_{Foto: Fiscalía de la Nación de Colombia}

La orden fue girada el 30 de mayo por la Sala Tercera de Apelaciones, a solicitud del Ministerio Público (MP) debido a investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht. Camargo, sin embargo, aseguró que no existe una orden de captura internacional y que el propio gobierno de Guatemala ya rechazó la solicitud de alerta roja enviada a Interpol por la fiscalía guatemalteca. “La orden tendría vigencia y lugar solo en Guatemala. No va a ser expedida tampoco, dado que se trata de un convenio de gobierno a gobierno”, explicó.

Durante su intervención, Camargo reiteró que las acciones por las que se le señala, como asistir a reuniones o cruzar correos electrónicos relacionados con los acuerdos de colaboración eficaz, formaban parte de un proceso legítimo, estructurado, y conforme a derecho internacional. “Fueron la base para la entrega de importante información sobre los receptores de coimas pagadas por la constructora brasileña a altos funcionarios del Estado guatemalteco”, señaló.

En ese marco, recordó que tanto ella como otros miembros de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) están amparados por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) y el Acuerdo de creación de la CICIG, el cual otorga inmunidad penal, civil y administrativa por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, incluso después de haber dejado sus cargos.

“La inmunidad no significa impunidad. Claro es que yo puedo ser investigada, pero observando las formas propias del debido proceso internacional”, afirmó. “Es más dañino difundir rumores y dejar un manto de duda sobre mi conducta, que ni en esa época ni ahora pueden ser cuestionadas”, añadió, haciendo un llamado al MP dirigido por Consuelo Porras, a la sensatez y al respeto por los principios que rigen la justicia internacional. También advirtió que “se han venido solapando casos jurídicos basados en hechos gaseosos y en delitos muy generales como abuso de autoridad u obstrucción de justicia”.

La fiscal explicó que a su regreso al país fue contactada por magistrados preocupados por la situación. “Esta mañana acudimos con el vicefiscal a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Conversamos con el presidente de la Corte y varios magistrados, a quienes presentamos un parte de tranquilidad”, relató.

Consultada sobre posibles acciones legales para defenderse, Camargo reconoció que el escenario es complejo, pues “existen muy pocas garantías en Guatemala para ejercer el derecho de defensa. De hecho, varios abogados han sido capturados por el ejercicio de su profesión en defensa de personas vinculadas a procesos anticorrupción”.