La frase del presidente del CACIF sintetiza de forma contundente no solo la esencia de la reciente delegación público-privada enviada por el gobierno de Arévalo a Washington, sino también el espíritu general de la dominación actual en Guatemala. Esta “alianza” entre el sector público y el empresarial no se limita a negociaciones comerciales o inversión en infraestructura: se ha convertido en el marco organizativo total del proyecto económico, político y geoestratégico del gobierno, condensado en la iniciativa “Guatemala No Se Detiene”. Bajo esta lógica, gobernar no es articular democráticamente al país, sino gerenciar la relación con el capital nacional e internacional desde la estabilidad macroeconómica y la obediencia geopolítica.

El gesto aparentemente cooperativo, “vayamos juntos”, se inscribe en una coyuntura regional e internacional marcada por el resurgimiento del neoimperialismo trumpista. En mayo de 2025, la administración Trump, con el aval completo de un Congreso republicano y una Corte Suprema dominados por figuras trumpistas, impuso un arancel del 10% a las importaciones guatemaltecas, incluyendo productos sensibles como el café, textiles y manufactura ligera. Esta medida sorprendió por su dureza, dada la situación de pobreza estructural que afecta a la mayoría de la población guatemalteca, la dependencia comercial de Guatemala hacia el país del norte y una balanza comercial a favor de Estados Unidos, y la existencia de un Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA), vigente desde 2004, que en teoría impide estas acciones unilaterales.

Pero para comprender este giro punitivo y al mismo tiempo instrumental del gobierno estadounidense hacia Guatemala, es necesario mirar más allá de los marcos convencionales del libre comercio. La imposición del arancel es solo un síntoma de un proceso más profundo: la reconfiguración del orden global liderada por Estados Unidos para recentrar su hegemonía económica, desafiada en los últimos años por China, la Unión Europea y los BRICS. Todo esto en un contexto de guerra indirecta con una potencia nuclear como Rusia, aumento de tensiones y guerra arancelaria con China, profundización del extermino en Palestina, redadas represivas de ICE y deportaciones masivas de Estados Unidos que gozan, en el caso de Guatemala, con el apoyo del gobierno. Aunque Trump y los ideólogos del Proyecto 2025 lo presenten como una retirada del “globalismo woke”, este proceso no es un abandono del neoliberalismo, sino su mutación autoritaria: un “neoliberalismo nacionalista” en función de multibillonarios de la tecnología (más allá de la explosión ampliamente anticipada entre Trump y Musk) y las industrias tradicionales del capital fósil que combina proteccionismo selectivo con acumulación transnacional, centralización militar-industrial y control ideológico y poblacional. Es lo que algunos analistas han llamado tecnofascismo global que implica, entre otras cosas, un “Estado de tecnovigilancia masiva” en lo doméstico y un desmantelamiento del orden internacional de la posguerra incluyendo un grotesco ataque al derecho internacional y a los/as magistrados de la Corte Penal Internacional, ejemplo perfecto para las ultraderechas desde Milei hasta Orbán.

En este contexto, el mensaje que Guatemala transmite a Washington al viajar “juntos” (CACIF y gobierno, empresarios y tecnócratas) es, en realidad, una afirmación de subordinación estratégica, muy lejos de lo que Juan José Arévalo una vez rechazó en su libro Guatemala, la democracia y el imperio. Hoy el gobierno de Arévalo ha optado más bien por alinear su política económica no con una articulación interna, democrática y nacional-popular, no con un proyecto que asuma en serios los desafíos sociales, económicos y ecológicos del presente, sino con una élite empresarial profundamente vinculada a las lógicas del capital global y a las expectativas del Departamento de Estado, el FMI y el BID. De hecho, la propia nota de Prensa Libre deja entrever la satisfacción de los interlocutores estadounidenses frente a la unidad entre Estado y empresariado guatemalteco: “Estados Unidos reiteró varias veces que lo ve con buenos ojos”.

Esta frase, lejos de ser anecdótica, revela una estructura de dependencia histórica que se ha modernizado sin romperse. La “primavera democrática” que prometía Semilla en 2023 ha sido progresivamente trasplantada al marco del capital nacional y transnacional. No solo en lo económico, sino también en lo político: mientras movimientos sociales, pueblos indígenas y colectivos ciudadanos que defendieron la democracia en el Paro Nacional de 2023 enfrentan hoy criminalización, el gobierno responde con tibieza. Los casos de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exautoridades de los 48 Cantones de Totonicapán capturados por el Ministerio Público, son muestra dolorosa del sacrificio que se está pagando por las bases populares para que este gobierno asumiera y cumpliera con sus promesas de defenestrar la corrupción y acabar con la impunidad. Quizás el momento para esto ya pasó, pero el desperdicio es de proporciones históricas y generacionales.

Aunque el propio presidente Arévalo ha reconocido públicamente que hay una persecución judicial contra dirigentes indígenas, operadores de justicia, periodistas y miembros/as de Semilla, todo como parte de la triangulación de un golpe de Estado, y correctamente lo ha rechazado como una persecución espuria e ilegal, esta conciencia no se ha traducido en voluntad política de articular una defensa nacional-popular y democrática contra el Pacto de Corruptos. Lejos de ello, la estrategia presidencial ha sido la de “no confrontar”, “no provocar”, “no polarizar” más allá de interponer recursos que bien sabían, de entrada, iban a llegar a ningún lado. Una política de cálculo, no de principios. Una política de sobrevivencia, no de transformación.

Este cálculo llega incluso al punto de haber abandonado por completo la demanda de destitución de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, uno de los principales reclamos ciudadanos durante la gran movilización de 2023. El temor a que la Corte de Constitucionalidad declare “prevaricato” si Arévalo ejecuta precisamente lo que dice la Constitución ha llevado al Ejecutivo a una estrategia de espera: simplemente aguardar a que Porras termine su mandato en 2026 y que la comisión de postulación proponga una nueva lista de candidatos. ¿Fue esta la promesa de campaña? ¿Fue este el espíritu de su discurso inaugural? ¿Dónde quedan las demandas de abajo?

La respuesta oficial es que todo se hace en nombre de la “gobernabilidad” y el “rescate de la institucionalidad”. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿gobernabilidad para quién? ¿Institucionalidad para qué proyecto? La alianza con el CACIF no es neutra, no es técnica, no es un “mal necesario”: es una opción política, una apuesta de clase. Bajo el paraguas de “Guatemala No Se Detiene”, el modelo es claro: obras públicas concesionadas a privados, zonas francas para maquila, inversión extranjera garantizada por reformas legales y laborales, y un modelo de “crecimiento” (léase, acumulación) orientado al exterior. No se trata de transformar Guatemala, sino de hacerla más “segura” y “eficiente” para el capital.

Lo más alarmante es que esta visión se presenta como “el único camino posible”. Se clausura así la imaginación democrática, se evita el debate público amplio, se neutralizan las aspiraciones de los sectores movilizados. Y mientras tanto, la criminalización, el despojo y la precariedad avanzan. El miedo se congela. La parálisis se riega. Y parece no quedar de otra más que dar un paso atrás y reagruparse.

El arancel del 10% no es una anomalía, ni un simple “error” técnico del gobierno estadounidense: es un mensaje. Un mensaje imperial, sí, pero también un recordatorio de que la soberanía económica es una ilusión cuando no hay soberanía política ni articulación nacional-popular. La reacción guatemalteca, mandar una delegación con empresarios sin ninguna representación de la sociedad de abajo, fue también un mensaje de obediencia, de continuidad, de desmovilización. Es decir, en cuanto a las decisiones más serias del país, solo el CACIF tiene parte con voz y voto.

Algunos/as argumentan que el gobierno “hace lo que puede”, que “hay que avanzar en lo posible”, que la correlación de fuerzas no permite más. Pero esta resignación tecnocrática y engañosamente realista es también ideología. Es la ideología del posibilismo, del mal menor, de la administración sin proyecto. En nombre de la estabilidad se entierra la esperanza, y en nombre de la gobernabilidad se desactiva la democracia. Están incluso ahuyentando la imaginación a pesar de que hay muchas formas en que se puede practicar democracia, asambleísmo, articulación.

No se trata aquí, pues, de exigir gestos simbólicos de rebeldía o romanticismo revolucionario. Se trata de preguntarnos si es siquiera posible imaginar un camino distinto, un proyecto realmente creativo y audaz: una articulación política real, amplia, democrática, con los sectores populares, con las comunidades organizadas, con los movimientos que luchan por el agua, por la tierra, por los derechos laborales y humanos, por la justicia y la seguridad. Una articulación que no sea un simple “vayamos juntos” con los de siempre, con los de arriba, con las dirigencias vitalicias, sino un nuevo bloque de fuerzas para refundar Guatemala desde abajo.

Porque si el Estado solo gobierna con los empresarios, y si su política exterior se ajusta a la lógica del neoimperialismo estadounidense, entonces el país está estancado en una trampa histórica. Y como toda trampa, solo se puede romper con una ruptura. Una ruptura no violenta, pero sí radical; no improvisada, pero sí audaz; no dirigida desde arriba, pero sí construida desde las bases.

En definitiva, la pregunta que nos queda es esta: ¿queremos un país que no se detiene en la expoliación o un país que se reinventa en democracia?