El Colectivo Tz’unun Ya’, la Red de Mujeres Ixoqib Noj, la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social de Occidente, Articulación Chimaltenango, Acción Ciudadana, Alianza por las Reformas, la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Quetzaltenango. También la Asamblea Departamental Multisectorial de Quiché, las Comisiones Ciudadanas de Transparencia y Probidad de Quetzaltenango, y la Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia entregaron a la Comisión de Postulación un listado de objeciones contra 12 de los 49 candidatos que continúan en la elección por la jefatura del MP.

Las organizaciones indicaron que con esta acción buscan visibilizar los antecedentes de los aspirantes señalados y someterlos a la evaluación de los integrantes de la postuladora, ‘’para que no puedan decir que no sabían quiénes son estos candidatos’’, expresaron, por medio de un comunicado. 

‘’Hemos documentado casos en los que los requisitos constitucionales (de idoneidad y reconocida honorabilidad) no se cumplen, lo cual pone en riesgo la independencia del sistema de justicia de nuestro país’’, informó una de las representantes. 

Demandaron a la Comisión de Postulación no incluir en la nómina final a las personas señaladas y priorizar la ética y el desempeño profesional de los candidatos y candidatas por sobre los años de ejercicio, como fue establecido en la tabla de gradación. 

Esta herramienta ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por otorgar la mayoría de la calificación (70 puntos) a la experiencia profesional. Exigieron además que los integrantes de la postuladora hagan un pronunciamiento público en la evaluación de tachas, con el objetivo de que justifiquen su respaldo o rechazo a los candidatos. 

La defensora de derechos humanos  Nanci Chiriz Sinto y el activista Sergio Morataya también acudieron a entregar señalamientos contra Consuelo Porras. Durante el gobierno de Alejandro Giammattei, en el año 2022, el MP sometió a Chiriz Sinto a un proceso penal por ejercer su derecho a la protesta en contra del presupuesto estatal.

Mientras que Morataya enfrenta una persecución penal por manifestarse en contra de la usurpación de la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). 

Los señalados

Consuelo Porras, actual fiscal general, recibió tachas de Acción Ciudadana, el Colectivo de Occidente, la Asamblea Departamental de Quiché, la Red Nacional de Comisiones, el periodista Jose Rubén Zamora, Nanci Sinto y Sergio Morataya, por su contribución al debilitamiento del sistema de justicia al trasladar o destituir a 105 fiscales entre el 2021 y el 2025. Además, por la criminalización de alrededor de 170 operadores de justicia, defensores de derechos humanos y estudiantes; y por estar vinculada –según denuncias recientes– a una red de adopciones ilegales.

Una segunda tacha fue presentada por las organizaciones debido a las sanciones internacionales impuestas a la fiscal, que la exponen como un actor corrupto y antidemocrático.

La Comisión de Transparencia y Probidad de Quetzaltenango, Articulación Chimaltenango y  la Organización Multisectorial de Occidente señalaron a los candidatos Miguel Estuardo Ávila Vásquez, secretario contra la corrupción; César Isaac Payes Reyes, asesor del MP; y Abdi Ariel Guerra Guzmán, jefe de la Dirección de Análisis Criminal, de pertenecer al círculo cercano de Porras y respaldarla en sus acciones.

Alianza por las Reformas señaló a Paolo Rubén Similox Valiente, exfiscal del MP y actual magistrado suplente, por intentar clausurar la investigación por la tragedia del Cambray II, en la que murieron 280 personas. Esto provocó el despido de Similox, quien estaba a cargo del caso.  

La asociación, junto a la Red Nacional Anticorrupción y la Red Multisectorial de Quiché, presentó también tres tachas en contra del magistrado de la Sala de Apelaciones Henry Alejandro Elías Wilson, por haber formado parte de la red conocida como Comisiones Paralelas, por buscar la destitución del ex Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas y por amparar a personas acusadas de violaciones a los derechos humanos. Un señalamiento más contra Silvia Lucrecia Villalta Martínez por su desempeño deficiente en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 

El exmagistrado Carlos Humberto Rivera Castillo está implicado en el caso Comisiones Paralelas. Habría logrado su magistratura en la Corte Suprema de Justicia por medio de acuerdos ilícitos, según la investigación realizada por la FECI.  Articulación Chimaltenango presentó esta tacha.

El abogado José Manuel Quinto Rodríguez ha ejercido la defensa del expresidente Alfonso Portillo, quien fue sentenciado por lavado de dinero. También fue defensor de los implicados en la desaparición del cantante Zoel Cruz y del femicida Byron Vargas Sosas, condenado a 90 años de prisión por el asesinato de tres menores de edad. 

Como juez penal de Cuilapa, Santa Rosa, Amilcar Enrique Colindres Hernández ha protegido a sindicados por lavado de dinero y narcotráfico, entre ellos el fiscal Carlos de León Argueta y Waldemar Lorenzana. 

Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos recibió una tacha de la Asamblea Multisectorial por ser una de las principales protectoras de acusados por corrupción. Como magistrada y jueza, benefició a implicados en casos de alto impacto, entre ellos el caso IGSS-Pisa, Caja de Pandora y otros. Desde que asumió como jueza de la Junta de Disciplina Judicial, se han archivado 110 denuncias en contra de jueces sancionados internacionalmente, indicaron las asociaciones firmantes. 

El magistrado Walter Paulino Jiménez Texaj restituyó a Jorge Mondal –quien está incluido en la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos– en la presidencia del Banco de los Trabajadores, señaló Articulación Chimaltenango.

Las ciudadanas Eleonora Muralles Pineda, María Eugenia Solís García y Ana Margarita Castillo Chacón añadieron otras a la larga lista de objeciones presentadas contra Porras.

Señalaron que ha desmantelado e instrumentalizado la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, ha obstruido investigaciones en casos de corrupción para proteger a aliados políticos y socavó el Estado de Derecho con estas acciones.

‘’Sería una afrenta al pueblo de Guatemala que la señora pudiera solo aparecer en el listado’’, dijo Margarita Castillo. ‘’Rogamos y exigimos a los decanos de las universidades que cumplan su rol y revisen detenidamente las tachas’’, concluyó.