En la carta, las gremiales de transporte expresan su “profunda preocupación” por la ley aprobada por el Organismo Legislativo, al considerar que fue una propuesta que se aprobó de manera apresurada. En ese sentido, pidieron al mandatario escuchar más opiniones para la toma de mejores decisiones y así impulsar otras propuestas que mitiguen la situación por los precios de los combustibles. 

“Solicitamos formalmente que haga uso de su facultad constitucional de veto y no sancione dicho decreto”, indicaron los transportistas en la carta dirigida al presidente Arévalo. 

En la misiva, los transportistas presentaron una propuesta formal que busca frenar la carga económica que representan los altos precios de los combustibles para la población guatemalteca. El documento solicita la intervención estatal para liderar acciones de mitigación inmediata ante las constantes alzas de los carburantes.

Entre las opciones planteadas destaca la suspensión temporal por seis meses del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y los aranceles de importación a los combustibles. Como alternativa, se sugiere un subsidio directo al consumidor de Q15 por galón de diésel y Q7 para la gasolina súper y regular.

“Este beneficio debe ser entregado directamente al consumidor final por medio del Ministerio de Economía, acreditando la transferencia a cada persona mediante su Número de Identificación Tributaria (NIT) y el número de placa de su vehículo, el cual debe estar vigente y registrado en el Registro Fiscal de Vehículos (RFV), a través de un mecanismo que implemente la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)”, indicaron en la carta. 

Además en la propuesta se incluye la creación de un Fondo de Compensación Permanente mediante una iniciativa de ley, que se trata de una herramienta que busca evitar futuras crisis económicas provocadas por la volatilidad en el mercado internacional de los combustibles. 

La ley aprobada y bloqueos

El Congreso aprobó establecer un precio tope a los combustibles, los cuales quedaron en Q39 por galón para el diésel y la gasolina regular, mientras que para la gasolina superior quedó en Q41. 

Con dicha ley, también se estableció un fondo de Q2 mil 500 millones para cubrir la diferencia de esos precios con la diferencia que se derive de los precios internacionales de los combustibles. Se trata de una propuesta que estará vigente hasta finales de año, pero podría dejar de tener vigencia antes, dependiendo de la disponibilidad de los recursos asignados.

A pesar de la aprobación de esta ley, los bloqueos se han registrado durante cuatro días consecutivos, en los cuales se pide al Ejecutivo y al Legislativo acciones para frenar el alza en los precios de los combustibles. 

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) reportó varios puntos bloqueados a nivel nacional. Entre esos bloqueo se han registrado en en Cuyotenango, Suchitepéquez, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla; Río Hondo, Zacapa; Esquipulas Palo Gordo; San Marcos; así como en Cenma, Zona 12 y el Centro Histórico de la zona 1 en la ciudad de Guatemala. 

Un bloqueo que se había realizado en San Vicente Pacaya, Escuintla, fue liberado tras la intervención de antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC). 

Varias cámaras empresariales han expresado su rechazo a los bloqueos y han solicitado a las autoridades actuar de inmediato para liberar esos puntos.