Las críticas por tomar ideas y párrafos enteros del trabajo de otra persona persiguen a Consuelo Porras desde el 2021, cuando el doctor en filosofía Marco Fonseca hizo público que la fiscal general habría cometido plagio en la tesis con la que obtuvo su doctorado en Derecho. 

Este fue uno de los señalamientos que recibió cuando se postuló para fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) en el 2022. En esa ocasión, la defensa que envió a la Comisión de Postulación incluyó también una amenaza para sus integrantes.

En el proceso en curso, en el que Porras busca una segunda reelección, envió una carta casi idéntica como prueba de descargo, incluso con el mismo error gramatical que cometió en el documento anterior, donde acusa a los comisionados de querer ‘’abrogarse’’ facultades que, según ella, corresponden a los órganos jurisdiccionales. La palabra correcta es “arrogarse”, según la Real Academia Española.

Porras advierte otra vez que verificar las evidencias enviadas por la diputada Andrea Reyes –quien presentó esta tacha– supondría una violación a sus derechos de presunción de inocencia, debido proceso y derecho de defensa.

‘’Cualquier revisión que efectúe la comisión a cualquier trabajo de tesis doctoral supondría una intromisión a los procedimientos administrativos para revisión de trabajos de graduación elaborados y aprobados  por las distintas casas de estudios superiores’’, indica la funcionaria. 

Recalca que su tesis ya fue aprobada por la Universidad Mariano Gálvez sin objeción alguna, y que una denuncia por este supuesto plagio ya fue interpuesta ante el Procurador de los Derechos Humanos (en el 2022), sin llegar a una sentencia. 

Señala además que únicamente el licenciado Benigno Ramírez Choc (quien escribió la tesis original, ya fallecido) o sus sucesores tienen la facultad para emprender acciones en su contra. Sin embargo, en el documento, Porras no niega expresamente el plagio, sino que se limita a declarar que esta posible violación a los derechos de autor de Ramírez ‘’no se ha establecido’’.

Bajo estas justificaciones, Porras amenaza a la postuladora con que investigar esta acusación entraría en conflicto con el orden jurídico de Guatemala, ‘’pudiendo inclusive derivar en responsabilidades administrativas y legales para los integrantes de la comisión’’.

Comisión admitió la prueba

Porras finalizó la carta solicitando al decano de la Universidad Mariano Gálvez, Luis Antonio Ruano, que se abstenga de pronunciarse por existir un posible conflicto de intereses en este asunto. 

La defensa fue admitida con el voto casi unánime de la comisión en la revisión de pruebas de descargo realizada el 24 de marzo. Únicamente Ruano se abstuvo de votar, como lo ha hecho con este y otros señalamientos que mencionan el trabajo de tesis de Porras.