La protesta nacional impulsada por CODECA el 28 de abril de 2025 marca un punto de inflexión en el actual ciclo político guatemalteco. Más allá de su dimensión inmediata (el rechazo a la criminalización de exdirigentes indígenas de 48 Cantones como Luis Pacheco y Héctor Chaclán), esta movilización revela lo que podría ser una imperiosa necesidad en el campo popular que debe ser analizada con atención: la urgencia de una posible articulación entre organizaciones que hasta ahora han seguido trayectorias relativamente paralelas pero divergentes como las de CODECA y los 48 Cantones de Totonicapán.

Lo que parece ser una confluencia espontánea en la resistencia entre 48C y CODECA adquiere mayor relevancia si se consideran las profundas diferencias históricas entre ambas organizaciones. Mientras CODECA, desde los años noventa, ha privilegiado la construcción de un proyecto político propio (expresado en el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP), con un discurso claramente anticapitalista y un horizonte de refundación estatal, los 48C han cultivado una tradición de autonomía comunitaria y de incidencia institucional, resistiéndose a la politización partidaria directa. Una posición similar a la de 48C ha sido adoptada por otras autoridades indígenas que, muy entendiblemente, se han volcado a favor de la defensa de sus instituciones por medio de los procesos establecidos. Estas diferencias no son menores: expresan distintas concepciones de la identidad, la comunidad, la acción política, el vínculo con el Estado, y las estrategias de resistencia y transformación.

Sin embargo, siguiendo a Antonio Gramsci, podemos decir que la historia real siempre se mueve por la acción combinada de fuerzas diversas que, al articularse, producen un resultado que no corresponde a los designios particulares de ninguna de ellas. Esa idea resume uno de los razonamientos centrales de Gramsci sobre la “espontaneidad” de los grupos subalternos y las luchas contrahegemónicas. En los Cuadernos de la cárcel, especialmente en los Cuadernos 13 y 14, Gramsci analiza cómo la historia no es resultado mecánico de ninguna fuerza singular (nobleza, burguesía, proletariado, campesinado, etc.), sino de la interacción, a menudo no consciente y no planificada, sino que espontánea, de múltiples fuerzas sociales y políticas. Para Gramsci “la colectividad debe ser entendida como producto de una elaboración de voluntad y pensamiento colectivo alcanzado a través del esfuerzo individual concreto, y no por un proceso fatal [predeterminado o destinado por étnica o clase] extraño a los individuos: de ahí la obligación de la disciplina interior y no sólo de la externa y mecánica” (Cuaderno 6, §79). Igualmente, aunque la historia es siempre un proceso de elaboración y de lucha de fuerzas que se desarrolla tanto en el terreno de la ideología como de la economía, algo que tiene sus raíces en lo que Gramsci llama “una realidad rebelde” (Cuaderno 13, §17), ya desde su primer cuaderno Gramsci nos insta a recordar que, aunque las condiciones ya estén dadas para el nacimiento de una nueva sociedad y la refundación del Estado, “el trabajo necesario es complejo y debe ser articulado y graduado: debe haber deducción [de lecciones] e inducción [de estrategias] combinadas, identificación [el momento de la articulación] y distinción [el momento de la autonomía], demostración positiva [teoría] y destrucción de lo viejo [práctica]” (Cuaderno 1, §43).

La represión actual en Guatemala, con su lógica de guerra jurídica, criminalización política y restauración neoliberal con corrupción y cooptación ampliada, ha generado un escenario en el que las diferencias estratégicas entre 48C (y otras autoridades indígenas) y CODECA (y otros movimientos sociales) palidecen frente a la amenaza común y el imperativo de articular adquiere nueva relevancia y urgencia. La captura de Luis Pacheco y Héctor Chaclán bajo acusaciones espurias de “terrorismo” y “asociación ilícita” no es un hecho aislado: forma parte de un patrón sistemático de restauración del viejo orden oligárquico-neoliberal mediante la judicialización de la política y la anulación de los actores populares emergentes. En este contexto dedicarse aislada y unidimensionalmente a defender la ruta de la institucionalidad propia “conforme se desarrollan las acciones del Ministerio Público y los jueces que conocen y/o conocerán el caso de criminalización de la institucionalidad indígena para socavar la democracia y ejecutar un golpe de Estado”, como lo expresaron 39 autoridades indígenas al desligarse de la protesta reciente de CODECA, es enarbolar un discurso contradictorio. Pues si el objetivo de la corrupción es “socavar la democracia y ejecutar un golpe de Estado”, como bien lo entienden tanto CODECA como 48C y otras Autoridades Ancestrales, entonces la defensa exclusiva y unidimensional de la institucionalidad propia y aislada, sin causarle muchos inconvenientes a la economía cacifista o a la “gobernabilidad”, resulta fortaleciendo el plan golpista que busca fragmentar, debilitar y derrotar la articulación de los/as de abajo.

La importancia de la articulación en estos contextos críticos, en medio de una guerra de posiciones abierta y desnuda, ha sido enfatizada por múltiples teóricos de los movimientos sociales. Boaventura de Sousa Santos nos recuerda algo pertinente en cuanto a la tragedia de nuestro tiempo: “la dominación está unida, es decir, el capitalismo actúa junto con el colonialismo y el patriarcado, y la resistencia está fragmentada. Las mujeres luchan contra el patriarcado, pero se olvidan del colonialismo, del racismo o del capitalismo. Los sindicatos, cuando luchan en contra del capitalismo, se olvidan del racismo y se olvidan del patriarcado… Estamos muy fragmentados.” Siguiendo a de Sousa Santos sostenemos aquí que, en condiciones de represión judicial y política, los movimientos sociales tienen que elegir entre la resistencia aislada o la lucha articulada; y es solo esta última la que permite la transformación de resistencias espontáneas y fragmentadas en una articulación contrahegemónica destituyente y refundadora.

Ya no es posible hablar ingenua o dogmáticamente de que el racismo está supeditado a la explotación, que ser campesino es más fundamental que ser indígena, que la institucionalidad comunal o indígena es más importante que la solidaridad y la articulación entre subalternos/as o que ser mujer es la única forma de sufrir el machismo. Es la hora de insistir en la equivalencia de estas luchas y abandonar el aislamiento que facilita la labor de fragmentación y aniquilación selectiva por parte del poder. La articulación, en cambio, transforma la fuerza, la legitimidad y la lucha de los movimientos y crea las condiciones para ensamblar un poder destituyente. Como dice de Sousa Santos: “Sabemos que nos quieren amedrentar, que quieren que el miedo predomine, pero nosotros debemos tener la posibilidad de una esperanza. Esa esperanza debe ser de una sociedad mejor, más justa, a través de otra epistemología, de otra manera de conocer, de vivir, de articular la sociedad.”

Lo que se puede ensamblar por encima de esa fugaz coincidencia espontánea que a veces se vislumbra entre movimientos sociales es, por tanto, algo más que una solidaridad táctica: es el esbozo de una posibilidad estratégica y la esperanza de articulación de una red popular de insurgencia democrática, a partir del reconocimiento de un enemigo común: la oligarquía racista y despojadora, el cacifismo neoliberal y extractivista, un aparato judicial corrupto y cooptado, una guerra jurídica contra todas las voces del cambio y defensa de la dignidad y los derechos humanos, esos descarados intentos de golpe y, en general, la estrategia de restauración total que vienen desplegando desde el ascenso de Jimmy Morales al poder ejecutivo en 2016. Estamos, por tanto, ante el desafío y la urgencia histórica de defender, pero también ampliar, los espacios democráticos conquistados con enorme sacrificio. Valga la redundancia, pero 100 días de paro nacional en defensa de los resultados electorales no es cualquier cosa.

Esta necesidad de articular no debe entenderse como la simple suma de organizaciones o agendas o como un proceso de “unidad” orientado a crear un “sujeto popular hegemónico”. Esas son concepciones obsoletas de izquierdas que hace rato perdieron sus batallas y cuyas estrategias deben ser hoy radicalmente repensadas y criticadas. Parafraseando a Álvaro García Linera podemos decir que la potencia de los movimientos sociales no radica en su pureza de ideología, clase, etnia o género, sino en su capacidad de articular una pluralidad de demandas, afectos y horizontes de sentido en torno a un enemigo común y un proyecto colectivo. Se trata de “proyectos políticos con alto grado de autonomía cuya producción requiere de otros componentes con raíces en la memoria colectiva y en su capacidad de proyectar horizontes de acción”. En otras palabras, la articulación efectiva supone reconocer, asumir y trabajar con las diferencias, respetar las autonomías, sin exigir su disolución en una supuesta “unidad” superior, pero construyendo consensos traslapados de base contra el bloque de adversarios corruptos en el poder.

La movilización del 28 de abril llevada a cabo por CODEDA, así como las protestas de 48C frente al legislativo demandando “que nos rindan cuentas, somos sus patrones”, deben pues leerse como un signo de posibilidad política – todavía tentativo, rizomático y liminal – en medio de un contexto represivo y de guerra jurídica que busca desesperadamente reimponer la fragmentación, el miedo y el aislamiento entre los/as de abajo. En este sentido, recuerda también la advertencia del gran antropólogo y teórico político James C. Scott, en su libro Los dominados y el arte de la resistencia, sobre los momentos en que los “infrapolíticos”, aquellos actores históricamente invisibilizados o subalternizados, comienzan a pasar del “arte de la resistencia” oculta o aislada a formas abiertas y articuladas de confrontación y construcción de alternativas.

Por ello, consideramos que el repliegue institucional de las autoridades indígenas, así como el anunciado “amparo” de Arévalo que “busca garantizar el debido proceso de los liderazgos de los pueblos indígenas”, aunque no son actos equivocados per se, presumen un “Estado de derecho” que no existe y son una repetición más de la ya fallida estrategia de buscar ponerle alto a los casos espurios del MP o buscar la destitución de la jefa del MP solo por medios procesales o institucionales o por medio de una reforma a la Ley Orgánica del MP que todos/as sabemos, dado el dominio del parlamentarismo negro en el legislativo, es un sueño. Además, en los últimos dos años, ¿qué resultados ha dado eso? El arresto de Pacheco, Chaclán y otros/as activistas comprometidos/as con la resistencia comunitaria y democrática demuestra que la maquinaria del golpismo no se va a detener por voluntad de un poder legislativo en manos de los partidos de la corrupción y la cooptación. Solo la articulación del poder destituyente de una ciudadanía articulada puede ponerle freno a la infamia.

Finalmente, en esta coyuntura reactiva, no debemos olvidar que las luchas históricas y presentes de resistencia comunitaria y democrática en Guatemala nunca han sido plenamente derrotadas. La defensa de la democracia popular impulsada por los 48C durante los 100 días de resistencia pacífica post-electoral, seguida por la respuesta también pacífica de CODECA ante la represión judicial, la continuidad de formas solapadas de privatización, las fallas en el congreso, la parálisis de Arévalo (que hasta el presente no ha tenido la voluntad de reunirse con la dirigencia de CODECA y solo después del día de protestas de CODECA ofreció una reunión), conecta con la larga tradición de lucha de los pueblos indígenas y campesinos guatemaltecos, desde la rebelión de Atanasio Tzul hasta la resistencia contra el genocidio de los años ochenta. Pero, como lo indicamos arriba, urge pasar de las coincidencias espontáneas, rizomáticas y liminales entre los movimientos sociales, así como de la defensa (no equivocada, pero insuficiente) de la institucionalidad, hacia el audaz ensamblaje de articulaciones democráticas destituyentes. La ruta del aislamiento, el institucionalismo o el vanguardismo es la ruta de la fragmentación, la cooptación y eventualmente el fracaso.

Seamos muy claros sobre esto: el hecho de que CODECA y los 48C coincidan hoy en cuanto a quien es el enemigo común – genéricamente llamado “la corrupción” o el “Pacto de Corruptos” – es mucho más que una coincidencia táctica. Es una grieta en el edificio de ese proyecto perverso e infame que hemos llamado la restauración total. Una grieta que, si se profundiza mediante la articulación audaz, solidaria y estratégica de los grupos subalternos, puede abrir paso a una nueva fase histórica en la búsqueda inconclusa de una Guatemala verdaderamente democrática, inclusiva y plurinacional.