La conclusión está contenida en la opinión 28/2026 que fue dada a conocer por González, su equipo de abogados y la organización Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC) en una conferencia de prensa.
En el documento, se exige al Estado de Guatemala realizar una investigación exhaustiva e independiente sobre la privación arbitraria de libertad, determinar responsabilidades, procesar y, de ser necesario, sancionar a los responsables, además de reparar a González por las violaciones sufridas.
González fue detenida el 28 de agosto de 2023 y acusada de abuso de autoridad, un delito que, según el GTDA, no era aplicable porque ella no era funcionaria pública. El organismo consideró que la detención tuvo relación con su labor como abogada y, particularmente, con su solicitud para retirar la inmunidad de la entonces magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling.
El Grupo de Trabajo también estableció que la primera declaración de González comenzó nueve días después de su detención y concluyó 26 días después, incumpliendo el plazo constitucional de 24 horas, además, determinó que fue enviada a prisión preventiva sin sustento legal.
El proceso, según la resolución, estuvo marcado por suspensiones y demoras injustificadas, restricciones ilegítimas a la publicidad de las audiencias, negativa de acceso al expediente y una recusación contra el juez que tardó cinco meses en resolverse, por lo que se concluyó que las autoridades judiciales no garantizaron la independencia e imparcialidad del proceso.
Patrón de persecución
El GTDA ubicó el caso dentro de un patrón de criminalización contra periodistas, defensores de derechos humanos, fiscales y operadores de justicia en Guatemala. Identificó prácticas recurrentes como denuncias improcedentes, expedientes bajo reserva, uso de tipos penales ambiguos, resoluciones judiciales sin suficiente motivación y persecución contra abogados defensores de personas criminalizadas.
Por estos hechos, determinó que la detención fue arbitraria bajo cuatro categorías: por la falta de motivación de la orden de captura, la aplicación de un delito que no correspondía a González y el incumplimiento de los plazos legales; por el vínculo entre su detención y su trabajo como mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); por las graves violaciones al debido proceso; y por responder a un patrón discriminatorio contra periodistas, operadores de justicia, defensores de derechos humanos y personas vinculadas con la lucha contra la corrupción y la impunidad.
En sus conclusiones, el GTDA también citó las preocupaciones de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados tras su visita a Guatemala en 2025.
La organización ASFC consideró que la resolución es una herramienta para exigir respuestas por la persecución política impulsada por anteriores autoridades del Ministerio Público contra defensores de derechos humanos, jueces, fiscales y otros operadores de justicia. También señaló que el reconocimiento de este patrón evidencia que el proceso contra González fue una represalia.
Señalamientos y denuncias
En la conferencia de prensa, González hizo señalamientos contra los responsables de su detención arbitraria y señaló directamente al exfiscal del Ministerio Público (MP), Noé Rivera; así como al juez del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Jimi Bremer; los integrantes de la Sala Primera y la Sala Segunda de Apelaciones, además de los miembros del Consejo de la Carrera Judicial.
González aseguró que esto evidencia un patrón de criminalización y aseguró que tomará las medidas necesarias por esta situación. “Estoy en mi derecho de interponer aquellas denuncias y querellas sobre la base de mi propia experiencia”, comentó.
