Argentina vuelve a demostrar que estabilizar una economía no garantiza su sostenibilidad. Para ser justos, Milei no la tenía fácil; heredó una economía devastada, con inflación en niveles hiperinflacionarios, reservas exhaustas y un aparato estatal corroído por décadas de déficit crónico y corrupción. Debe reconocerse que el plan de Milei, inspirado en su credo libertario, a diferencia de otros planes de estabilización en Argentina, redujo considerablemente el gasto público, alcanzando un superávit primario que nadie esperaba. Paradójicamente, en el aspecto cambiario, Milei terminó pareciéndose más a los tecnócratas de los noventa: anclando las expectativas al dólar por medio de un tipo de cambio que se va devaluando poco a poco, controlado por el gobierno, y depositando la fe en que el tipo de cambio puede domesticar la inflación.

Ese ajuste drástico, sustentado en el recorte de subsidios, la reducción de programas clientelares y el superávit primario, se complementa con la eliminación de controles de precios, la promoción de privatizaciones y tasas de interés muy altas para absorber liquidez. La combinación permitió domar una inflación que parecía fuera de control: en pocos meses pasó de niveles hiperinflacionarios a un 2–4% mensual. El costo, sin embargo, ha sido grande: una tasa de crecimiento económica negativa en 2024, desempleo en aumento y una población que no logra recuperar sus ingresos. En lo cambiario, Milei apostó por una devaluación paulatina administrada por el gobierno, acompañado de una dolarización informal que permite a los agentes económicos moverse hacia moneda dura. Este esquema, reforzado por la recuperación de las exportaciones ha dado un respiro a las reservas internacionales y permitió abrir negociaciones con el FMI.

Sin embargo, la sostenibilidad del plan no depende solo de balances contables: la historia argentina muestra que ningún ancla cambiaria sobrevive cuando la paciencia política y social se agota. Como lo demuestra la investigación de C. Végh, prestigioso economista que ha estudiado las estabilizaciones basadas en el tipo de cambio en América Latina: la desinflación rápida se logra a costa de una sobrevaluación real de la moneda doméstica, porque los precios internos se ajustan más lento que la depreciación del dólar. Al inicio, la caída de la inflación y tasas reales negativas alimentan un espejismo de consumo e inversión, pero con el tiempo la competitividad externa se erosiona, el déficit comercial se amplía y las reservas internacionales comienzan a drenarse. El riesgo es que, ante cualquier shock, los mercados anticipen la insostenibilidad del esquema cambiario y ocurra el temido ataque especulativo contra el tipo de cambio que se quería evitar.

La Argentina de 2025 camina al filo de ese guion. Las reservas internacionales brutas se han reforzado gracias al repunte de las exportaciones y a los desembolsos del FMI, mientras el país exhibe por primera vez en casi veinte años un superávit financiero. Pero al mismo tiempo la sociedad acusa el desgaste de las reformas, los capitales vuelven a huir —como ocurrió hace unas semanas tras un revés electoral del oficialismo— y el Congreso sigue siendo un obstáculo. En este marco, el rescate de Donald Trump —un swap de veinte mil millones de dólares y compras de bonos en el mercado— funciona más como un puente de liquidez que como una solución definitiva. El auxilio externo reduce, por ahora, el riesgo de una corrida cambiaria y da oxígeno al gobierno para sostener su narrativa, pero, como advierten los modelos de Végh, sin reformas estructurales ese alivio no hará más que posponer un ajuste inevitable.

Milei seguramente lo sabe: el peligro real en estos momentos es confiar en que el financiamiento externo sustituya las reformas pendientes. Las rigideces del mercado laboral, la fragilidad institucional y la dependencia exportadora de productos primarios siguen intactas. La sobrevaluación del peso no se corrige sola, y la impaciencia electoral en vísperas de las legislativas de octubre amenaza con dinamitar la disciplina fiscal. Sin una base política más amplia que la militancia libertaria, sin redes mínimas de protección social y sin un Congreso dispuesto a sostener la apertura y la flexibilización, el plan corre el riesgo de repetir la vieja secuencia: euforia inicial, agotamiento social y colapso abrupto.

La paradoja de Milei es que su proyecto combina una ortodoxia fiscal contundente —superávit primario a cualquier costo— con una marcada fragilidad política. En la medida en que el éxito del plan descansa más en la paciencia de la sociedad y la credibilidad de los mercados que en un andamiaje institucional sólido, el riesgo mayor no está en los números de corto plazo, sino en la política.

La experiencia argentina debería servir de advertencia a Guatemala. Los equilibrios macroeconómicos pueden recomponerse con ajustes drásticos y con apoyos externos puntuales, pero sin un consenso político amplio, sin instituciones capaces de sostener la disciplina fiscal y sin una estrategia clara de desarrollo productivo, todo avance es transitorio. Guatemala no enfrenta hiperinflación, pero sí arrastra déficits crónicos en infraestructura, educación y competitividad que no se corrigen con anclas cambiarias ni con parches fiscales, ni con atajos absurdos que prometen soluciones fáciles. La lección es que la estabilidad no puede depender de la paciencia social, de las modas del momento ni del azar político, sino de construir un Estado con capacidad real de ejecutar y una economía que genere oportunidades más allá de la coyuntura. En este sentido, Milei aún podría convertir el ajuste en una salida duradera si logra ampliar consensos y sostener las reformas, pero la espada de Damocles descrita por Végh —el desgaste social y la fragilidad política— sigue pendiendo sobre su cabeza: estabilizar rápido, crecer un instante y derrumbarse después. Guatemala, el país de la eterna estabilidad, debería tomar nota: sin un Estado capaz y sin una estrategia productiva, la estabilidad puede durar, pero no alcanza para generar desarrollo.