Opinar sobre un tema cualquiera es un derecho humano garantizado por la Constitución Política de la República. Ese derecho de emitir el pensamiento es parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este derecho es un pilar fundamental de la democracia. Quien no lo considere así, definitivamente no puede decir que cuenta con un pensamiento de corte democrático.

Pero una cosa es opinar y otra es violentar el derecho de otros a expresarse. La libertad de expresión, como todas las libertades existentes, tiene límites. Ninguna libertad es ilimitada. Algunos aún se preguntan cuáles son esos límites. Y la respuesta no es para nada complicada. Todas las libertades terminan cuando chocan con las libertades de otros. Es decir que nuestra libertad termina cuando topa con la línea fronteriza de la esfera de un tercero.

Por eso, hemos comenzado a notar la ausencia de algunas opiniones. Esas que se extralimitaban llegando al extremo de mancillar la dignidad de otros. Tarde o temprano tenían que desaparecer. Y aunque no lo han hecho totalmente, su camino al fin ya va avanzado. Sus benefactores han desaparecido del mapa público y ya no tienen quien los defienda. Hasta la salida de Consuelo Porras, su secretario Ángel Pineda y el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, había personajes e instituciones que respaldados por esa protección decían y hacían lo que les venía en gana.

Pero esos tiempos han pasado a la historia. Y aunque algunos quisieran que el cambio de ambiente fuera radical, hay que tener paciencia. Poco a poco se irán notando los cambios hacia el retorno de la institucionalidad y el fin de los abusos.

Ya hacer rato que no salen a luz pública los posicionamientos radicales de la Fundación Contra el Terrorismo. Tampoco hemos escuchado las declaraciones abusivas y prepotentes de sus máximos líderes. Menos aún hemos leído en las redes sociales los anuncios previos a la captura de algún enemigo de ese régimen de opacidad y corrupción. Se acabaron los anuncios de las caídas de halcones. Obvio, ya no cuentan con la información anticipada de las acciones que antes les facilitaba ser parte de esa estructura que, aunque legal, actuaba con la mayor cantidad de ilícitos a su alcance.

Tenemos que seguir fomentando el respeto a las libertades, el respeto a los derechos de todos, porque jugar sucio es actuar como ellos lo hacían. Por supuesto que hay que actuar dentro del marco de la ley, pero eso tampoco significa ser pasivos ni compasivos. Debemos, por todos los medios posibles, hacer que quienes se encargaron y siguen encargando de violar la ley, paguen.

Deben pagar como la ley lo indica. Deben ir a la cárcel por sus delitos. Debemos actuar como un equipo, aportando para que las autoridades hagan lo propio. Solo haciendo lo que nos toca nos dará la solvencia de reclamar a aquellos que no hagan su parte.

Periodista y Profesor Universitario