Guatemala debería verse mucho mejor en el espejo de la libertad económica. Sus indicadores de salud fiscal, carga tributaria, tamaño del Estado, estabilidad monetaria y apertura comercial la colocan, en varios rubros, por encima de muchos países que presumen de ser economías más libres y más modernas. Sin embargo, ahí está, estancada en la medianía regional y mundial. ¿Cómo puede un país hacer tantas cosas ‘bien’ en lo macro y seguir sin despegar? La respuesta no está en el presupuesto ni en la inflación, sino en algo mucho más corrosivo: la debilidad de la justicia y la falta de integridad en la gestión pública.

Desde 1995, el Índice de Libertad Económica de The Heritage Foundation intenta medir, con una batería amplia de indicadores, hasta qué punto las reglas e instituciones de un país -la arquitectura de la libertad- favorecen la creación, la inversión y la prosperidad. Más allá de simpatías ideológicas, el índice ofrece una vara útil para observar algo esencial: si el éxito económico depende de normas impersonales o de favores políticos. Aquí es donde Guatemala desconcierta. Con una calificación global de 63.5 sobre 100 y el puesto 72 entre más de 180 países, sobresale en varios componentes que suelen asociarse con economías relativamente libres: Salud Fiscal (95.9), Control del Gasto Público (94.3), Presión Tributaria (91.3), Libertad Monetaria (77.3), Libertad de Comercio (74.6) y Libertad de Inversión (70). Visto desde ese ángulo, el país debería lucir mucho mejor. Pero no. Sigue atrapado en la medianía regional y mundial. Ese contraste obliga a hacerse la pregunta de fondo: ¿por qué una economía que parece tan ordenada en lo macro no logra traducirlo en un salto más claro de prosperidad?

La respuesta no se encuentra en el Ministerio de Finanzas ni en el Banco de Guatemala, sino en los pasillos de las Cortes y en la opacidad de la gestión pública, precisamente los ámbitos donde el país ha mostrado sus mayores retrocesos en los últimos años. Guatemala es un gigante con pies de barro institucionales. Mientras presume de estabilidad fiscal, monetaria y libertad de comercio, las calificaciones en materia de Efectividad Judicial (26.1) e Integridad del Gobierno (25.2) son un lastre que anula cualquier ventaja competitiva.

Un sencillo análisis contrafactual es revelador y, a la vez, doloroso. Si Guatemala lograra simplemente dejar de ser un caso atípico de debilidad institucional y alcanzara el promedio latinoamericano en efectividad judicial e integridad del gobierno, su score general saltaría a 66 puntos. No se trata de emular la excelencia de Suiza o Singapur, sino meramente de alcanzar la medianía de los países de América Latina. Tan solo con alcanzar ese promedio, el país podría escalar 19 puestos en el ranking mundial, superando a varios países de mayores ingresos.

Desde la perspectiva liberal, Friedrich Hayek advertía que el Estado de Derecho desaparece cuando el poder se usa para favorecer a personas determinadas mediante privilegios y discriminación. La corrupción que históricamente aqueja a Guatemala es, en esencia, la antítesis de la mano invisible: es la mano visible y sucia del burócrata o del juez que decide de forma parcializada. El pensamiento conservador clásico no llega a una conclusión distinta. Russell Kirk,  intelectual conservador estadounidense y autor de La Mentalidad Conservadora, recordaba que el orden es la primera necesidad de la existencia humana, y que este se destruye cuando el soborno reemplaza a la honestidad en el servicio público. Sin justicia confiable e integridad pública, la libertad económica termina siendo una vitrina sin cimientos.

Contrario a lo que algunos creen, e incluso a lo que dicen defender ciertos autodenominados liberales o conservadores, la corrupción y la debilidad del Estado de Derecho son preocupaciones centrales para ambas tradiciones.Tanto para el liberal que busca ampliar el ámbito de la acción individual, como para el conservador que busca orden, el diagnóstico de Guatemala es el mismo: la corrupción y la debilidad judicial son los enemigos comunes que impiden el progreso de la nación. El mensaje es claro: aunque Guatemala no ha agotado su margen de mejora por la vía técnica “macro”, el margen de manejo que existe en estos ámbitos para mejorar la libertad económica es muy limitado. El verdadero salto hacia la libertad económica y la atracción de Inversión Extranjera Directa de calidad requiere enfrentar la corrupción sistémica y la captura de las instituciones. No se trata de una agenda «pro-gobierno» o «anti-gobierno», sino de una agenda pro-Estado de Derecho. Más que un problema de ideologías, estos resultados muestran un problema de supervivencia del modelo de nación.