Noah Bullock, director ejecutivo de la organización, expresa que están dejando las operaciones a cero hasta que haya seguridad jurídica para el personal y la organización. La decisión marca un hito en la historia reciente del país centroamericano y es la respuesta a un entorno que califica como abiertamente represivo y autoritario. 

“Nos lleva a concluir que estamos siendo forzados al exilio para continuar nuestra labor de defensa de derechos humanos. No es una decisión, estamos siendo forzados. Estamos siendo perseguidos”, dice en entrevista con eP Investiga.

La captura de la abogada y crítica defensora de derechos humanos, Ruth López, quien fungía el rol de jefa del equipo anticorrupción de Cristosal, fue el punto de quiebre. La capturaron un domingo a las 11 de la noche. Estaba en su casa cuando tocaron la puerta y un grupo de policías que no se identificaron le dijeron que estaban dando “seguimiento” a una supuesta denuncia por un accidente de tránsito que supuestamente involucraba su vehículo. Le dijeron que saliera a la calle para verificar documentos, pero aprovecharon ese momento para privarla de su libertad. 

A la abogada le leyeron una orden administrativa de detención emanada por un fiscal. Bullock relata que fue engañada para sacarla de su casa y capturarla sin orden de juez.

López estuvo desaparecida por 40 horas. Durante ese tiempo, ni sus abogados ni su familia conocían su paradero. Luego, le aplicaron el régimen de excepción y presentaron cargos por peculado, que posteriormente cambiaron a enriquecimiento ilícito sin sustento legal claro.

Bullock recuerda con precisión esa noche y todo lo que vino después. “Con la captura de Ruth, no pasa ni un segundo que no siento la privación de su libertad. Porque yo sé que lo que le están haciendo a ella me lo pueden hacer a mí, lo pueden hacer a cualquier persona en Cristosal”, dice.

Asegura que la organización contaba con que su visibilidad y reconocimiento les brindaban una mínima protección, pero la detención de López rompió esa lógica. “Decidieron renunciar a las apariencias y pasar a una etapa explícitamente represiva como cualquier otro dictador”, asegura Bullock.

Este no fue el primer acto de intimidación. El director de Cristosal detalla cómo, desde finales del 2024, miembros de su equipo empezaron a sufrir seguimientos, allanamientos, interrogatorios sin orden judicial y vigilancia en sus casas. 

Un colaborador de la organización fue interceptado por civiles armados, interrogado en un vehículo no oficial y amenazado para que no hablara porque era una cuestión que debía quedar “entre caballeros”, según le dijo uno de los oficiales. A otros les confiscaron teléfonos y computadoras. A eso se sumaron intentos de asfixia administrativa: cancelación de exenciones fiscales, cambios en el registro de organizaciones no gubernamentales y vigilancia financiera continua.

La reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros ordenada por el presidente Bukele y aprobada en menos de una hora por la Asamblea Legislativa fue el siguiente paso en ese proceso de opresión. La normativa establece un impuesto del 30 por ciento a toda la cooperación internacional que reciben las organizaciones sin fines de lucro y otorga al Ejecutivo facultades para cancelar personerías jurídicas sin control judicial. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional han advertido que esta normativa institucionaliza la persecución legal contra la sociedad civil, replicando el modelo que el régimen de Daniel Ortega ha ejecutado en Nicaragua desde 2018.

También permite criminalizar actividades públicas de incidencia como si fueran actos políticos financiados por potencias extranjeras. “Es una herramienta para liquidar cualquier voz que se salga del guion oficial”, advierte Bullock.

A la par del cierre de Cristosal, decenas de periodistas, abogados, líderes comunitarios y otros defensores han abandonado el país. “Creo que estamos viviendo una migración forzada de líderes de sociedad civil y periodistas sin antecedentes desde las épocas de la guerra”, afirma. Solo en Guatemala, Bullock estima que ya hay al menos 100 defensores en exilio y se desconoce cuántos más se han refugiado en México. 

Solo en las semanas posteriores a la detención de Ruth López, se reportaron al menos 15 capturas adicionales de personas defensoras de derechos humanos, empresarios y líderes comunitarios. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha documentado la salida forzada de más de 40 periodistas entre mayo y junio.

Bullock relata que, por varias semanas, el gobierno de Bukele tuvo varios señalamientos y a esto se sumó el derrumbe en Los Chorros a inicios de abril. Esta es una ruta principal de ingreso a El Salvador. 

Ante el caos vial y la inconformidad de la población, Bukele ordenó transporte gratuito del 5 al 11 de mayo mientras trabajaban en la carretera. En ese marco, la Policía Nacional Civil detuvo al menos a 16 empresarios del transporte público por presunta “negación de auxilio”, “incumplimiento de deberes”, “extorsión” y “peculado” al supuestamente no sumarse a la orden gubernamental.

Entre ellos estaba José Roberto Jaco Carranza, fundador y gerente de la empresa Seisabus, responsable de rutas como la 201 (desde Santa Ana a San Salvador) y la 50 (de Santa Ana a El Congo).

Jaco, quien padecía de diabetes, falleció el 12 de mayo bajo custodia, cinco días después de su arresto, pues no se le proporcionó la medicación permanente que necesitaba.

Para Bullock, lo que ocurre no es una coyuntura aislada. “Estamos viviendo la continuación de un proceso de dictadura, de persecución política que hemos venido normalizando poco a poco. Pero con esto más reciente se han perdido totalmente las apariencias de democracia”, explica.

El exilio, una alternativa dura para no ser callados

Cristosal advirtió desde hace meses que el margen para operar legalmente en El Salvador se estaba cerrando. El régimen de excepción, que ha dejado más de 86 mil detenciones desde marzo de 2022 según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, afectó directamente su trabajo de acompañamiento a víctimas, documentación de casos de tortura y presentación de informes ante instancias internacionales. Pero fue en mayo de 2025 cuando, según Bullock, la persecución se volvió directa y el exilio fue una alternativa urgente para muchos.

Relata que tomar esta decisión se le hizo difícil. “El exilio es duro. Nosotros ayudamos a sacar a un montón de gente de Guatemala. Cuando yo tuve que tomar la decisión de irme, lo primero que pensé fue que fui solidario con los exiliados en el pasado, pero quizás no lo suficientemente empático con lo que significa perder todo tu proyecto de vida. Ahora lo sé porque la mitad de mi vida la tengo en El Salvador”, relata con la voz entrecortada.

El director de Cristosal es estadounidense y nacionalizado en El Salvador. Ha pasado más de dos décadas en ese país donde echó raíces familiares y profesionales, pero ahora le toca empezar desde fuera como muchos otros centroamericanos que se han visto obligados a salir por causas políticas y a quienes desde Cristosal se les acompañó. 

“Yo no me quiero ir del país. Me están obligando. Y si eso me está pasando a mí, que soy un extranjero con ciudadanía salvadoreña, con visibilidad, con redes de apoyo… ¿Qué no le puede pasar a alguien que no tiene ninguna de esas condiciones?”, asegura.

Hoy, la organización se ha reconfigurado. Sus operaciones centrales se trasladan a Ciudad de Guatemala y parte de su equipo está en Tegucigalpa. Mantendrán sus litigios internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), documentarán muertes bajo custodia del Estado bajo el régimen de excepción, que según sus investigaciones ya superan las 260 y acompañarán a víctimas a distancia.

Aunque el panorama es adverso, se presentarán al nuevo registro creado por la Ley de Agentes Extranjeros. Esperan regresar, pero saben que no será pronto. “Nosotros no renunciamos a la idea de que las organizaciones de derechos humanos podrán un día operar en El Salvador. Pero hasta que eso sea posible, nos toca resistir desde fuera”, dice.

Ante la pregunta de qué mensaje deja este cierre forzado a la ciudadanía, Bullock es claro: “Uno debe poder decir que no está de acuerdo con la tortura, con los asesinatos en los centros penales, la corrupción, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, la persecución política y manifestarlo públicamente no debería significar que tengas que sufrir posiblemente estas consecuencias”, afirma.

Para él, lo que está en juego es el estándar mínimo de dignidad en una sociedad. “Esperamos que en un futuro nuestros hijos puedan defender sus ideas sin tener que arriesgarse a la cárcel o el exilio”, dice. 

Hace un llamado a la comunidad internacional que ha idealizado a Bukele como una figura moderna, cool y que aspiran a tener en diversos países. “El mundo tiene que mirar a El Salvador como un espejo. No son solo los salvadoreños los que se han dejado encantar con la propaganda de Bukele. Ese encanto permitió olvidar el pasado y lo que estamos viendo es el costo de ese olvido”.

“Las dictaduras de hoy no llegan en tanques. Llegan con mayoría legislativa, con corbata, con jueces obedientes y mucha propaganda digital. Pero siguen siendo dictaduras”, concluye su conversación con este medio. 

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