En un celebrado artículo publicado hace muchos años, el jurista liberal argentino Ernesto Garzón Valdés decía que, desde “el punto de vista de la vigencia de ordenamientos políticamente democráticos y socialmente justos, América Latina sigue siendo el continente del desencanto y de la frustración”. El fallecido jurista apuntaba a la abismal distancia entre realidad y discurso que ha convertido a esta región en el laboratorio en el cual se falsean las propuestas más avanzadas de desarrollo democrático. Y es que, al revisar la historia latinoamericana, se evidencia que las mejores ideas terminan desapareciendo ante la fuerza de un sistema histórico que ahoga las esperanzas de emancipación social.

Tales opiniones se confirman una vez más en la actual situación de caos institucional que enfrenta Guatemala con motivo de las elecciones destinadas a renovar varias instituciones del entramado jurídico nacional. Se han vivido semanas en las que no puede tenerse una expectativa razonable acerca de lo que puede ocurrir: la corrupción organizada puede emprender cualquier maniobra con el fin de forzar las elecciones a su favor. Estas maniobras desnudan la raquítica estructura de un sistema en el que se ejercen hasta los más cínicos legalismos para cambiar las reglas del juego en vísperas de los eventos electorales.

La presente debacle institucional se manifiesta con especial crudeza en nuestra disfuncionalidad constitucional. Desde la perspectiva de los ideales del Estado constitucional de derecho, la realidad jurídica guatemalteca se muestra como una tragicomedia. El indignante manoseo de las funciones e ideales constitucionales, encarnación de un sistema normativo que apunta hacia arriba, subraya la profundidad de una crisis en la que no podemos estacionarnos de manera indefinida.

Pero hay que ser realistas. Debe reconocerse que existe una crisis constitucional generalizada que se evidencia cada vez más en la gran mayoría de las naciones. La pérdida de eficacia de los sistemas constitucionales y la indiferencia ante los valores de la convivencia han inducido un corrosivo escepticismo social, que lleva incluso a los ciudadanos a desconfiar de los derechos humanos y de su defensa institucional. Hace algún tiempo, algunos constitucionalistas norteamericanos hablaban incluso de la descomposición constitucional, en especial cuando se produjo la primera llegada de Donald Trump al poder.

Una de las críticas recurrentes ha sido el control de constitucionalidad a cargo de cortes especializadas, que se constituyen como autoridades no electas. Ese descontento forma parte de la historia constitucional de muchos países y ha dado lugar incluso a nuevas ideas relativas a la recuperación de la democracia frente al poder de las instancias que ejercen dicho control.

Ahora bien, a pesar del reconocimiento de esta crisis, las palabras resultan insuficientes para denunciar la asquerosa manipulación de la justicia constitucional en Guatemala. Cuando se trata de correr hacia el abismo, las instituciones jurídicas guatemaltecas muestran ese poder salvaje que no hemos podido domar a lo largo de los siglos. Los actuales procesos electorales en Guatemala, incluidas las votaciones universitarias, reiteran ese sentimiento de que el entramado constitucional es una indignante cubierta para el ejercicio del poder más oscuro, tanto más por la presencia del crimen organizado.

En este contexto puede entenderse la conformación de la Corte de Constitucionalidad, que en el imaginario guatemalteco ha venido a llamarse la “Corte Celestial”. Hemos visto, con una paciencia inexplicable y vergonzosa, los movimientos más descarados para hacerse con el control de esta institución. Las decisiones de estos tribunales han sido vinculadas a grandes intereses y poderes fácticos. En muchas ocasiones quedan en manos de personas que tienen todo, menos un sentido de justicia y, menos aún, el decoro que exigen estos cargos. Este fenómeno resulta todavía más indignante cuando en estos procesos participan hombres y mujeres que honran su profesión.

Cabe exigir, al menos, que quienes conforman este organismo estén imbuidos de la dignidad de su misión, algo que difícilmente puede encontrarse en los actuales miembros de estos tribunales. Y no se trata de un simple gesto despectivo: basta recordar sus acciones. La conformación de tales órganos puede determinar su rumbo institucional, como lo demuestra el enorme prestigio de los organismos regionales de derechos humanos. La evolución que han desplegado estas instituciones muestra que existe un sentido de justicia susceptible de desarrollarse en juristas que, frente a nuestras miserias, parecen situarse en otra galaxia, inalcanzable para nuestros tristes leguleyos que transan con el poder.

Los ciudadanos deben ser conscientes de la naturaleza pervertida del sistema institucional en Guatemala. Es necesario reconocer, sin embargo, que el poder último radica en el pueblo, integrado —como nunca debe olvidarse— por seres humanos dotados de capacidades morales y un sentido de justicia. Este punto debe hacerse valer de manera clara, no solo presionando en las calles por mejores instituciones, sino también mostrando al sistema que somos conscientes de los mecanismos que utilizan para maniatar a una ciudadanía indignada.