Señalan que los procesos de elección de fiscal general y Corte de Constitucionalidad (CC) evidenciaron la captura del sistema de justicia y proponen una reforma integral para reemplazar o fortalecer el mecanismo vigente.
Varias organizaciones anunciaron que el próximo miércoles 22 de abril se realizarán movilizaciones desde cuatro puntos de la ciudad de Guatemala por la situación actual que atraviesa la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) ante la imposición de Walter Mazariegos como rector y también por el proceso de elección de fiscal general.
La fiscal general copió y pegó la prueba de descargo enviada a los comisionados en el proceso pasado, donde advierte que se abstengan de revisar la tesis que la señalan de haber plagiado.
Integrantes de la Comisión de Postulación para fiscal general del MP rechazaron 28 de los 33 señalamientos presentados contra la fiscal Consuelo Porras.
La Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado Interno (CAI) y autoridades indígenas presentaron dos tachas más contra la fiscal general Consuelo Porras, quien continúa en el proceso para optar a un tercer mandato.
La activista Naci Chiriz Sinto, el estudiante Sergio Morataya y diez organizaciones civiles, campesinas y de mujeres provenientes de varios territorios del país se presentaron al Palacio de Justicia, en la ciudad de Guatemala, para exigir que Consuelo Porras y otros postulantes con señalamientos por corrupción no sean tomados en cuenta para dirigir el Ministerio Público (MP).
Con esta acción, las y los diputados electos por el bloque Semilla buscan evitar que la Comisión de Postulación posicione a Consuelo Porras entre los seis candidatos finales, de los cuales el presidente Bernardo Arévalo deberá elegir a un nuevo fiscal general.
El magistrado titular Roberto Molina Barreto, quien busca su quinta reelección en la Corte de Constitucionalidad (CC), ha favorecido a narcotraficantes y personas vinculadas al crimen organizado con sus resoluciones, señalan autoridades de los pueblos indígenas mayas.
El Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) envió cartas a los presidentes de la República, del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que eviten elegir a aspirantes con sanciones internacionales que hayan criminalizado o utilizado maliciosamente las instituciones.
En un tercer intento por continuar con un puesto en el Estado, la fiscal general Consuelo Porras Argueta envió su expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el último día de la convocatoria para candidatos a magistraturas titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).
