El arancel recíproco del 10% que impuso Trump fue, paradójicamente, un experimento de laboratorio que Guatemala no pidió, pero que necesitaba. En cuestión de días mostró, con una crudeza que ningún estudio, seminario o congreso logra: lo frágil que puede ser un sector entero cuando depende de una variable exógena que se mueve fuera del control del país. Aunque el sector exportador —especialmente el no tradicional— viene resintiendo ese golpe desde hace nueve meses, muchos empresarios siguieron operando bajo la expectativa de que ese cargo adicional desaparecería pronto. Hoy, con un acuerdo firmado para reducir esos aranceles, muchos exportadores respiran con alivio, aunque la eliminación todavía no se haya hecho efectiva. Para quienes no se vieron beneficiados, seguir “aguantando” indefinidamente no es sostenible.

No todos los rubros corrieron la misma suerte: una porción relevante de nuestras exportaciones a EE. UU. seguirá estando afectada por el 10%. El sector de minivegetales, frutas y hortalizas no está celebrando el alivio. Al contrario: arveja, mora, frambuesas, minivegetales y otros productos quedaron fuera del beneficio y siguen pagando ese recargo. AGEXPORT ha advertido que alrededor de US$1,530 millones —cerca del 10% de las exportaciones totales— quedaron excluidos. Esa exclusión no es un detalle técnico: en productos perecederos, de márgenes estrechos y competencia feroz, un 10% no es “un costo más”; es la diferencia entre sobrevivir o desaparecer; entre sostener una ventana estacional de exportación o quedar fuera del anaquel por todo un año. Más aún si se considera que, en varios de estos productos, México compite sin ese recargo y además de ventajas logísticas evidentes —proximidad, infraestructura fronteriza— y cadenas de suministro más integradas.

Hasta aquí, la lectura fácil es culpar a Trump y exigir que “nos incluyan”. Por supuesto que hay que pelearlo, explicarlo bien, documentarlo y negociar. El propio marco del acuerdo deja claro que la lógica estadounidense fue selectiva y que el 10% seguirá aplicando a muchos bienes. Pero la lectura útil, la que habría que internalizar de una vez por todas, es otra: si un solo factor externo puede ahogar por completo a un sector tan sensible, es porque ese subsector ya tenía el agua al cuello. El arancel de Trump no creó la vulnerabilidad; la reveló.

Aquí entra el tema que Guatemala evita mirar de frente: la inmensa cantidad de “aranceles ocultos” que pesan sobre la actividad exportadora y sobre la economía en general. Son aranceles que no se pagan en la aduana de EE. UU.; se pagan en forma de sobrecostos, demoras, riesgos, fricción y trabas innecesarias al funcionamiento de la maquinaria económica. Un contenedor que pierde horas por trámites redundantes, discrecionalidad o “interpretaciones” cambiantes paga, en tiempo y costos de transacción, un impuesto implícito a la exportación. Una carretera donde el producto perecedero se vuelve rehén de cuellos de botella, accidentes, travesías urbanas eternas y tiempos impredecibles opera igual: es otro impuesto. Un sistema de permisos, inspecciones y certificaciones que no se coordina, que repite papeles y castiga al empresario formal se convierte en un gravamen adicional. Lo mismo ocurre con la extorsión, el “costo de seguridad” y el robo hormiga en rutas y bodegas. La energía cara e inestable en el interior del país, que pone en jaque la cadena de frío, funciona también como impuesto. La incertidumbre regulatoria, que obliga a operar con colchones de inventario, tiempo y capital, termina produciendo el mismo efecto.

En muchos de los productos que quedaron fuera del beneficio esos impuestos ocultos son letales porque el mercado no perdona: se compite por puntualidad, consistencia y calidad; por responder a la velocidad del mercado. No hay “tolerancia macro”. Si el embarque llega tarde, no hay excusa que lo rescate: hay penalidad, sustitución de proveedor y pérdida de confianza. Por eso sectores como el de minivegetales y confección de vestuario funcionan como un canario en la mina: cuando el canario se desmaya, la mina ya estaba llena de gas. Que otros sectores sigan recibiendo una bocanada de aire no significa que el gas haya desaparecido; significa, apenas, que todavía no les ha faltado el oxígeno.

Es verdad que eliminar ese 10% depende de factores que Guatemala no controla: la política comercial estadounidense, las prioridades del USTR, su definición de qué rubros “califican”, la economía electoral de su agricultura y, en última instancia, qué tan dispuesto esté Trump a conceder. Precisamente por eso la conclusión correcta no es resignación ni indignación: es disciplina. Si el arancel visible está fuera de nuestro alcance inmediato, lo único racional es desmontar los aranceles invisibles que sí dependen de lo que haga Guatemala: facilitación real del comercio, simplificación de trámites, coordinación sanitaria y aduanera, e infraestructura logística que reduzca la fragilidad del país. En suma, una estrategia explícita para bajar el “costo país” que hoy se come la competitividad más rápido que cualquier ocurrencia de Trump. Si el arancel de Trump fue una bofetada externa, nuestros aranceles ocultos son una autolesión cotidiana. Y si algo deja este episodio —sobre todo por la exclusión de minivegetales, frutas y hortalizas y el golpe que eso implica para miles de productores— es una lección que Guatemala siempre posterga: un país no se vuelve competitivo por firmar acuerdos; se vuelve competitivo cuando deja de ponerse trabas a sí mismo.