El escueto, pero sustancioso, comunicado del Encargado de Negocios (de hecho, embajador en funciones) de la Embajada Estados Unidos, John M. Barrett, criticando la lista confeccionada por la Comisión de Postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral, debe verse no solo como un grande y merecido jalón de orejas a las más altas autoridades universitarias y demás miembros de la Comisión de Postulación, sino también debe leerse entrelíneas y ver lo que hay detrás, de lo cual pocos o nadie están conscientes.

 Este fue el itinerario temporal. La Comisión de Postulación entregó al presidente del Congreso el listado de los veinte nombres, de entre los cuales el pleno de diputados tendría que elegir, para integrar el Tribunal Supremo Electoral, a cinco magistrados titulares y cinco suplentes.

La Embajada de Estados Unidos debió conocer la lista en tiempo real o con muy poco retraso. En forma simplista, muchos guatemaltecos, aún los avezados en asuntos políticos, pudieron pensar que, en el mejor de los casos, la Embajada no se daría cuenta que figuraban nombres ligados al crimen organizado y narcotráfico o, en el mejor de los casos, que solo investigarían, con resultados tardíos, porque los magistrados estarían ya nombrados. Al final, no pasaría nada.

Pero el asunto no fue así. La embajada tiene folders (antes físicos, hoy digitales) de diputados, políticos, gobernantes, fiscales, jueces, magistrados, rectores y otras autoridades universitarias, renombrados hombres de negocios, sindicalistas, periodistas destacados, narcotraficantes, lavadores, mareros, especialmente del Barrio 18.  Estos folders no están integrados solo con recortes de periódicos, aunque pueden incluirlos, sino, sobre todo, con información resultado de investigaciones de la embajada, de diversas agencias estadounidenses que operan en el país, un número mayor de lo que se piensa, de informantes y de revelaciones hechas por narcotraficantes y políticos guatemaltecos extraditados a Estados Unidos que, por cierto, en la última temporada, suman ya varias decenas. También figura aquí personal especializado de la Embajada investigando el lavado de dinero, que es una forma eficiente de seguirle la pista a los narcotraficantes, así como al crimen organizado en Guatemala. En suma, la Embajada maneja un cúmulo de información sumamente grande.

Por ello, al conocer los nombres del listado de los veinte seleccionados, en la Embajada los funcionarios consultaron sus folders, para, con pena y sorpresa, comprobar que muchos nombres estaban ligados al bajo mundo.

Para darse cuenta de lo que pasaba, no necesitaron realizar ninguna investigación, como creían la mayoría de los guatemaltecos, inclusive los miembros de la Comisión de Postulación, sino que les bastó abrir sus folders.

Esto le permitió a la Embajada, con una inmediatez increíble, emitir un comunicado que, aunque todos conocemos, lo transcribo por su importancia histórica: “Las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE, priorizando sus propios intereses por encima del bienestar del país y sus instituciones”. Abajado figura la fotografía y nombre de Barrett y la bandera de Estados Unidos.

Para los guatemaltecos hubo dos sorpresas. La primera, la rapidez con la que reaccionó la embajada. Luego, la forma abierta, clara, breve y concreta de referirse a la lista, señalando que los Comisionados abrieron las puertas al crimen organizado y narcotráfico. Hasta la fecha, nunca la Embajada había reaccionado de forma tan clara y enfática. Pero, los tiempos cambian. Hasta ahora, en estos casos, por instrucciones de su cancillería, la Embajada guardaba silencio. Usaban otras herramientas como el retiro de la visa y la inclusión en la lista Engel o, en casos extremos, la aplicación de la Ley Magnistsky, como le aconteció a Miguelito, quien pese a haber contratado, a un alto costo, a un abogado experto en litigar casos de extradiciones, Alexei Schacht, por más de año y medio no ha logrado nada. No es un asunto de Republicanos o Demócratas, sino bipartidista, lo cual gran parte de las cúpulas de Guatemala aún no han entendido.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos perseguía a los comunistas. Terminada la Guerra Fría, a los violadores de los derechos humanos. Ahora a los narcotraficantes y lavadores, y a sus patrocinadores y a sus beneficiarios, que pululan en el mundo político procurando la corrupción en gran escala. Para el gobierno de Estados Unidos, los narcotraficantes y lavadores son hoy como los comunistas en la Guerra Fría. Los Compañeros de Viaje serían los compinches políticos de los narcotraficantes. En algún sentido, la historia es circular.

Ahora, nadie en Guatemala debería ya dudar que la Embajada maneja más información de la que generalmente se cree. En Washington, en el Departamento de Estado, hay un ejecutivo encargado del Desk (escritorio) de Guatemala, que también dispone de toda la información de la embajada y la que pueda llegarles de otras fuentes, para consulta inmediata, sin necesidad de recurrir a la Embajada. En el pasado, en Washington yo lo conocí directamente, pero eso, como se dice, esto son otros cien pesos.

Voy a poner dos casos para ilustrarlo. El primero, el del ingeniero y periodista José Rubén (Chepe) Zamora. La Embajada tiene la información de que el juez Fredy Orellana (sin visa de Estados Unidos) no le permitió a Zamora presentar sus pruebas de descargo de la imputación de lavado de dinero, que comprendía copia de cheques, de estado de cuenta y de testimonio del Banco Industrial, que probaban el origen lícito de los fondos, que en efectivo secuestró la fiscalía. Si no se le permitió presentar sus pruebas de descargo, estaba condenado de antemano. No tuvo acceso a la legítima defensa. También la Embajada sabe que en el juicio, a Zamora, en parte, lo juzgaron inclusive de acuerdo a leyes de otro país, cosa nunca antes vista en los anales jurídicos del mundo. Y en la sentencia, la jueza presidente al leer la condena al periodista a seis años de cárcel, previamente aseveró que el Ministerio Público no pudo probar el origen ilícito del dinero. Entonces, lo condenaron sin pruebas. El juicio fue anulado y tendrá que repetirse.

La Embajada conoce todo ello por sus propios medios. También debe disponer de copia de la documentación recabada por el Vance Center for International Justice y por el Nueva York State Bar Association (la barra de abogados de Nueva York), quienes estuvieron presentes en todas las audiencias públicas del juicio a Zamora y que cuentan con toda la información del caso. De los documentos extensos, la Embajada también podría disponer además de briefings (resúmenes) que hoy, con la velocidad del rayo, realiza muy bien la IA.

El segundo caso con el que ilustro este artículo es el de la fiscal general Consuelo Porras, quien entregará el cargo en tres meses. La Embajada y Desk de Guatemala en el Departamento de Estado en Washington disponen de toda la información de su actuación pública, tanto de su participación en la persecución a Zamora, a otros periodistas y fiscales, jueces y magistrados, así como también de cómo abrió las puertas a ministros y otros funcionarios corruptos y del encubrimiento de hecho procurado a favor de expresidentes como Giammattei o Jimmy y a Miguelito. Todo lo saben. Que lo tengan bien guardadito es otra cosa. Pero, ahora parece que John Barrett viene con instrucciones más precisas de callar menos y hablar más, para evitar que el país siga siendo gobernado por los políticos más corruptos y deleznables, compinches de narcotraficantes. Sus pronunciamientos públicos, como el citado en este artículo, seguramente molestarán a la derecha fundamentalista, que los verá como violación de la soberanía guatemalteca, tal y como lo manifestaron reiteradamente en el pasado.

Y de Porras, saben tanto de todo lo que ha hecho, como también de lo que no hizo, o no quiso realizar, en sus ocho años en el cargo. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi denunció los vuelos de narco naves que, procedentes de Venezuela, aterrizaban en países como Guatemala, con droga enviada por el Cartel de los Soles y el entonces presidente Nicolas Maduro. En Guatemala, esos vuelos, con total impunidad, aterrizaron durante los gobiernos de Jimmy y Giammattei, algún año, fue de más de uno por semana. La fiscal estadounidense señaló que funcionarios de los gobiernos recibieron sobornos por permitir esos vuelos, lo cual, en el caso de Guatemala, Porras nunca investigó. La Embajada lo conoce con total detalle.

¿Aprenderán los miembros de las Comisiones de Postulación y de otros entes que hoy están participando en las elecciones de segundo grado que su comportamiento está siendo vigilado no solo por los guatemaltecos y tanques de pensamiento, sino por las cancillerías de los países desarrollados, entre ellos Estados Unidos, y que inclusive, pueden quedarse sin visa y terminar en la lista Engel y también con un merecido jalón de orejas público? Poco probable, porque los intereses en juego son grandes y siempre es difícil escarmentar en cabeza ajena.

 Ojalá que las autoridades universitarias que, por su actuar en la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral, abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes pierdan su visa estadounidense y sean incluidos en la lista Engel. Su merecido. No estuvieron a la altura de la historia, sino en palabras de la Embajada, priorizaron “sus propios intereses por encima del bienestar del país y sus instituciones”. Dando un paso adelante, yo pregunto, ¿cuáles fueron esos intereses propios que priorizaron? Si la Embajada se atreve a decirlo es porque lo sabe. Todos lo intuimos, porque al entendido por señas.

Aunque sea poco probable, es una pena que el hoy encargado de negocios, John Barrett no sea designado Embajador y que luego sea confirmado por el Senado estadounidense. Al pájaro se le conoce por la pluma. Para mí, basta este comunicado para entender su tesitura.

En Guatemala, el deseo generalizado es que se limpie el país, cuyos entes estatales apestan a reposadera, para que así impere la ley, las reglas claras y estables y el Estado de Derecho, que no es de derechas ni de izquierdas, sino de Derecho. La ley no debe aplicarse de acuerdo a criterios ideológicos y políticos, sino de forma lo más químicamente pura posible. Y en el camino, debemos deshacernos de centenares de cafres. Es repugnante tener que verlos hoy en la pantalla de la televisión vestidos de seda. Pero, aunque los corruptos se vistan de seda, corruptos se quedan.