el curso de país (no solo de las instituciones en juego) para los próximos años. Esta primera postuladora será presidida, de conformidad con lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala; un personaje más que cuestionado y cuyas finalidades en ese espacio saltan a la vista y no representan duda alguna. Lo mismo ocurre con el otro postulante, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Estos dos “personajes” son los únicos que desde ya tienen nombre y apellido.

Mientras tanto, los otros tres integrantes de la postuladora aún no han sido seleccionados; por lo que sus escogencias estarán sometidas a pulsos, siendo ellos el representante de los rectores de las universidades privada, el representante de los decanos de Ciencias Jurídicas de las universidades privadas y el representante del Colegio de Abogados y Notarios. En estas tres instancias es previsible que se susciten tensiones debido especialmente, al perfil gris (cuestionados, alineados y susceptibles a la manipulación de actores corrupto-criminales) de un buen número de las universidades privadas. Por ejemplo, será la primera ocasión donde participe la nueva universidad “Juan José Arévalo Bermejo”, que por cierto nada tiene que ver con el actual mandatario y que contrario a su nombre, presumiblemente es una arena satélite bajo control del rector USAC.

En ese escenario, aunque lo deseable es motivar a la participación de profesionales del derecho que cumplan con los méritos establecidos en el Artículo constitucional 113 (capacidad, idoneidad y honradez), en realidad, esa posibilidad es limitada ante lo adverso del panorama. Se requiere un bloque de candidatos con el suficiente talante para encarar una ruta complicada. Sin embargo, el rumbo de país merece y necesita ese esfuerzo. Lo que está en juego es de tal tamaño (descomunal) que, así como probablemente participen profesionales sin las calificaciones mínimas, dispuestos a lo que sea y a pactar hasta con el diablo, también es deseable que participen personas con el compromiso suficiente para contener las embestidas y presiones que implica asumir la dirección del órgano electoral. 

No olvidemos que la nueva cohorte de magistrados del TSE será responsable de organizar y conducir dos procesos electorales, 2027 y 2031; siendo este uno de los principales incentivos del cargo. Además, uno de los desafíos claves consiste en aplicar la normativa electoral con la suficiente contundencia que permita devolver la autoridad, autonomía y respaldo ciudadano como la que tuvo décadas atrás. A como apuntan las cosas, los grupos de poder que competirán en las elecciones de 2027 retarán el diseño original del sistema electoral guatemalteco; por lo que las autoridades a elegir y que asumirán en marzo venidero deberán enfrentar ese reto ante el imparable ascenso de los actores emergentes.