Lo dijo Gisell Boza, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica (UCR): “La investigación rigurosa es posible solo cuando se garantiza el libre intercambio de ideas”.  El pasado 2 de septiembre, la Universidad de Costa Rica (UCR) llevó a cabo la Conferencia Defender la verdad: El periodismo frente a la censura y la desinformación.

Ilka Treviño, representante del Consejo Universitario de la UCR destaca que en los últimos años se ha observado un deterioro de las condiciones políticas y sociales para participar de manera libre y desinhibida en el debate público.

“Paradójicamente en una época en la que tenemos más posibilidades para comunicarnos también observamos una creciente tendencia hacia la autocensura, motivada por los riesgos que puede implicar expresar una opinión en los espacios de la conversación pública”, refiere Treviño.

La académica resalta que los discursos estigmatizantes divisivos provenientes de distintos liderazgos y altas autoridades gubernamentales y desinformación pueden crear un ambiente de confrontación y violencia.

Treviño explica que los resultados de encuestas realizadas por la UCR son señal de alerta. Siete de cada 10 costarricenses entrevistados dicen que la libertad de expresión está en riesgo, más de la mitad creen que hay censura y una proporción similar reconoce haber dejado de expresar sus opiniones en redes sociales por temor a consecuencias en su trabajo o vida cotidiana. “La libertad de expresión está garantizada en la constitución, pero no en la vida cotidiana”, dice.

“Debemos defender los derechos humanos e institucionalidad democrática, especialmente cuando las condiciones empiezan a debilitarse”, puntualiza.

José Carlos Zamora Marroquín, director regional del Comité de Protección para Periodistas (CPJ) resalta que esa organización documentó 129 periodistas y trabajadores de medios muertos en 2025 en distintas regiones, el año más letal desde que CPJ comenzó a recopilar estos datos hace más de tres décadas. Destaca además que, al finalizar el mismo año, al menos 330 periodistas permanecían encarcelados en el mundo por ejercer su profesión.

Zamora asegura que la forma en que la censura se ha sofisticado. “Ya no siempre llega un soldado a cerrar una redacción, ya no siempre aparece un censor para decir: “esto no se puede publicar”. Ahora la censura puede llegar vestida de legalidad. Puede llegar como una auditoría, como una investigación fiscal, como una demanda, como el retiro de publicidad pública, como presión sobre anunciantes privados, como una campaña coordinada de desprestigio, como acoso digital, como una acusación penal, como una orden de captura o como una prisión”.

Refiere que ahora esto sucede bajo el disfraz de aparentes democracias y Estados de Derecho y el patrón se repite de país en país. “El periodista deja de ser visto como alguien que hace preguntas incómodas y empieza a ser presentado como un enemigo público”. Tenemos que aprender una lección fundamental de los países donde la libertad de prensa ya ha sido destruida o severamente debilitada: cuando llega la crisis, es demasiado tarde para empezar a prepararse. Los protocolos de seguridad no pueden escribirse después de la primera amenaza. La defensa legal no puede comenzar cuando el periodista ya está esposado”, alerta el director de CPJ.