En Guatemala, la carrera presidencial hacia 2027 arrancó antes de tiempo. Y arrancó sin brújula técnica, sin pudor jurídico y sin calculadora. De acuerdo con reportes documentados por medios nacionales como Ojoconmipisto, Canal Antigua y plataformas de fiscalización ciudadana como Aguas con tu Voto, los primeros aspirantes proclamados y las figuras con mayor exposición mediática han llenado la plaza pública de promesas que desafían la Constitución, la aritmética fiscal y el más elemental sentido común. No ofrecen planes de gobierno. Ofrecen milagros de tarima.

El problema no es solo que mientan. El problema es más grave: muchos parecen ignorar por completo cómo funciona el Estado que pretenden dirigir.

El espejismo del balón y la varita mágica

Nada ilustra mejor esta ligereza que el viejo recurso de prometer alegrías deportivas desde el sillón presidencial. En el anecdotario reciente de la política chapina ha reaparecido, una y otra vez, la tentación de ofrecer que bajo tal o cual gobierno la Selección Nacional clasificará por fin a una Copa del Mundo. Es el colmo del absurdo institucional.

Un presidente no mete goles. Tampoco dirige federaciones deportivas que, por estatutos internacionales de la FIFA y por autonomía constitucional del deporte federado, prohíben precisamente la injerencia gubernamental. Si un mandatario interviniera directamente para «llevarnos al Mundial», el resultado inmediato sería la desafiliación internacional del fútbol guatemalteco. Quien promete un Mundial desde un mitin político confunde la Casa Presidencial con un camerino y demuestra que ni siquiera comprende dónde empiezan y dónde terminan las competencias del Ejecutivo.

Cárceles prestadas y Constituciones de papel

La misma improvisación se traslada al terreno más delicado del país: la seguridad ciudadana. Según registros periodísticos de Ojoconmipisto e Infobae, el alcalde de Mixco y candidato proclamado por el partido CREO, Neto Bran, ha propuesto trasladar temporalmente a 300 reos de alta peligrosidad hacia cárceles de El Salvador. La frase suena contundente en un video corto de redes sociales. En el mundo real, choca de frente con la pared constitucional.

La Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados internacionales sobre ejecución penal impiden el destierro o el traslado de ciudadanos condenados a jurisdicciones extranjeras sin marcos bilaterales complejos, ratificados por ambos Congresos y avalados por la justicia constitucional. A eso se suma un detalle administrativo elemental: ningún Estado extranjero mantiene presos ajenos gratis.

Por su parte, según entrevistas divulgadas por Canal Antigua, el binomio del partido VIVA encabezado por Armando Castillo plantea militarizar las 21 cárceles del país mediante estados de prevención perimetrales. La Ley de Orden Público permite el apoyo militar temporal ante crisis específicas. Pero el Sistema Penitenciario es, por diseño constitucional, una entidad civil. Pretender gobernar las prisiones a punta de estados de excepción permanentes es reconocer de entrada el fracaso de la reforma institucional y abrir la puerta a una cascada de amparos ante la Corte de Constitucionalidad.

Números que no cuadran ni en servilleta

Cuando los precandidatos abandonan el discurso punitivo y pasan al gasto social, el divorcio con la realidad financiera se vuelve escandaloso. Bran ha ofrecido cuadruplicar la cuota diaria de alimentación escolar para llevarla a 25 quetzales por alumno, además de entregar uniformes, zapatos, tabletas y computadoras gratuitas.

Hagamos la cuenta que el candidato omitió. Con una matrícula pública que supera los tres millones de estudiantes y un ciclo lectivo de 180 días, destinar 25 quetzales diarios únicamente a comida exige más de 13,500 millones de quetzales al año. Esa cifra equivale prácticamente a la mitad de todo el presupuesto actual del Ministerio de Educación. No incluye el costo de los zapatos, ni de los uniformes, ni de las computadoras, ni de la logística de distribución. Tampoco explica de dónde saldrá el dinero en un país con una de las cargas tributarias más bajas del continente.

Prometer gasto multimillonario sin fuente de financiamiento no es sensibilidad social. Es irresponsabilidad fiscal. Quien aspira a administrar el erario debería saber, antes de abrir la boca, cuánto recauda la Superintendencia de Administración Tributaria y cuánto espacio real queda tras pagar salarios, deuda pública y aportes constitucionales.

Reformas mágicas y diplomacia de ficción

Otros aspirantes apuestan por recetas que dependen de voluntades ajenas. Según el seguimiento de Aguas con tu Voto, el empresario Carlos Pineda, secretario general del partido Servir, promueve una consulta popular para reducir el Congreso de 160 a 69 diputados y prohibir su reelección. El detalle jurídico es lapidario: para llegar a esa consulta popular se requiere primero reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Y esa reforma exige el voto favorable de las dos terceras partes del mismo Congreso al que se pretende recortar. Es pedir a los diputados que firmen su propia carta de despido.

No menos llamativa resulta la propuesta atribuida a Roberto Arzú en declaraciones recogidas por Canal Antigua, donde planteó una «coadministración» con Estados Unidos que incluiría bases antinarcóticos a cambio de 300 mil visas de trabajo para guatemaltecos. El artículo 171 de la Constitución establece que el ingreso de tropas o bases extranjeras requiere autorización expresa del Organismo Legislativo. Y en Washington, los cupos de visas laborales no los reparte la Casa Blanca como moneda de cambio bilateral; los define el Congreso estadounidense bajo sus propias leyes migratorias.

El peligro de improvisar el timón

Detrás de cada una de estas ofertas hay un cálculo electoral evidente. Las redes sociales premian el golpe de efecto, la frase corta y la solución aparente a problemas complejos. Analistas políticos coinciden en que, en las fases tempranas de la contienda, los aspirantes buscan posicionamiento rápido antes de verse obligados por ley a presentar planes de gobierno formales tras su inscripción oficial.

Pero el ciudadano no puede darse el lujo de aplaudir la ignorancia administrativa. El Estado guatemalteco no es una finca privada ni una tarima de feria. Es un engranaje complejo de leyes, contrapesos, presupuestos rígidos, tratados internacionales y controles institucionales.

Quien hoy promete un Mundial desde la Presidencia, una cárcel prestada en el extranjero o miles de millones de quetzales que no existen, envía una señal inequívoca: no ha leído la Constitución, no ha revisado el Presupuesto General de la Nación y no entiende el peso real de la investidura que busca.

Queda entonces una pregunta inevitable para el electorado que acudirá a las urnas en 2027. Si estos aspirantes son incapaces de hacer una suma básica o de respetar el marco legal vigente cuando apenas piden el voto, ¿cómo pretenden gobernar un país entero cuando tengan el poder en sus manos?