_{Foto: Tejido Social}

De acuerdo con el reportaje, en 2021, agentes federales estadounidenses prepararon una solicitud para revisar cuentas bancarias en Estados Unidos de 15 personas salvadoreñas, incluyendo las del presidente Bukele, funcionarios de alto rango y familiares. Según el documento citado por los medios, se buscaban indicios de lavado de dinero vinculado al presunto desvío de fondos de USAID, en el marco de un supuesto pacto entre el gobierno salvadoreño y la MS-13.

La investigación fue conducida por la Joint Task Force Vulcan, un equipo interinstitucional creado en 2019 por el entonces fiscal general William Barr. Esta fuerza de tarea recopiló información que incluía testimonios de funcionarios salvadoreños, documentos judiciales y registros financieros. 

Entre los programas identificados como posibles canales de financiamiento está “Reconstrucción del Tejido Social”, liderado por Carlos Marroquín, quien figura en la lista de investigados.

“El dinero iba de nosotros, de USAID, a este grupo del Tejido Social”, declaró un exfuncionario estadounidense citado por ProPublica. “Se supone que tenían que construir cosas y adquirir capacidades y aprender. Servía para financiar a las pandillas”, dijo en el informe citado en la investigación periodística.

Los hallazgos forman parte de una indagación más amplia que comenzó como un esfuerzo por desmantelar la estructura de mando de la MS-13 en Centroamérica y Estados Unidos. El reportaje asegura que el enfoque de la investigación se amplió tras detectar indicios de negociaciones entre funcionarios del gobierno de El Salvador y líderes de la pandilla.

Entre los nombres incluidos en la solicitud del Departamento del Tesoro figuran además Osiris Luna, director del Sistema Penitenciario; Martha Carolina Recinos, jefa de gabinete del presidente, y otros colaboradores cercanos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos declinó comentar sobre el estado de la solicitud. Hasta el momento, no se ha presentado ninguna acusación formal contra el presidente Bukele ni contra los funcionarios mencionados por delitos relacionados con estos fondos.

La investigación fue publicada en ProPublica bajo el título “Demorar, interferir, socavar” y firmada conjuntamente por los periodistas T. Christian Miller y Sebastian Rotella.