Guatemala atraviesa un momento poco común. Después de varios años en los que el sistema de justicia estuvo marcado por la confrontación institucional, la criminalización de operadores de justicia y el debilitamiento de la independencia judicial, la reciente renovación de autoridades ha generado una expectativa razonable de cambio. Sin embargo, esa expectativa debe ir acompañada de prudencia. Un relevo en los cargos no implica, por sí mismo, una transformación institucional.

El primer mes de gestión del nuevo Fiscal General ofrece señales que merecen ser reconocidas. El anuncio de una comisión para revisar los casos de criminalización constituye, por sí solo, un hecho políticamente relevante. Durante años, las víctimas de la instrumentalización del derecho penal encontraron únicamente indiferencia institucional.

Que el Ministerio Público reconozca ahora la necesidad de revisar esos expedientes representa un cambio de narrativa que no puede ignorarse. Del mismo modo, el desistimiento de algunas acciones dirigidas contra periodistas constituye una señal positiva para la libertad de expresión.

Sin embargo, las primeras señales positivas conviven todavía con importantes desafíos. Algunos casos de alto perfil heredados de la administración anterior continúan su curso procesal y será en ellos donde podrá apreciarse con mayor claridad la orientación que asumirá la nueva gestión. Un ejemplo es el caso de la exfiscal Astrid Paola Pimentel Carías, en el que el Ministerio Público mantiene una impugnación contra la resolución que confirmó su absolución.

La forma en que se aborden este y otros expedientes permitirá evaluar si la anunciada revisión de los procesos de criminalización logra traducirse gradualmente en una política institucional consistente.

También persisten interrogantes sobre temas fundamentales. Aún no existe claridad respecto de la política que seguirá el Ministerio Público en materia de justicia transicional ni sobre la forma en que operará la comisión de descriminalización anunciada por el Fiscal General.

De igual manera, la decisión de liquidar la FECI abre una oportunidad para replantear el funcionamiento de una fiscalía que, particularmente desde 2021, dejó de concentrarse en la investigación de grandes estructuras de corrupción para convertirse en la principal unidad encargada de impulsar procesos de criminalización contra fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos.

Sin embargo, todavía es necesario conocer cuál será el destino de esos expedientes, bajo qué criterios serán revisados y qué unidades asumirán su conocimiento, pues esas decisiones serán determinantes para brindar certeza tanto a las víctimas de criminalización como a la ciudadanía.

A ello se suma un desafío menos visible, pero probablemente más complejo: el recurso humano. Durante ocho años se consolidaron prácticas, incentivos y dinámicas institucionales que no desaparecen con el nombramiento de un nuevo Fiscal General. Existen demandas legítimas de depuración, pero cualquier proceso de remoción deberá respetar las garantías laborales y la estabilidad fiscal. Reconstruir una institución es mucho más difícil que cambiar a su máxima autoridad.

La transparencia constituye otro termómetro del cambio. En mi caso particular, recientemente fui notificado de una resolución que, además de contradictoria, omitió entregar información pública solicitada. La respuesta provino de funcionarios que permanecen desde la administración anterior, recordándonos que las inercias institucionales sobreviven mucho más allá de quienes ocupan la jefatura.

Si el Ministerio Público representa una oportunidad todavía en construcción, la situación de la Corte de Constitucionalidad genera mayores preocupaciones. Las primeras resoluciones permiten advertir la consolidación de una mayoría integrada por Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera. Sus decisiones, especialmente en los asuntos relacionados con la Universidad de San Carlos, han resultado determinantes para mantener la continuidad de Walter Mazariegos al frente de la rectoría.

Particularmente llamativa ha sido la actuación de Julia Rivera. Su trayectoria como jueza y su vinculación con la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad hacían pensar que contribuiría a fortalecer la independencia del tribunal. Las primeras decisiones relevantes, sin embargo, reflejan un alineamiento con la mayoría, generando decepción entre quienes esperaban una magistratura distinta.

La preocupación trasciende el caso universitario. En los próximos meses la Corte deberá conocer asuntos de enorme trascendencia: la elección del Contralor General de Cuentas, controversias derivadas del proceso electoral que se aproxima y, previsiblemente, numerosos casos vinculados con la independencia judicial, la corrupción y la criminalización. La orientación que adopte la mayoría de magistrados tendrá una influencia decisiva sobre la calidad del Estado de derecho.

Guatemala vive, en consecuencia, un momento de transición. Existen razones para observar con moderado optimismo algunas de las primeras decisiones del Ministerio Público, pero también motivos suficientes para mantener una vigilancia permanente sobre el desempeño de la Corte de Constitucionalidad. Al final, la reconstrucción del Estado de derecho no dependerá únicamente de nuevas personas ocupando nuevos cargos. Dependerá de que las instituciones recuperen su independencia, actúen con transparencia y demuestren, mediante decisiones concretas, que la justicia ha dejado de ser un instrumento de persecución para volver a ser una garantía de los derechos de todas las personas.