Después de más de 25 años de trabajo ininterrumpido en El Salvador, la organización regional de derechos humanos Cristosal ha cerrado su oficina en San Salvador y trasladó a todo su equipo a Guatemala y Honduras.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció este viernes un éxodo masivo de periodistas como consecuencia del hostigamiento, intimidación y restricciones arbitrarias por parte del Estado salvadoreño, que han generado un ambiente de temor y persecución para quienes ejercen el periodismo.
Según una investigación publicada este 12 de junio por ProPublica, El Faro y El País, señala que autoridades estadounidenses sospechan que fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) habrían sido desviados hacia la pandilla MS-13 a través de programas para el gobierno de El Salvador durante la administración de Nayib Bukele.
Desde las primeras horas de este domingo se han registrado anomalías en el funcionamiento del sitio web, las cuales podrían corresponder a un ataque informático.
Tras su audiencia judicial, el vehículo utilizado para trasladar a la abogada defensora de derechos humanos Ruth Eleonora López Alfaro fue confiscado previamente a un comerciante guatemalteco, reveló este viernes por la mañana el medio El Diario de Hoy.
El automóvil que trasladó a la abogada salvadoreña Ruth López tras su audiencia judicial la tarde del miércoles 4 de junio no pertenece a ninguna entidad oficial salvadoreña ni guatemalteca. Está registrado a nombre de un empresario de Guatemala dedicado al transporte de granos básicos.
La Fiscalía General de El Salvador anunció la noche del domingo la captura de Ruth López, directora jurídica de la organización Cristosal, por el presunto delito de peculado. Medios salvadoreños han calificado a López como una de las voces críticas hacia el gobierno de Nayib Bukele.
La primera gira oficial del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se inició el pasado sábado en Panamá. Estas visitas tienen como propósito defender los intereses estadounidenses en materia de migración y seguridad, además de contrarrestar la influencia de China en la región, según informaron las autoridades estadounidenses la semana anterior.
Bukele abiertamente atenta contra la jurisprudencia posextractivista en El Salvador al querer revertir el hito histórico de la prohibición de la minería metálica conseguido en 2017.
Hay un régimen de terror contra los empleados de gobierno que osan revelar las deficiencias en los sistemas de salud y educación, o simplemente ejercer el derecho a la libertad de expresión y contradecir de paso la propaganda gubernamental. Todo aquello que ponga en duda la eficacia o la imagen de la administración entra en el campo minado del crimen y del consecuente castigo. Espionaje, humillaciones y chantajes son algunos de los mecanismos de los que se vale el gobierno de Bukele para intentar reprimir reclamos de derechos laborales o señalamientos hacia todo aquello que controvierta el discurso oficial.
