El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA) declaró arbitraria y contraria al derecho internacional la detención de la abogada Claudia González Orellana, y concluyó que esta formó parte de una práctica sistemática de represalias por el ejercicio legítimo de su profesión.
Opinión del organismo internacional señala que el exjefe de la Fiscalía Contra la Corrupción ha permanecido en prisión preventiva durante dos años sin una justificación que amerite la medida.
