La XVIII Cumbre de los BRICS, celebrada en Nueva Delhi los días 12 y 13 de septiembre de 2026, confirmó la transformación de un mecanismo originalmente formado por cinco grandes «economías emergentes» en una plataforma más amplia del Sur Global. Tras las últimas ampliaciones, el grupo reúne once Estados miembros, pero continúa siendo profundamente heterogéneo pues carece de política exterior, moneda o alianza militar comunes y decide por consenso. Su creciente peso económico y demográfico le permite, sin embargo, disputar influencia dentro de instituciones internacionales históricamente dominadas por Estados Unidos y Europa.

La cumbre mostró simultáneamente esa creciente gravitación y sus límites. El acercamiento entre China e India – Xi Jinping visitó India por primera vez en siete años – coexistió con una persistente competencia estratégica entre ambos países. A ello se sumaron las diferencias entre Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. La Declaración de Nueva Delhi logró consensuar un llamado al diálogo, la diplomacia y la contención en los conflictos internacionales, pero evitó adoptar posiciones que implicaran responsabilizar a miembros del propio grupo. India refleja particularmente esta ambigüedad pues busca un orden internacional menos occidentalizado sin convertir a los BRICS en una alianza explícitamente antioccidental. El liderazgo ultraconservador de Modi no tiene apetitos emancipadores.

Para América Latina, una de las principales implicaciones está en la ampliación del margen de autonomía económica. Los BRICS promueven comercio en monedas nacionales, sistemas de pagos transfronterizos y un mayor papel del Nuevo Banco de Desarrollo. Pero no existe todavía, pese a frecuentes titulares sobre la «desdolarización», una moneda BRICS ni un proyecto inmediato para sustituir al dólar. La estrategia es más gradualista y consiste en reducir la obligación de utilizar infraestructuras financieras controladas desde Estados Unidos o Europa. Por ello esta arquitectura sigue siendo complementaria y no una alternativa equivalente al FMI o al Banco Mundial.

La crisis climática introduce otra dimensión fundamental y ya crítica para el continente y el planeta. La declaración de 2026 reafirma el Acuerdo de París y el principio de «responsabilidades comunes pero diferenciadas», es decir, todos los países deben reducir emisiones, pero las economías industrializadas deben asumir una responsabilidad mayor y aportar financiación y tecnología al Sur Global. Esta demanda, aunque justa, es una receta para la inacción en el Sur Global pues mientras no haya apoyo del Norte, hay poca o ninguna acción climática realmente impactante. Por ello los BRICS ponen especial énfasis en adaptación, pérdidas y daños, financiación climática y transiciones energéticas «justas, ordenadas y equitativas» más que en una reducción dramática de las emisiones de gases con efecto invernadero o una nueva política de decrecimiento económico y transición energética. Por ello, también, la declaración reconoce expresamente que los combustibles fósiles continuarán desempeñando un papel relevante, particularmente en las «economías emergentes». Eso realmente demuestra poca ambición climática y poca capacidad para implementar una transición desde la periferia – un etapismo económico que sigue siendo un lastre de proporción histórica, pero muy funcional para las elites en el poder dentro de los BRICS mismos.

Esa combinación revela una contradicción significativa. Los BRICS incorporan una agenda climática que se ha vuelto típica del Sur Global (sobre todo de sus polos más interesados en mantener economías del desarrollo), porque entre sus integrantes se encuentran algunos de los mayores productores y consumidores mundiales de petróleo, gas, carbón, ganado y monocultivos y cuyas economías extractivistas no tendrían posibilidad de «desarrollo» o «crecimiento» sin mantener una matriz energética dependiente del complejo fósil-industrial. Por tanto, existe consenso entre esos polos en exigir más financiación internacional y cuestionar medidas climáticas consideradas proteccionistas, pero no sobre un abandono colectivo de los combustibles fósiles y una transformación profunda del modelo económico dominante. Desde América Latina esto plantea una cuestión urgente y crucial. Una transición energética multipolar puede favorecer acceso a inversiones, energías renovables, baterías y nuevas tecnologías, pero también puede reproducir un patrón histórico basado en el extractivismo y la exportación de materias primas. Repetición de la historia en tiempos de una nueva revolución tecnológica liderada por el auge de la Inteligencia Artificial y todo lo que sus centros de datos y plataformas industriales necesitan.

Una investigación reciente desde la economía política crítica publicada en la revista digital Frontiers plantea precisamente este dilema. La creciente inversión china en litio, cobre, níquel, vehículos eléctricos y cadenas de baterías ha ampliado las posibilidades de diversificación latinoamericana y ha ofrecido cierto escape del dominio comercial y geopolítico de Estados Unidos, pero no garantiza por sí sola una ruptura con la dependencia y, mucho menos, con el extractivismo capitalista. Dado que los minerales estratégicos ya se extraen en América Latina de modo creciente mientras la tecnología, la industrialización y el valor agregado permanecen en otros centros económicos, lo que estamos viendo surgir son modalidades nuevas de «extractivismo verde» vinculadas a la transición energética global que está avanzado no solo de modo desigual, sino también ralentizado y muy por detrás de lo que requiere un compromiso serio con minimizar el impacto de la crisis climática. El problema no es entonces únicamente quién controla el petróleo, sino también quién controla el litio, las baterías, las redes eléctricas y las tecnologías de descarbonización. Y no es un secreto que es el capital transnacional el que está firmemente en control de todos estos procesos.

Esta cuestión adquiere más urgencia en un contexto político latinoamericano que solo puede ser descrito como el de un avance desenfrenado al retorno de la extrema derecha tras resultados electorales conservadores como lo hemos visto en países desde Colombia y Perú hasta Honduras y El Salvador, aunque las situaciones nacionales sean distintas y no constituyan un patrón completamente homogéneo. Podemos ver ya cómo este escenario deprimente puede debilitar una estrategia regional común frente a los BRICS pues algunos gobiernos – bajo amenaza comercial y militar – ya están privilegiando la asociación con Washington, mientras otros buscan diversificar sus relaciones mediante China, India, Brasil y las instituciones BRICS. Aunque sea imposible ignorar el creciente peso comercial y tecnológico asiático para gobiernos políticamente cercanos a Estados Unidos, ello no basta para persuadirlos de que estrechar la alianza con Washington realmente equivale a la perpetuación de la subalternidad y la dependencia.

Tampoco conviene identificar automáticamente a BRICS con un proyecto progresista y, mucho menos, emancipador. Debemos distinguir entre la redistribución del poder entre Estados y una transformación de las estructuras económicas y sociales subyacentes al extractivismo y el consumismo pues una multipolaridad más equilibrada también puede coexistir con creciente desigualdad, concentración de riqueza y nuevas modalidades de conflictos entre élites económicas y clases subalternas.

Lo que ocurra en Brasil en las próximas elecciones brasileñas es de particular importancia porque va a trascender la disputa doméstica. Por su peso económico, territorial, militar y por su papel en los BRICS, Brasil está frente a una disyuntiva. El gigante suramericano está ante una encrucijada. Puede seguir actuando como un eje de autonomía regional y de reconstrucción de mecanismos de integración latinoamericana o dar un giro ultraderechista y retornar a una política exterior más alineada con la estrategia de Washington para Latinoamérica y el mundo. En este momento, Brasil está ante una eventual continuidad de Lula y el PT – con todas las ambivalencias y contradicciones históricas del lulismo – y seguir como un «dique» frente al avance regional de fuerzas de derecha radical y proyectos de restauración neoliberal – con apoyo estratégico desde Tel Aviv. Pero también está ante una posible victoria de Flávio Bolsonaro que repita en Brasil lo de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, etc. gracias a la sistemática intervención de Estados Unidos en el proceso electoral brasileño. Estados Unidos está activamente buscando en Brasil y en toda la región formas de reforzar el alineamiento hemisférico, subordinar los esfuerzos de integración regional y orientar activos estratégicos – incluidos defensa, minerales críticos y transición tecnológica – hacia esquemas promovidos desde Washington como el llamado «Corredor Andes-Atlántico» en Argentina, la reactivación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y su articulación con el Escudo de las Américas y el Proyecto 2025 y, con todo ello, la reactivación total de la Doctrina de Seguridad Nacional empleada por EE.UU. durante la Guerra Fría. En todo esto lo que está en juego una vez más es el margen de autonomía geopolítica y económica de América Latina en un orden internacional cada vez más multipolar, pero también más contradictorio y entrando a una nueva época oscura de guerra fría entre las grandes potencias (China vs Estados Unidos) y guerras muy calientes entre los estados vasallos y semicoloniales y aquellos que demandan mantener su soberanía y su propio modelo económico.

Por ello, para América Latina la cuestión central no es simplemente elegir entre «Occidente» y los BRICS. El desafío consiste en determinar si la multipolaridad puede utilizarse para aumentar capacidad de negociación, industrialización, soberanía tecnológica y financiación climática, o si terminará diversificando las dependencias sin modificar el patrón extractivo y el capitalismo del desastre social, ambiental y climático. Como lo pone Mario Campa para Diario Red: «América Latina está obligada a la articulación para ganar márgenes de negociación ante las agresiones asimétricas que hoy son norma en las relaciones internacionales». La crisis climática también hace esta disyuntiva especialmente visible porque una transición energética puede ampliar la autonomía del continente, pero también y como ya lo estamos viendo intensificar la competencia entre las grandes potencias sobre sus minerales, territorios y ecosistemas.