_{Foto: Carlos Alonzo}

Masaya aprovechó su llegada a la Torre de Tribunales para denunciar ante la prensa que el proceso en su contra es político y está vinculado a la derrota del grupo afín a Consuelo Porras en las elecciones del Colegio de Abogados. 

“Fue un claro mensaje para Consuelo Porras y sus allegados”, afirmó en relación a la victoria de la planilla 10 en las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), de la cual él es parte. “El gremio habló bastante claro: ya no quiere tener el yugo del Ministerio Público, esta ignorante inquisición que lo único a lo que se dedica es a criminalizar a actores políticos”, dijo.

Masaya subrayó que la derrota de la planilla afín al Ministerio Público (MP) demuestra el aislamiento progresivo de la Fiscal General. “Incluso las personas que supuestamente ellos tenían de su lado, que eran muchos abogados que están dentro del MP… es obvio que también hay una disidencia silenciosa que no se decantó por ellos de ninguna manera”, agregó.

La audiencia se suspendió debido a que aún no se ha resuelto una recusación planteada contra el juez Orellana. Masaya explicó que la vista pública sobre esta medida está programada para el martes 13 de mayo a las 10 de la mañana en la Sala Tercera.

Consultado por su situación legal, Masaya afirmó que su encarcelamiento tiene motivaciones políticas. “Son más de 100 días que llevo yo en prisión preventiva, criminalizado por un asunto en el que, para empezar, hay una reserva absoluta”, dijo. 

Añadió que esa restricción ha sido utilizada como una “herramienta de opacidad” y denunció que en este tipo de procesos el oscurantismo es la norma.

Masaya señaló que el objetivo de su criminalización era evitar que tomara posesión como prosecretario electo del CANG, pero aseguró que aún mantiene sus derechos civiles y políticos intactos. Aún no ha podido asumir el cargo para el cual fue electo, ya que su situación jurídica se encuentra “en suspenso” mientras se resuelve el proceso penal en su contra.

También hizo un llamado a estudiantes y profesionales para participar en las elecciones pendientes en la Universidad de San Carlos, que determinarán la integración del Consejo Superior Universitario, instancia con poder de designación para magistrados de la Corte de Constitucionalidad.