El Organismo Ejecutivo decretó Estado de Sitio en el territorio nacional por un período de 30 días, tras una escalada de violencia atribuida a pandillas, que incluyó motines simultáneos en centros carcelarios, toma de rehenes y ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). La medida fue anunciada por el presidente Bernardo Arévalo en un mensaje transmitido en cadena nacional, en el que calificó los hechos como acciones terroristas dirigidas a presionar al Estado para recuperar privilegios ilegales.

En su pronunciamiento, el mandatario aseguró que la estrategia de seguridad impulsada por su gobierno “está teniendo éxito, sin pactos, sin privilegios y sin medias tintas”, y sostuvo que las estructuras que durante décadas sostuvieron al crimen organizado “están cayendo ante la fuerza y la acción contundente de un pueblo y un gobierno que decidieron vivir en paz, en democracia, con justicia y bienestar”. Según Arévalo, los recientes episodios de violencia son una reacción de grupos criminales que han perdido capacidad de control frente a un Estado que decidió no ceder ante la intimidación.

El presidente detalló que, luego de los amotinamientos registrados en los centros penitenciarios Renovación I, el Centro de Detención Preventiva de la zona 18 y Fraijanes II, se ejecutó un operativo conjunto del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, que permitió retomar el control total de las cárceles, liberar a todos los rehenes y restablecer el orden sin que se registraran víctimas mortales. Sin embargo, señaló que, como represalia por estos operativos, integrantes de pandillas atacaron “cobardemente” a agentes de la PNC en distintos puntos del país, con el objetivo de sembrar temor en las fuerzas de seguridad y en la población.

Arévalo fue enfático en afirmar que el Estado no negociará con estructuras criminales ni tolerará acciones terroristas. Rechazó la idea de que un gobierno democrático sea un gobierno débil y sostuvo que la declaratoria del Estado de Sitio busca garantizar la protección y la seguridad de la ciudadanía, habilitando el uso de “toda la fuerza del Estado”, en particular de la PNC y del Ejército, para actuar contra maras y pandillas e impedir nuevos ataques.

El mandatario aseguró que la medida no altera la vida cotidiana, la movilidad de la población ni el funcionamiento de las instituciones públicas o privadas, y que tampoco afecta los procesos políticos y renovación de autoridades judiciales en curso. Indicó que la suspensión de clases se limitó a un solo día como medida preventiva y que la aplicación del Estado de Sitio se restringe a las acciones vinculadas al combate contra la criminalidad organizada y la violencia destinada a aterrorizar a la población.

Lo que dice la Ley de Orden Público sobre un Estado de Sitio

La declaratoria de Estado de Sitio tiene su fundamento en la Ley de Orden Público, aprobada en 1965. El artículo 16 establece que el Ejecutivo puede decretarlo, no solo ante actividades terroristas, sediciosas o de rebelión que pretendan cambiar por la vía violenta el orden constitucional, sino también cuando existan hechos graves o indicios fundados de que puedan ocurrir actos de sabotaje, incendios, secuestros, asesinatos o ataques armados contra autoridades civiles o militares, así como otras formas de delincuencia terrorista y subversiva. La normativa señala que estos hechos, o los indicios razonables de su ocurrencia, pueden ser considerados como constitutivos de guerra civil para efectos constitucionales.

El artículo 17 dispone que durante el Estado de Sitio, el Presidente de la República ejerce el gobierno en su calidad de Comandante General del Ejército, a través del Ministro de la Defensa Nacional, lo que refuerza el papel de la autoridad militar en la conducción del Estado durante la vigencia del régimen de excepción. A su vez, el artículo 18 obliga a todas las autoridades y entidades estatales a prestar auxilio y cooperación a la autoridad militar cuando ésta lo requiera, dentro del ámbito de sus competencias.

Además, el artículo 19 establece que durante el Estado de Sitio se aplican todas las medidas previstas para los estados de Prevención y Alarma, y se otorgan facultades extraordinarias a la autoridad militar. Entre estas se incluye la posibilidad de intervenir o disolver organizaciones o asociaciones, con o sin personalidad jurídica; ordenar detenciones o confinamientos sin mandamiento judicial de personas sospechosas de conspirar contra el gobierno o alterar el orden público; y reprimir o repeler acciones individuales o colectivas contrarias a las disposiciones dictadas para restablecer la normalidad.

En su mensaje, el presidente también vinculó la ofensiva criminal con los avances del Gobierno en la depuración de las instituciones y el combate a las redes de corrupción e impunidad, y señaló a “mafias político-criminales” que, según dijo, se resisten a perder privilegios y buscan generar caos para frenar la recuperación del sistema de justicia.

Finalmente, Arévalo expresó su pesar por la muerte de agentes de la PNC durante los ataques, subrayando que su pérdida “es el dolor de toda Guatemala”. En honor a los policías fallecidos, el Ejecutivo decretó tres días de luto nacional, durante los cuales el pabellón del Palacio Nacional y el de las entidades del Estado permanecerán a media asta.