Para mí, hay algo profundamente triste en vivir en un país donde dieciséis mil personas firman una propuesta de reforma constitucional y, unas semanas después, quienes recogieron esas firmas consideran necesario destruirlas por razones de seguridad. No porque los firmantes se hayan arrepentido, no, ni porque la iniciativa haya perdido toda posibilidad de discutirse, sino porque alguien podría utilizar sus nombres en su contra.
La asociación civil Poder Ciudadano informó que el pasado domingo completaron las 5 mil firmas necesarias para proponer reformas constitucionales al sector justicia. Estas se obtuvieron en tres semanas y luego de giras en al menos 11 departamentos del país.
