La Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo admitió a trámite un amparo en contra del Directorio de la Superintendencia de Competencia y le dio 48 horas para rendir un informe circunstanciado y entregar los antecedentes administrativos relacionados con la decisión de abrir una nueva convocatoria para elegir al sustituto de Jorge Miguel Castillo Castro. El amparo fue promovido por uno de los seis candidatos que originalmente integraron la lista para elegir al primer superintendente.
La orden fue emitida el pasado 26 de agosto por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, constituida como Tribunal Constitucional de Amparo, tras conocer la acción presentada por el economista Carlos Rodolfo de León Herrera contra el Directorio de la Superintendencia de Competencia.
Los magistrados ordenaron al Directorio remitir, además del informe circunstanciado, copia certificada de los antecedentes administrativos que dieron origen al acto cuestionado. El tribunal deberá analizar así las razones por las que la institución decidió iniciar un nuevo proceso para elegir al funcionario que sustituirá a Jorge Miguel Castillo Castro, quien dejó el cargo después de presentar su renuncia.
Para De León Herrera, el Directorio no puede comenzar nuevamente el proceso como si se tratara de una elección completamente distinta. Sostiene que el artículo 115 de la Ley de Competencia, Decreto 32-2024, establece las reglas aplicables a la designación del primer superintendente y que los seis candidatos que integraron la lista original no pueden ser desplazados por un procedimiento creado posteriormente por el Directorio.
El economista argumenta que su participación en aquel proceso le da una posición que debe ser tomada en cuenta y cuestiona que ahora se le coloque nuevamente a competir con personas que nunca participaron en la selección original.
Según el planteamiento del amparo, la persona que sustituya a Castillo Castro no iniciará un nuevo período de seis años, sino que deberá completar el período que quedó pendiente. De León Herrera considera que el Directorio está utilizando una interpretación de la ley basada en una supuesta falta de regulación específica para crear un procedimiento que, a su juicio, no está contemplado en la Ley de Competencia.
El amparo también cuestiona una disposición incluida en la Resolución 55-2026. El artículo 5 establece que las etapas y actuaciones del proceso de designación no admiten recursos ni medios de impugnación. Para el amparista, esta prohibición afecta el derecho de defensa porque impediría a los participantes cuestionar las decisiones que se adopten durante el proceso.
¿Qué pide Carlos De León?
Como medida provisional, solicita que se suspenda la Resolución 55-2026, emitida el 10 de agosto, con la que se abrió la nueva convocatoria para elegir al sustituto de Castillo Castro, mientras se resuelve el proceso.
Además pidió a la Sala que le otorgue el amparo y restituya los derechos que considera afectados y suspenda definitivamente la Resolución 55-2026. También solicita que se ordene al Directorio realizar el procedimiento para sustituir al Superintendente de Competencia de acuerdo con lo establecido en la Ley de Competencia y respetando los derechos constitucionales que, según sostiene, fueron vulnerados.
La pretensión implica que el Directorio no continúe con el procedimiento abierto mediante la nueva convocatoria y que la sustitución del Superintendente se resuelva mediante un procedimiento acorde con las reglas de la Ley de Competencia. En particular, el planteamiento de De León Herrera busca que se tome en consideración la nómina original de seis candidatos que participaron en el proceso para elegir al primer Superintendente y en la que él figura.
El conflicto tras la renuncia de Castillo Castro
El pasado 10 de marzo, el entonces superintendente, Jorge Miguel Castillo Castro presentó una renuncia irrevocable al cargo. Cuatro meses después, es decir el 6 de julio, comunicó durante una sesión ordinaria que había decidido retirar su renuncia y ratificó esa decisión por escrito al día siguiente.
El Directorio rechazó el intento de retractación y el 27 de julio emitió la Resolución 49-2026, mediante la cual rechazó el retiro de la renuncia y aceptó definitivamente la dimisión presentada en marzo.
Castillo Castro intentó revertir la decisión mediante un recurso de reposición, pero este fue rechazado in limine el 28 de julio mediante la Resolución 53-2026. Con la salida del primer Superintendente, el Directorio tomó una decisión que ahora es cuestionada ante los tribunales de justicia.
El 10 de agosto el Directorio de Competencia emitió la Resolución 55-2026 y acordó iniciar un nuevo proceso de selección para designar al funcionario que completará el período que originalmente correspondía a Castillo Castro, el cual concluye el 12 de octubre de 2031.
La nueva convocatoria para postularse al cargo de Superintendente de Competencia permanece abierta y está previsto que cierre el próximo 31 de agosto. Hasta el momento, ocho personas han presentado su expediente para participar en esta nueva selección.
