Un alcalde guatemalteco utilizó papel membretado de la municipalidad para hacer pasar un cargamento de cocaína como una donación de cemento. Romeo Ramos Cruz, exalcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, acaba de declararse culpable en Estados Unidos de conspirar para importar cocaína, después de admitir que puso la alcaldía, sus documentos y parte de su estructura al servicio del negocio. También nombró a un narcotraficante en un cargo importante de la Policía Municipal. Pero antes de llegar al cargo, alguien tuvo que entregarle un símbolo, aprobar su candidatura y presentarlo ante los electores como una opción legítima de gobierno. Y el TSE tuvo que inscribirlo para poder ser electo.

Ramos no es una excepción. Desde 2019, al menos cinco alcaldes, exalcaldes o candidatos municipales guatemaltecos han sido extraditados a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Otros como el exdiputado Ubico se han entregado. Pasaron por el Partido Unionista, UNE-Gana, comités cívicos, Partido Patriota, Podemos, PPT, Cabal y FCN-Nación. Cambiaron los colores y los emblemas, pero todos encontraron una organización dispuesta a convertir dinero, influencia y control territorial en una candidatura.

Érick Súñiga, alcalde de Ayutla, se entregó a la DEA. Carlos Preciado Navarijo, exalcalde de Ocós, fue condenado a diez años. Esvin Marroquín Tupas gobernó Cuilapa antes de ser extraditado. Mario Rigoberto Ascencio, candidato de FCN-Nación a la alcaldía de Salamá, recibió una condena superior a veintiún años. Ninguno apareció espontáneamente en una papeleta. Fueron reclutados, negociados, aceptados y promovidos por estructuras partidarias que encontraron en ellos lo que más valoran durante una campaña: recursos, movilización y votos.

Los partidos guatemaltecos funcionan cada vez más como franquicias electorales. La dirigencia central aporta la inscripción legal, el símbolo y el acceso a la papeleta. El aspirante local lleva el dinero, los vehículos, la publicidad, los fiscales y el control territorial. Mientras la alianza produce alcaldías y financiamiento, todos celebran el resultado. Cuando llega la orden de extradición, el partido descubre repentinamente que apenas conocía al candidato.

El narcotráfico no necesitó fundar su propio partido. Aprendió a utilizar los existentes. Tampoco tuvo que infiltrarse siempre en organizaciones sólidas, con identidad ideológica y controles internos. Encontró partidos dispuestos a alquilar el símbolo al mejor postor y secretarios generales capaces de alegar desconocimiento después de haber autorizado la candidatura, negociado la planilla y celebrado la victoria.

Mario Estrada llevó esa lógica al nivel presidencial. Como fundador y secretario general de la UCN, solicitó dinero (y la eliminación de candidatas opositoras) a quienes creía integrantes del Cártel de Sinaloa y ofreció, a cambio, acceso a puertos, aeropuertos y cargos estratégicos dentro del Estado. Fue detenido en Miami en 2019 y condenado a quince años de prisión. La UCN sobrevivió hasta finales de 2021, tiempo suficiente para que buena parte de sus operadores buscara acomodo bajo otros símbolos.

La lentitud del Tribunal Supremo Electoral no es una simple deficiencia administrativa. Termina funcionando como protección institucional. La extradición de un candidato no puede producir automáticamente la cancelación de todo un partido, porque deben respetarse el debido proceso y la responsabilidad individual. Pero sí debería activar inmediatamente una auditoría extraordinaria: quién propuso la candidatura, quién la aprobó, de dónde vino el dinero, qué señales fueron ignoradas y qué beneficios recibió la organización. Y reportar al Ministerio Público el caso para abrir una investigación.

El problema es que el expediente suele caminar más lentamente que la red. Cuando el TSE finalmente resuelve, el partido ya compitió, obtuvo cargos, recibió financiamiento público o trasladó sus cuadros a otra organización. Se cancela un nombre cuando la franquicia ya abrió una nueva sucursal.

El Ministerio Público bajo Consuelo Porras no inició ninguna investigación de oficio al secretario general y los partidos que brindaron apoyo a las candidaturas extraditadas. Tampoco reconstruyó e investigó las redes políticas y económicas que rodean a los extraditados. Guatemala captura y entrega a quienes reclama Estados Unidos, pero rara vez investiga hasta el final a quienes financiaron sus campañas, facilitaron sus negocios o aprovecharon electoralmente su poder territorial. La justicia empieza en la puerta del avión que se los lleva. Aquí se queda la impunidad.

Miguel Martínez representa la otra cara de este sistema. Estados Unidos lo sancionó por esquemas de sobornos, manipulación de contratos y aprovechamiento personal del poder que acumuló como jefe del Centro de Gobierno. Entre las razones expresamente señaladas por el Departamento del Tesoro figura su intervención en la compra de dieciséis millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V y la solicitud de grandes comisiones ilegales para facilitar la operación. Es el episodio que en Guatemala quedó grabado como el robo de las vacunas: millones pagados por adelantado, dosis que no llegaron como se había prometido y ninguna explicación satisfactoria sobre quién se benefició.

Martínez trató de salir de la lista de la OFAC y llevó su reclamo ante una corte federal, pero volvió a perder. En Estados Unidos debe contratar abogados, litigar y responder ante un expediente por corrupción; en Guatemala no existe una investigación equivalente que explique el manejo de las vacunas, el origen de su fortuna ni la red política y empresarial que sostuvo su poder.

Las extradiciones sacan del país a algunos criminales, pero dejan sentados en la mesa a quienes los hicieron candidatos, financiaron sus campañas, aprovecharon sus votos y protegieron sus redes. El avión despega, el partido cambia de nombre y el TSE continúa tramitando un expediente que llegará tarde. El verdadero escándalo no es que el narcotráfico y la corrupción hayan entrado en la política, sino que la política los haya recibido, utilizado y protegido. Y que nadie, ni el partido ni el TSE paguen las consecuencias de sentarlos en las municipalidades y el Congreso para seguir delinquiendo a costa de los ciudadanos.