“Que quede claro que las autoridades indígenas no somos organizaciones criminales. Nuestras acciones no son terroristas, están orientadas al bien común y respaldadas por la Constitución y el derecho nacional e internacional”, subrayan.

Las autoridades enfatizaron que el ejercicio de manifestar, opinar y exigir la renuncia de funcionarios señalados de corrupción y vínculos con el crimen organizado no constituye delito. Estas declaraciones surgen luego de una reunión que sostuvieron las autoridades indígenas de Quiché, tras los últimos acontecimientos de criminalización a personajes vinculados a organizaciones de pueblos ancestrales.

“Estamos convencidos de que bajo ningún punto de vista constituye delito el legítimo ejercicio de nuestros derechos a manifestar de manera pacífica, a emitir nuestra opinión y a velar porque se cumpla la Constitución al exigir la renuncia de funcionarios que atentan contra la institucionalidad del país, violan los derechos humanos y garantizan la impunidad de funcionarios y empleados corruptos”, dijeron. 

Además, mencionaron que únicamente con funcionarios idóneos y con instituciones democráticas es posible construir un Estado multicultural, multiétnico y multilingüe, en el que exista igualdad de derechos y respeto a las diferentes culturas y pueblos.

En el pronunciamiento rechazaron las acciones del Ministerio Público que, con la anuencia de jueces, “ignoran los principios elementales del derecho penal”. 

También exigen al sector privado que deje de impulsar nombramientos de funcionarios vinculados con la corrupción y piden a jueces y magistrados objetividad, transparencia e independencia en el ejercicio de sus funciones.

A su vez, instaron al presidente de la República a demostrar con acciones claras su oposición al sistema de criminalización del MP y de jueces que avalan procesos contra autoridades y líderes indígenas.

Las alcaldías indígenas aclararon que no son organizaciones criminales ni sediciosas, sino que luchan contra la corrupción y la impunidad. Además, expresaron su solidaridad con otras autoridades y líderes indígenas que enfrentan persecución judicial.

“Continuamos la lucha y resistencia heredada de nuestros antepasados, la cual heredaremos a nuestros hijos y nietos”, concluye el comunicado.