El Panel de Personas Expertas Independientes para Guatemala (PEI-GT) recomendó abrir un proceso de reforma integral del sistema de elección de las máximas autoridades del sector justicia y evaluar la sustitución del modelo de Comisiones de Postulación, al considerar que el mecanismo perdió su capacidad de garantizar procesos independientes y basados en méritos.

En su informe final sobre la elección de fiscal general y magistrados de la CC, el Panel reconoce que las Comisiones de Postulación fueron creadas para reducir el control político sobre el sistema de justicia y ampliar la participación ciudadana. Sin embargo, concluye que ese objetivo se desvirtuó con el paso de los años.

“La motivación detrás del modelo no era mala, fue un gran intento por democratizar las elecciones de segundo grado y ampliar la participación ciudadana, pero su implementación se fue pervirtiendo cada vez más por actores corruptos y antidemocráticos”, señala el documento. Agrega que el sistema “fue cooptado por intereses corrupto-político-económicos”, lo que derivó en la manipulación de universidades, la politización de los nombramientos e incluso la penetración del crimen organizado. 

El PEI-GT también cuestiona la integración de las propias comisiones. A su juicio, no existen mecanismos eficaces para garantizar la honorabilidad de quienes toman las decisiones y advierte que “si no se asegura la probidad de quienes eligen, difícilmente el resultado de la elección será bueno”. 

A partir de ese diagnóstico, el Panel considera indispensable replantear el modelo. “Tiene que haber una profunda reflexión producto de un amplio debate nacional, sobre la necesidad de efectuar un cambio de sistema de elección de autoridades de las altas cortes y fiscalía general, y que se valore si es necesario sustituir o reforzar de otra manera el actual modelo de Comisiones de Postulación, totalmente agotado y profundamente desprestigiado y pervertido, lo que afecta la legitimidad de sus resultados”, sostiene el informe. 

Hallazgos

Además de cuestionar el modelo de postulación, el informe identifica una serie de problemas estructurales que, según el Panel, afectaron ambos procesos de elección.

Entre ellos, señala que el marco normativo es insuficiente y permite amplios márgenes de discrecionalidad para interpretar los requisitos legales, lo que facilita decisiones influenciadas por intereses políticos y no por criterios técnicos. El documento sostiene que la normativa vigente ha permitido la “perversión del sistema diseñado originalmente” mediante interpretaciones alejadas del sentido de la ley. 

El PEI-GT también concluye que las tablas de gradación y los instrumentos utilizados para evaluar a los aspirantes fueron inadecuados. Afirma que la Comisión de Postulación para Fiscal General contó con amplia discrecionalidad para diseñar los mecanismos de evaluación, pero “esto no ocurrió así”, debido a la ausencia de un perfil claro sobre las cualidades personales, éticas y profesionales que debía reunir quien dirigiera el Ministerio Público. 

Asimismo, el informe sostiene que durante el proceso persistieron intentos para favorecer determinadas candidaturas. El Panel menciona que hubo esfuerzos de algunos comisionados para incluir en la nómina final a la entonces fiscal general Consuelo Porras, “pese a su notoria falta de solvencia ética”, aunque considera que la decisión final del presidente Bernardo Arévalo permitió un resultado valorado positivamente por distintos analistas. 

El documento también identifica la existencia de conflictos de interés, prácticas de criminalización contra operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, el uso abusivo de acciones de amparo para influir en los procesos de selección y una crisis institucional en la Universidad de San Carlos, factores que, según el Panel, debilitan el Estado de derecho y afectan la independencia judicial. 

Pese a esas observaciones, el PEI-GT reconoce algunos avances, como una mayor participación ciudadana, la transparencia en la elección de representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la publicidad de las entrevistas realizadas por la Comisión de Postulación para fiscal general y la comunicación pública del presidente sobre los criterios utilizados para efectuar los nombramientos. 

Recomendaciones

El Panel propone impulsar “un proceso de reforma integral del modelo de selección de altos funcionarios del sistema de justicia”, mediante una comisión técnica de alto nivel y una amplia consulta nacional con operadores de justicia, academia, pueblos indígenas, sector privado y otros actores. 

Como parte de esa reforma, plantea que la revisión del sistema “debe contemplar su posible reemplazo por procesos de selección que, reconociendo el carácter político de las decisiones para la conformación del tribunal constitucional y la fiscalía general, apuesten por mecanismos de coordinación y de control –frenos y contrapesos–, en lugar de involucrar a casas de estudios superiores en funciones impropias de sus fines”. 

Si el país decide mantener el modelo actual, el PEI-GT recomienda establecer una reglamentación permanente que defina con precisión los instrumentos de evaluación, fortalezca la transparencia, reduzca la discrecionalidad y establezca mecanismos para evitar la cooptación política o corrupta de los órganos electores. 

También propone delimitar claramente los requisitos para optar a los cargos, evitar que las reglas cambien durante los procesos de elección, prohibir la reelección de quienes ocupen altas magistraturas o la fiscalía general, escalonar la renovación de la CC y fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas.