La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo recién ha ordenado al Consejo Superior Universitario -CSU- de la Universidad de San Carlos convocar a elecciones en un plazo de cinco días para renovar a todos sus integrantes, siendo que la mayoría llevan tiempo mayor a lo permitido en sus poltronas. Como ya lo hemos subrayado en columnas anteriores actualmente 36 de los 41 miembros han excedido de su período.

La medida comentada hoy responde a un amparo de la comunidad universitaria que ha venido denunciando la ilegitimidad en las decisiones del CSU, que se ha apoltronado desde 2022, aduciendo que desde la pandemia no ha habido condiciones para eventos eleccionarios. Ante tales excusas, incluso la Corte de Constitucionalidad ya ha sentenciado que ello no resulta válido en estos momentos.

La Contraloría de Cuentas ya ha venido señalando una serie de irregularidades al respecto, y se mantiene una auditoría en curso. Son múltiples los sectores que han alzado su voz al respecto, siendo surrealista la presencia de un personaje que ha gozado de prebendas en tal recinto desde hace dos décadas, simplemente porque los tribunales electorales de los colegios de auditores y el de ciencias económicas no se ponen de acuerdo en su remoción, y convocatoria a elecciones.

¿Qué es lo que está en juego dentro del CSU? Pues simplemente el uso y disfrute del megarubro que forma parte del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2025. Se trata de una tajada del rubro denominado Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro. Dentro del mismo la USAC tiene una asignación de Q3,070 millones. El mismo se incrementó en Q395 millones del 2024 para el 2025.

La Universidad cuenta con un presupuesto aprobado en diciembre pasado, equivalente a Q3,512 millones, de los regímenes Ordinario y Específico. El llamado régimen específico, equivalente para 2025 en Q353 millones, y comprende ingresos diversos, principalmente vinculados a la matrícula de los postgrados.

Resulta patológico que en la asignación de los recursos dentro de la máxima casa de educación superior tan sólo un 1% de los mismos se dedica a inversión, siendo en las grandes universidades del mundo la principal preocupación del gasto: laboratorios científicos, grandes aulas para conferencias de buen calado, edificios espaciosos, canchas y gimnasios deportivos y descentralización del espacio hacia los centros regionales -que hoy son municipales y dispersos- y además concentrados en las carreras tradicionales de Humanidades, Derecho y Auditoría.

Cerca del 40% del presupuesto se dedica a funcionamiento, principalmente pago de buenos sueldos de la carrera docente. Pero lo más anormal es que el 60 % del total de los recursos transferidos por el fisco se dedica al mantenimiento de las jubilaciones. Ello implica que no se trata de un programa autofinanciable, y que se magnifica como bola de nieve cuando se crean centros municipales como el de Mixco, que acumulan un ejército de docentes en carreras tradicionales, fuera del mundo científico y de la ansiada productividad del trabajo moderno y la competitividad.

Digno de comentar a la vez es la asignación para investigación de la citada casa de estudios, que es de tan sólo el 1%. Del total de lo presupuestado la Rectoría cuenta con una holgada asignación, mayor a los Q22 millones; mientras que las facultades de Ciencias Económicas, Derecho y Humanidades absorben altas cantidades, siendo estas, respectivamente de Q67.3, 47.4 y 46.9 millones respectivamente.

Tales son los privilegios que están en juego, además de las pugnas que se magnificaron con las reformas constitucionales de 1,993 que permitió la postulación de magistraturas y elección de Contralor de Cuentas, y en donde la universidad estatal cuenta con un sitial de privilegio.

Todo ello se produce en un clima de chatura moral sin precedentes. En reciente foro celebrado en el Auditorio René Poitevin de FLACSO y que contó con la participación de destacados juristas del medio, se hizo notar que, dentro de la decadencia judicial, es de especial importancia la mediocridad con la que está operando la educación superior.

Al igual que la Universidad de San Carlos, El Consejo de la Enseñanza Privada Superior ha venido mostrando falencias importantes. Y es que todo el sistema se mueve en función del irracionalismo de las comisiones de postulación. Resulta evidente, de acuerdo con los destacados juristas invitados que, se hace urgente una nueva visión de constitucionalismo transformador que, principalmente, anule los vicios de las reformas constitucionales de 1993.

Durante su corta vida como mandatario, y previo a ello como Procurador de los Derechos Humanos, tuve especial aprecio por el Licenciado Ramiro De León Carpio, ex presidente de la República. Pero, debemos recordar que su espaldarazo a la depuración del Congreso, con los resultados de una nueva reforma constitucional, nos ha mostrado que ciertos diz que correctivos en esta corta vida democrática, han sido un remedio peor que la enfermedad.

La reelección de alcaldes, la postuladora para elegir Contralor de Cuentas, las formas complejas de elección de cortes de apelaciones, y otros muchos vicios, vienen del propio diseño constitucional. Y no digamos las dimensiones en las que se han convertido los aportes constitucionales e institucionales, que vienen provocando la reticencia de los miembros del CSU y del propio rector Mazariegos -un personaje harto criticado en los medios- por abrirse a la apertura democrática que ha venido siendo judicializada en las cortes, y que es inminente pese a los torpedeos.