La normativa fue aprobada el pasado 30 de septiembre después de que el diputado Edín de Jesús, de Viva, solicitara modificar la agenda. Originalmente, la ley indicaba que para todo proyecto de obra, industria o cualquier actividad comercial, era necesario un estudio de impacto ambiental, pero el congreso decidió excluir de ese requisito a algunos sectores. 

“Se exceptúan de la aplicación del presente artículo las actividades realizadas por instituciones benéficas, religiosas, los servicios profesionales individuales y las ventas de la economía informal que no emitan fluidos y gases contaminantes y sus desechos sólidos sean aceptados por su recolector de basura”, añadieron los diputados. 

La diputada oficialista, Victoria Palala, aseguró que lo que se había aprobado el pasado 30 de septiembre violentaba al menos nueve artículos constitucionales. Mientras que Karina Paz argumentó que hubo científicos, técnicos y cámaras que se pronunciaron en contra del decreto. 

“Quiero mencionar el listado de sectores y de expertos que se pronunciaron en contra de este decreto: la Gremial de Empresas de Reciclaje y Productos Ambientales, el conservacionista y experto ambiental Sergio Izquierdo, el CACIF, el Centro de Estudios de Conservacionistas, la Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos (Usac), la Facultad de Ciencias Químicas y de Farmacias de la Usac, la junta directiva del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala y otros que nunca fueron incluidos en esta discusión”, aseguró la diputada. 

Otros parlamentarios se expresaron en contra del veto porque aseguraron que la ley estaba enfocada en la realidad de Guatemala. La diputada Lucrecia Marroquín, de Valor, afirmó que el país tiene miles de pequeñas empresas que no pueden pagar un estudio de impacto ambiental como está legislado en la actualidad. 

“Se está arrinconando a toda la pequeña empresa que no puede pagar un estudio ambiental, a pagar mordidas para que se les dé su permiso de funcionar o también, cierran su empresa y pasan a la informalidad”, aseveró Palomo. 

Edín de Jesús, de Viva, quien inicialmente propuso excluir a iglesias e instituciones benéficas de cumplir con el estudio de impacto ambiental, aseguró que el veto del presidente Arévalo no especificó las inconstitucionalidades que tenía la ley. 

“Lamento mucho que algunos diputados, quienes aprobamos esta iniciativa de ley no seamos consecuentes y hoy votaron en favor del veto. Y debo decirlo, diputados que forman parte aún del bloque Viva votaron en contra de las iglesias, de la economía informal y de las instituciones benéficas del país”, afirmó de Jesús.