El Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y Abogados Sin Fronteras Canadá dieron a conocer este martes el contenido de la opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que se concluye que la detención del exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, es arbitraria y contraria a estándares internacionales de derechos humanos.
En una conferencia de prensa, las organizaciones señalaron que el Grupo de Trabajo determinó que Campo ha permanecido en prisión preventiva por más de dos años sin una justificación individualizada que sustente la medida, lo que vulnera el principio de presunción de inocencia, el derecho al debido proceso y a un juicio justo.
Como parte de sus conclusiones, el organismo recomendó al Estado de Guatemala liberar de inmediato al exfiscal, otorgarle una indemnización y otras medidas de reparación, además de investigar las circunstancias que dieron lugar a su detención.
El documento sostiene que la privación de libertad de Campo encuadra en las categorías I, II, III y V de detención arbitraria establecidas por el Grupo de Trabajo, al considerar que existe una falta de base legal para mantenerlo en prisión, que los procesos constituyen una represalia por el ejercicio de sus funciones como fiscal anticorrupción, que se han producido violaciones al debido proceso y que ha existido discriminación por su condición de exfiscal vinculado a investigaciones de corrupción.
Además, detallan que este caso se da dentro del contexto del deterioro de las condiciones para el ejercicio independiente de la justicia en Guatemala tras la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019. Según la opinión, desde entonces se observa un patrón de persecución y criminalización contra fiscales, jueces y otros operadores de justicia que participaron en investigaciones de alto impacto relacionadas con corrupción.
Asimismo, el Grupo de Trabajo señala que los procesos penales contra Campo se han desarrollado bajo reserva, limitando el acceso a la información y restringiendo su derecho a una defensa efectiva y a un juicio público. El caso también fue remitido a la Relatoría Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados para que dé seguimiento a la situación.
Los procesos contra Campo
Actualmente, Stuardo Campo enfrenta varias denuncias en investigación en el Ministerio Público, además de que hay al menos tres procesos que han sido judicializados.
El primero corresponde al caso Alfa Siete, por el delito de incumplimiento de deberes. Campo fue capturado el 26 de mayo de 2023 y, aunque en julio de 2025 fue absuelto por un tribunal, el proceso continúa debido a que la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal ordenó repetir el debate oral y público. Esa resolución aún se encuentra pendiente de un recurso de casación.
En el caso relacionado con el libramiento de Chimaltenango, la audiencia de primera declaración inició en 2024 y aún no concluye, por lo que la situación jurídica del exfiscal permanece sin definirse. La siguiente audiencia está programada para agosto de 2026.
El proceso con mayor actividad es el denominado caso Zolic, por el cual Campo fue detenido nuevamente el 1 de diciembre de 2023, señalado por los delitos de incumplimiento de deberes y denegación de justicia. En este expediente se decretó la reserva del caso, lo que ha limitado significativamente el acceso público a la información. La etapa intermedia permanece abierta desde febrero de 2026 sin que el juzgado haya emitido una resolución.
Para CALDH y Abogados Sin Fronteras Canadá, la opinión del Grupo de Trabajo constituye un pronunciamiento internacional que evidencia que el caso de Campo se enmarca en un patrón de utilización del sistema penal contra exoperadores de justicia que investigaron casos de corrupción, una práctica que afecta la independencia judicial y el Estado de derecho en Guatemala, sostienen las organizaciones.
