Ambos fueron aprehendidos en el marco de un proceso penal que, según la UE, podría evidenciar un uso instrumentalizado del sistema de justicia en Guatemala.

Mediante un comunicado oficial, la UE reiteró sus alertas previas sobre el uso indebido de mecanismos legales y procesales contra actores sociales, políticos y judiciales, incluyendo a funcionarios electos, periodistas, defensores de derechos humanos, operadores de justicia y autoridades indígenas.

La detención de Pacheco y Chaclán se dio luego de que el Ministerio Público (MP) los señalara por al menos cinco delitos, entre estos asociación ilícita y terrorismo.  

La UE llamó a las autoridades guatemaltecas, especialmente al Ministerio Público (MP) y al Organismo Judicial (OJ), a garantizar el respeto del debido proceso, la libertad de reunión pacífica y la integridad de las personas detenidas.

Además, el bloque europeo recordó que mantiene sanciones individuales contra cinco personas a quienes responsabiliza de acciones que habrían socavado el Estado de Derecho y el traspaso pacífico del poder. Entre esas personas está la fiscal general, María Consuelo Porras, y el secretario general del MP, Ángel Pineda.

La UE afirmó en su pronunciamiento que continúan observando de cerca cualquier hecho que amenace los principios democráticos y el Estado de Derecho en Guatemala. 

Amnistía Internacional también se pronunció por este caso, asegurando que protestar no es un delito y rechazando la persecución penal contra líderes indígenas. 

“Acusarlos de ‘terrorismo’ para castigar su rol en las protestas pacíficas de 2023 viola derechos humanos”, afirmaron.