Comisión de Postulación para el Ministerio Público cierra plazo para recibir pruebas de descargo 

Walter Brenner Vasquez y Consuelo Porras Argueta fueron los últimos postulantes en hacer llegar sus pruebas de descargo en el proceso para integrar la nómina para fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).

Jasmin López

marzo 23, 2026 - Actualizado marzo 24, 2026
Foto: Carlos Alonzo

Henry Alejandro Elías Wilson, Marco Antonio Cortez Sis, Carlos Humberto Rivera Castillo, José Manuel Quinto Martínez, Walter Brenner Vásquez y Consuelo Porras son los postulantes que enfrentan señalamientos de la sociedad civil. 

La fiscal general Porras es quien recibió más, con un total de 33 objeciones, seguida por Elías Wilson con tres. Esto a pesar de que el período para presentar las tachas fue de solo tres días, mientras que los señalados tuvieron siete días para elaborar sus pruebas (del martes 17 de marzo al lunes 23).

Sin embargo, un bloque de los comisionados –conformados por Claudia Paredes, Henry Arriaga, Donald Cuevas y Alicia Franco Flores– lograron eliminar la mayoría de las tachas contra Porras, dejando solo 13, redactadas por nueve personas. 

Aun así, los documentos enviados por Porras son tan numerosos que requirió una maleta completa para transportarlos. Como lo ha hecho a lo largo de este y otros procesos de postulación, la funcionaria realizó esta diligencia por medio de una intermediaria. 

El martes 24 de marzo, a partir de las 14:00 horas, las y los comisionados revisarán los documentos y decidirán si aceptan o no las pruebas de descargo. En caso de no ser aceptadas las tachas, no necesariamente implican la exclusión de los candidatos, explica la investigadora María del Carmen Peláez, en una columna publicada por la organización civil Diálogos. 

Este mismo día se realizará la prueba psicométrica a los postulantes en la Universidad del Valle de Guatemala.

Los señalados 

Las objeciones contra Henry Alejandro Elías Wilson mencionan su implicación dentro del caso Comisiones Paralelas y su intento de destituir al exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas –lo cual es interpretado como un intento de debilitar esta institución por las asociaciones que presentaron los documentos–. Es señalado también por practicar exhibiciones personales y otorgar amparos a favor de acusados por corrupción y violaciones a los derechos humanos. 

Marco Antonio Cortez Sis enfrenta una tacha por supuestamente haber iniciado un proceso penal basado en una denuncia falsa en contra de un ciudadano, quien fue declarado inocente. 

Carlos Humberto Rivera Castillo recibió una tacha por su participación en el caso Comisiones Paralelas. Según la investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rivera habría negociado la magistratura que ocupó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

José Manuel Quinto Martínez es señalado por ejercer la defensa de personas acusadas por lavado de dinero, femicidio y secuestro.

La tacha contra Walter Brenner Vásquez señala una investigación en su contra por los delitos de falsedad material e ideológica, obstrucción de justicia, conspiración para la obstrucción de justicia y colusión. Como prueba, la persona que presentó la tacha incluyó un amparo que la CSJ denegó a Vásquez, con fecha del 3 de junio del 2025, el cual revoca una sentencia a su favor en el proceso.

Aunque no dio detalles, Vásquez adelantó que utilizó para su defensa un acta de declaración presentada ante el Ministerio Público y un dictamen psiquiátrico.

Consuelo Porras recibió tachas por criminalizar a los estudiantes que participaron en protestas contra el rector de la Usac, Walter Mazariegos. También, por plagiar la tesis con la que obtuvo su doctorado en Derecho, por criminalizar a los líderes indígenas Héctor Chaclán y Luis Pacheco y por su gestión al frente del MP, en la que emprendió acciones señaladas como antidemocráticas. 

Nueve de las objeciones admitidas por la Comisión de Postulación fueron enviadas por el exfiscal Juan Francisco Sandoval. Entre estas menciona la intervención indebida de la fiscal en operativos de la Policía Nacional Civil, actos irregulares en el despacho del MP y su interferencia en investigaciones para beneficiar al empresario Ricardo Méndez Ruiz.

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